Injustas y de mala fe, las acusaciones en mi contra, afirma Merino García

Reclama Manuel Merino apego a la ley en su proceso

Señora directora: Agradeceré la publicación de la siguiente.

Al C. Ing. Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano,
Jefe de Gobierno del DF;
A la opinión pública:

Luego de casi 25 años dedicados al servicio público me veo envuelto en un penoso incidente que pone en entredicho mi honorabilidad, le roba la tranquilidad a mi familia y, en suma, amenaza con destruir mi vida.

Por la prensa escrita me entero que la Contraloría General de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal ha resuelto inhabilitarme para ocupar cargos públicos en la administración local por 20 años y me ha impuesto una multa por 235 millones de pesos, hecho que a la fecha no me ha sido notificado. Los periódicos señalan, además, que se pretende ejercer acción penal en mi contra.

La resolución de la Contraloría capitalina constituye un acto de evidente mala fe, que no repara en el daño y desprestigio que nos causan a mi familia y a mi persona, ya que sin haber considerado todos y cada uno de los elementos que obran en el expediente, emitieron una resolución injusta e improcedente de haberse apegado a derecho.

El asunto de que se me acusa, la falta de comprobación adecuada de 80 millones de pesos, forma parte de un procedimiento administrativo iniciado en mayo del presente año y que aún se encuentra en litigio.

En el curso del mismo ofrecí como prueba de mi honesto desempeño en la Oficialía Mayor del DDF la copia certificada del acta de entrega-recepción de dicho encargo, que incluyó, entre otros documentos que se anexaron, la debida comprobación de todos los gastos objeto de la condena que, en mi contra, ha emitido la Contraloría.

Esa acta de entrega-recepción fue firmada de conformidad, luego de una rigurosa inspección física para comprobar la veracidad de lo que en ella se asentaba, por el nuevo titular de la Oficialía Mayor y por un testigo designado por él. La ley otorga a quien recibe una oficina, un plazo de 30 días para impugnar el contenido del acta de entrega-recepción y sus anexos. Las autoridades entrantes jamás juzgaron necesario hacerlo. Ahora, meses después, resulta que la comprobación de los gastos no aparece.

Por si eso fuera poco, en el curso del procedimiento administrativo el juez décimo de distrito en materia administrativa otorgó la suspensión definitiva instruyendo a la Contraloría para que dejara de actuar en el expediente respectivo, no obstante que no se ha resuelto el fondo en el amparo al día de hoy, se siguió actuando en mi perjuicio.

A la desconfianza que me inspira la mala fe con que ha procedido la Contraloría, no puedo sino considerar la evidencia de una actuación fuera de toda proporción y del hostigamiento en lo personal y a terceros por parte de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en casos recientes de denuncias contra funcionarios de la anterior administración de la ciudad. Es por ello que he decidido defenderme por los cauces jurídicos que establece la ley, pero tomando las providencias necesarias para evitar una posible aprehensión injusta que implicaría un sufrimiento adicional para mi familia.

No obstante que a la fecha no he sido notificado en los términos de ley, para conducir de mejor manera mi defensa, y evitar un trastorno a las actividades de la dependencia en que presto mis servicios, he decidido solicitar licencia, sin goce de sueldo, al cargo de oficial mayor de la Secretaría de Turismo.

Para cualquier persona bien intencionada que me conozca a mí, a mi esposa o a mis hijos le habrá resultado ridículo enterarse que se me acusa de haber dispuesto de cantidades estratosféricas que sólo en fines institucionales se explican y justifican su destino. Para quienes no me conocen y para la opinión pública manifiesto que tal y como lo hice año con año y en cada ocasión que cambié de situación laboral, presenté mis declaraciones patrimoniales; en ellas consta claramente forma, montos y tiempos en que he adquirido mis bienes, todo de una manera legítima y transparente. Nunca se podrá comparar el patrimonio que he ido haciendo a lo largo de mi vida, con las cantidades materia de la acusación.

Una fortuna de 80 millones de pesos no puede ser ocultada ni tampoco puede creerse que haya dispuesto de esas cantidades de dinero, de no ser para y en ejercicio de los fines para los que estaban previstos esos recursos. Sólo con finalidad política puede entenderse una acusación de esta naturaleza.

Reitero mi fe en el estado de derecho y en la justicia impartida por el Poder Judicial, integrado por personas honorables, al final estoy seguro que la verdad prevalecerá.

Manuel Merino García, ex oficial mayor del DDF