Con justa razón, los habitantes de las comunidades de San Agustín, San Sebastián y Guadalupe Etla, del estado de Oaxaca, están indignados. Sin previo aviso, se comenzó a construir el año pasado una planta almacenadora y distribuidora de gas LP en terrenos de una pequeña congregación: La Capellanía. Pero dichas instalaciones constituyen un peligro pues se localizan a poca distancia de donde viven 65 familias y funcionan varios talleres dedicados al procesamiento de madera, amén de que cerca pasan los cables de la energía eléctrica. Los quejosos no se explican cómo diversas instancias oficiales permitieron edificar esa planta y demás instalaciones complementarias, cuando aún se recuerdan (a lo mejor los funcionarios no) las tragedias de San Juanico, donde murieron cientos de personas por la negligencia oficial que permitió que las unidades donde se almacena gas fueran rodeadas de zonas habitacionales y servicios varios.

Negligencia o algún interés ``oscuro'' cobija la construcción de esta planta con capacidad para almacenar 250 mil litros de gas LP, además de los sistemas para distribuirlo por medio de tanques cilíndricos y por las llamadas ``pipas''. Así se explica que la empresa Milenium SA de CV, dueña del negocio citado, no realizara, entre otros, el estudio previo indispensable para edificar la planta descrita: el de impacto ambiental, con la finalidad de ver si reúne los requisitos que eviten el deterioro del medio. Tampoco se apegó a lo que señala la Norma Oficial Mexicana expedida por la Secretraría de Energía y que regula la construcción y posterior funcionamiento de las plantas almacenadoras y distribuidoras de gas LP.

Ante el silencio mostrado por las dependencias locales, estatales y federales, que deben aprobar construcciones como las descritas, los pobladores de La Capellanía tuvieron que recurrir en busca de protección a las instancias judiciales, logrando que el juzgado segundo de distrito de la ciudad de Oaxaca dictara la suspensión de las obras. Pero esta medida fue ignorada por los dueños de la negociación, que también violaron la clausura hecha a las instalaciones de la planta por la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: los trabajos continuaron al grado de que ahora prácticamente se encuentra terminada la unidad almacenadora y con los equipos necesarios para echarla a funcionar y distribuir el combustible. Ante tanta impunidad, a los alarmados vecinos les quedó claro que en este asunto todo huele mal, y no propiamente por tratarse de gas LP, sino por la corrupción y la complicidad imperantes, que impiden observar normas muy precisas relativas al almacenamiento y distribución de energéticos, cuidado del ambiente y prevención de desastres.

Hace justamente dos meses, el patronato que defiende la riqueza cultural y natural de Oaxaca, y que preside el maestro Francisco Toledo, pidió por escrito a la maestra Julia Carabias Lillo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, su valiosa intervención a fin de que personal de la dependencia a su cargo realizara el estudio de impacto ambiental no efectuado por la empresa antes de iniciar las obras en La Capellanía. Y hace una semana, los dirigentes de las comunidades afectadas solicitaron también a la maestra tome las medidas que están dentro de sus atribuciones, a fin de evitar otra violación más a la Ley General del Equilibrio Ecológico y evitar tragedias como las que han enlutado cientos de hogares en varias partes del país.

Pero atender oportunamente las peticiones anteriores no compete sólo a la dependencia responsable de cuidar el ambiente: otras más están obligadas a garantizar la seguridad de la población y el cumplimiento de la ley. Algo que no se ha hecho hasta hoy, si nos atenemos a lo que sostienen las comunidades oaxaqueñas.