El tema se había vuelto trillado. Luego de meses de coqueteos interminables entre el PAN y el PRD, parecía que la búsqueda de un acuerdo nacional que culminara con la Reforma del Estado y diera paso a la transición democrática sería uno de los grandes pendientes políticos del sexenio.

Pero el asunto revivió, justo en el Informe presidencial.

El PAN ha llamado a un pacto que asegure la estabilidad, la gobernabilidad y el crecimiento del país. Y alertó sobre los riesgos que supondría no suscribirlo: puede desencadenarse ``una nueva crisis sexenal, cuyas consecuencias cancelarían definitivamente cualquier expectativa positiva''.

Según el PRD, queda poco tiempo para edificar un acuerdo que haga posible la transición. Y -en un cambio de ruta- el llamado perredista es sólo para las fuerzas políticas y sociales opositoras al gobierno.

Para el Ejecutivo federal, debe haber un acuerdo entre los mexicanos para reforzar las políticas en curso del gobierno federal.

No sólo eso. El esfuerzo debe pavimentar el camino que tome el Presidente que resulte electo en el 2000.

¿Queda tiempo para construir esos consensos? Con la batalla electoral casi enfrente, la moneda está en el aire.

De manera reciente, las convocatorias para un acuerdo nacional han tenido como puntos de partida la resolución de distintos puntos de la agenda política.

Sucesivamente han estado: la consumación de la reforma política, el fortalecimiento del federalismo, la negociación de una paz digna para Chiapas, cambios en el modelo económico...

Ahora se agregan temas como la reforma del Estado, el paquete financiero y la salida al espinoso tema del Fobaproa, así como la promulgación de nuevas leyes para combatir el crimen y la reforma laboral.

En la imaginaria, ha quedado claro que un acuerdo de este tipo no debe convertirse en materia de especulación electoral, en vísperas de la elección presidencial.

Pero la óptica de los actores aún es discordante.

Los ultras según el PAN

``Urge un pacto nacional''.

Así se presenta en las páginas panistas de la internet el discurso del senador Gabriel Jiménez Remus, pronunciado antes del informe presidencial.

La pieza oratoria del abogado jalisciense profundizó en los temas candentes de la política actual. El énfasis estuvo en la edificación de un acuerdo político que establezca las reglas del juego en la etapa final del sexenio.

``La confianza de los ciudadanos en sus gobernantes no cotiza ahora en el mercado de los valores políticos'', definió el legislador.

En esa lógica -completó- los daños sociales serán mayores, en ``cuanto más se tarde el Ejecutivo en asumir y rectificar (sus errores)''.

México -sostuvo- tiene sed de consensos.

Y argumentó:

``La inmensa mayoría de los mexicanos queremos la cohesión de la sociedad a pesar de la diversidad de los individuos que la componen''.

Según Jiménez Remus, se buscará construir un espacio de diálogo nacional ``que asegure la regulación de cualquier discrepancia''.

La tarea, advirtió, ``ha de acometerse resueltamente arrostrando peligros'' y requiere de una actitud madura, tanto de gobernantes, como de las fuerzas opositoras.

``(Necesitamos un) consenso que implique renuncias a beneficios de aquellos que -habiendo sido fieles al estado de cosas tradicional- deben ahora sumarse, sin reservas, a la defensa y consolidación del régimen democrático que también implique olvido de agravios pasados y sentarse en la misma mesa de negociación con quienes han sido nuestros perseguidores''.

Sobre todo, resaltó, la construcción de ese consenso obliga a la modificación de las posturas tradicionales de los actores políticos, ya que no puede fundamentarse en la uniformidad.

``Si así fuera entendido tendrían razón los ultras, de la derecha y de la izquierda, que lo consideran una prueba de cretinismo político''.

Chapultepec, Barcelona,

Bucareli, San Lázaro

En los cuatro años del actual sexenio han sido muchos los esfuerzos por tender puentes entre las fuerzas políticas para fijar las bases que permitan culminar con tranquilidad la transición política.

Estas iniciativas -siempre unilaterales- sólo han tenido expresiones claras en pocos acuerdos legislativos alcanzados por las fracciones parlamentarias. Pero nada más.

Luego de tomar posesión, el presidente Ernesto Zedillo llamó a los partidos políticos a firmar un Acuerdo Nacional, cuyos compromisos iniciales se suscribieron el 17 de enero de 1995.

Por esas fechas, José Agustín Ortiz Pinchetti y Santiago Creel, consejeros salientes del Instituto Federal Electoral, llamaron a representantes del PAN, del PRD y del gobierno federal a participar en un seminario sobre reforma del Estado que se desarrolló en la sede del Instituto de Investigaciones Históricas, en el Castillo de Chapultepec.

Allí, durante casi siete meses, representantes de ambos partidos llegaron a acuerdos sobre la reforma electoral. Posteriormente, se sumaron representaciones del PRI y del PT.

El seminario concluyó en agosto de ese año. Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD presentaron una propuesta conjunta, de 10 puntos, con los principales resolutivos.

Luego vinieron las negociaciones formales entre las dirigencias de los partidos y las autoridades federales, desarrolladas en la llamada ``Mesa de Barcelona'', que persiguieron la construcción de una iniciativa ``consensuada'' para reformar la Constitución.

La última fase, que fue de Bucareli a San Lázaro, llegó con los consensos rotos. La reforma electoral fue aprobada sólo por la mayoría legislativa del PRI en noviembre de 1996.

Política epistolar

Desde su arribo a las dirigencias nacionales de sus respectivos partidos, Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Andrés Manuel López Obrador (PRD) han hecho reiterados llamados a construir un pacto político que dé certidumbre y rumbo a la nación.

Estos esfuerzos han tenido como factores comunes la restauración de la negociación multilateral en el conflicto chiapaneco y el diálogo nacional sobre los temas pendientes de la Reforma del Estado.

En el camino, existen iniciativas unilaterales que no han cuajado.

En noviembre de 1996 el PAN llamó a los demás partidos a la suscripción de un Acuerdo Político para la Alternancia de Poderes con Estabilidad. Por medio de Felipe Calderón, Acción Nacional inició contactos con líderes de otras organizaciones y con el Ejecutivo federal para fijar la agenda del cambio, sin llegar a ningún resultado concreto.

De la misma forma, el PRD llamó a los actores políticos a establecer Compromisos para la Gobernabilidad Democrática, la Reforma del Estado y la Reforma Económica y Social, que presentó nuevamente en abril pasado.

El PAN y el PRD han estado próximos a lograr acuerdos bilaterales, gracias al ``clima cordial y de colaboración'' que han construido, en lo personal, López Obrador y Calderón Hinojosa.

La historia es larga: el 2 de noviembre de 1996, en Los Pinos , se recibió una carta firmada por Felipe Calderón, en la que el PAN exhortaba al Ejecutivo federal a participar en los diálogos y solicitaba una audiencia.

Las cosas no llegaron a buen término.

El dirigente panista se entrevistó con el presidente Zedillo el 5 de noviembre y se reunió con el líder priísta Mariano Palacios Alcocer. López Obrador estuvo en Los Pinos el 18 de noviembre, luego de que una comisión de la directiva estableciera una ``agenda'' para la Reforma del Estado, que fue presentada al Ejecutivo federal... y nada más.

Vino entonces la ruptura entre el PAN y el PRD, luego de que los legisladores del blanquiazul en la Cámara de Diputados votaron, junto con el PRI, en favor de la iniciativa presidencial de presupuesto y fragmentaran el ``bloque'' opositor.

En abril pasado -luego de su cuarto Congreso Nacional-, el CEN del PRD determinó que existía el riesgo de que desapareciera la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) para la paz en Chiapas, y que la política gubernamental para atender el problema en esa entidad se había endurecido.

Entonces, López Obrador lanzó la propuesta de contactar al PAN y logró un respaldo unánime. Envió una carta a Felipe Calderón, convocándolo a firmar un acuerdo nacional.

Tres días después, el CEN del PAN respondió que la propuesta del acuerdo sería discutida en su Consejo Nacional y que una consideración inicial es que el proceso legislativo sólo podría ser sujeto de una prórroga con fecha definida, sin que su concreción dependiera de una reanudación de las negociaciones de paz.

La propuesta del acuerdo que López Obrador propuso al PAN contiene varias novedades respecto de las anteriores iniciativas: que el Congreso de la Unión se convierta en el escenario de los ``diálogos nacionales'', que hubiera un ejercicio de discusión en cada una de las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales del país, que el documento -además de establecer la agenda de la Reforma del Estado- hiciera un llamado de apego a la legalidad y defensa de la soberanía nacional, y que la agenda de discusiones fuera tan amplia ``como las necesidades lo requieran''.

La respuesta panista está fechada el 11 de abril, aunque llegó a las oficinas del PRD dos días más tarde. Suscrita por Calderón Hinojosa, en su parte medular defiende la validez de la iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena presentada por los senadores del blanquiazul.

El sábado 18 de abril sesionó el Consejo Nacional del PAN, pero no se discutió directamente la propuesta perredista.

En esa coyuntura, quedó definido quiénes dentro del PAN están en contra de un eventual acuerdo político con el PRD: fundamentalmente los grupos identificados con Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández de Cevallos y Luis H. Alvarez, así como las delegaciones representativas de los estados de Chihuahua y Jalisco.

Conocido el ``no'' panista, el CEN del PRD decidió continuar con su iniciativa política y ordenó a López Obrador enviar una misiva al presidente Zedillo -la séptima en lo que va del año-, para convocarlo a participar en la conjugación de un acuerdo nacional, enterarle de la agenda contemplada por la dirigencia partidista y solicitarle nuevamente una audiencia.

En su carta al presidente Zedillo, López Obrador detalló la propuesta del PRD para reanudar el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN:

Debía aprobarse, en el Congreso, la propuesta sobre derechos y cultura indígenas elaborada por la Cocopa. Después, instalar una comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos -distinta de la actual Cosever-, el cese de acciones armadas en las comunidades indígenas de Chiapas, la liberación de los presos zapatistas y el nombramiento de un nuevo representante gubernamental ``con capacidad de decisión y facultades para adquirir compromisos en nombre del gobierno''.

A cambio, ofrecía que el PRD haría un ``serio llamado'' al EZLN para que retorne al diálogo sin demora.

En lo que va del año, tanto las dirigencias partidistas como los grupos parlamentarios han sostenido contactos con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para agotar los temas pendientes del ``Acuerdo de Los Pinos''.

Del lado gubernamental, las negociaciones han estado bajo la conducción del subsecretario Jorge Alcocer Villanueva.

Los avances han sido mínimos.

A lo más que se ha llegado es a establecer una mesa de coordinación, en cuyo seno se acordó la agenda legislativa que podría cumplirse en los próximos meses.

El funcionario gubernamental ha reconocido la necesidad de alcanzar consensos con las fuerzas políticas para sacar adelante la agenda pendiente... pero éstos se deberán acordar por separado, sin convertirse en un pacto nacional.

El último intento de acuerdo entre el PRD y el PAN ocurrió el pasado 7 de junio, otra vez por iniciativa de López Obrador, quien envió una carta a Calderón para invitarlo a sumarse a la organización de la consulta nacional sobre el Fobaproa.

Según el tabasqueño, ambos partidos ``tienen que decidir entre dos imágenes a futuro: la de partidos de oposición negociadores de espaldas a los intereses del pueblo, o la de partidos comprometidos con las grandes causas del pueblo''.

``De lo que usted decida dependerá lo que el PAN y el PRD habremos de representar para México y los mexicanos''.

Si había acuerdo -condicionó López Obrador-, el PAN y el PRD podrían entrar a la negociación de un paquete de ``iniciativas de democratización'', a partir de las ya planteadas en la agenda que se discute con Gobernación.

Se apuraría el paso especialmente en dos: la autonomía plena del Tribunal Federal Electoral; y una nueva reforma constitucional -aplicable al Cofipe y a los códigos penales-, para castigar con todo rigor el uso de los recursos públicos en las elecciones.

``Estas dos acciones son las que, en la práctica, permitirán que el voto popular sea verdaderamente libre y respetado en las elecciones para renovar el Congreso de la Unión y la presidencia de la República en el año 2000. Las demás reformas son necesarias, pero no indispensables'', planteó el perredista.

Una semana después, Calderón respondió a López Obrador. Le dijo que su partido no podía apoyar el referéndum y que presentaría solo una propuesta de solución al Fobaproa.

Sobre alcanzar un acuerdo, no contestó. Pero ambos dirigentes han platicado del tema en los últimos días. La última vez, apenas unas horas antes del Informe presidencial, a las puertas de la estación Radio Red.

Lacras sexenales

Solo -confían colaboradores suyos-, Gabriel Jiménez Remus elaboró el discurso que leyó en San Lázaro el pasado martes. Intercambió opiniones con Felipe Calderón y Carlos Medina Plascencia. Ambos le hicieron modestas sugerencias.

Sin embargo, la propuesta de un acuerdo nacional no debe interpretarse como una idea personal, sino como un planteamiento partidista.

En la Cámara de Diputados, el senador jalisciense precisó:

Los problemas nacionales ``requieren de la eliminación de sectarismos, pues ``el tiempo del presidencialismo omnipotente ha terminado, como también ha quedado demostrada la impotencia del voluntarismo del caudillismo contestatario (...) a estas alturas no se puede creer que exista un hombre providencial que todo lo puede y todo lo resuelve''.

Dijo que también exigen una nueva relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo porque el resultado electoral de julio de 1997, ``abrió las puertas a un equilibrio democrático más auténtico y nos impuso la corresponsabilidad en la conducción del país''.

En esta nueva condición -le recomendó al Presidente- ``no debe ver un reto a su propia legitimidad democrática, sino un sustento para la fortaleza de la República''.

Por lo mismo -sugirió- el Ejecutivo debe disponer a todo el aparato de la administración pública federal ``(para) ser consecuente con la búsqueda y el logro de los consensos necesarios(...), de ello depende que en los últimos años de su sexenio se defina el resultado final de su gestión''.

Bajó Jiménez Remus de la tribuna y le siguió en el uso de la palabra la senadora Rosalbina Garavito Elías.

En la parte final del mensaje que pronunció a nombre del PRD, la economista reiteró el llamado de su partido a construir un acuerdo político ``para transitar a la democracia''.

Pero el planteamiento perredista llamó la atención, porque de la convocatoria está excluido el gobierno federal.

Tan perniciosa es la ausencia de diálogo como la simulación del diálogo, acusó la senadora.

Y siguió:

``La agenda que permita transitar a la democracia es producto de las luchas sociales y políticas en todos los rincones del país pero dar cauce legal a los cambios requiere, antes que nada, la voluntad política para acordarlos. A fuerza de memoria, de dignidad y de entereza, se ha ido construyendo la salida pacífica a la crisis de fin de régimen que desde arriba no se alcanza a ver''.

En la parte final de su mensaje, el presidente Zedillo llamó a todos los mexicanos a sumarse al esfuerzo de su administración por solidificar las políticas en curso.

Su convocatoria fue abierta, para ``levantar unidos la esperanza y la voluntad'', así como para conformar -finalmente- la política de Estado.

Recordó así que en su informe de 1997 llamó a los actores políticos y sociales a pactar las condiciones que dieran ``certidumbre de largo plazo'' al rumbo nacional.

En esta ocasión, el llamado al acuerdo tiene una concomitante: construir el camino que debe tomar el próximo Presidente, en el año 2000.

``Propongo que hagamos lo necesario (...) para que el próximo Presidente de la República tenga las condiciones más propicias para el inicio y desarrollo de su mandato (...) para desterrar la lacra de las crisis sexenales'', dijo Zedillo.

El llamado tiene otro tono y toma al presidente en medio de una crisis política y económica que aprieta cada vez más al país. Por lo demás, el jefe del Ejecutivo viene haciendo la propuesta de un acuerdo prácticamente desde antes de asumir el poder. Muchos piensan que si no lo logró en el arranque del sexenio, las posibilidades de que lo haga en la recta final de su mandato son mucho menores. b

Tiempo y voluntad hacen falta para construir Acuerdo Nacional llevará más tiempo del estimado, juzgó -el miércoles 2- Jesús Ortega Martínez, secretario general del PRD.

Para él, en la actitud presidencial existe un gran obstáculo.

``La unidad no se logra con discursos demagógicos, y con saludos a la bandera como lo hizo (Zedillo). Se logra con disposición política para aceptar otras propuestas, para aceptar otras ideas se no sean solamente las suyas''.

Ortega ve en la conducta gubernamental respecto al Fobaproa al mejor ejemplo de la resistencia oficial al consenso.

-¿Es posible construir un acuerdo de gobernabilidad?

-No hay disposición gubernamental, sólo un hueco llamado a la unidad.

-¿Qué pasará si el gobierno no tiene disposición para el acuerdo?

-Se complicará la vida política nacional y continuará la inestabilidad.

-Los partidos, ¿se quedarán cruzados de brazos?

-Hemos insistido y seguiremos insistiendo en el tema, porque pensamos que es una medida justa. Pero a veces nadamos en el desierto y nuestras propuestas caen en el vacío respecto al gobierno. Hay oídos sordos a este tipo de propuestas.

A las distintas convocatorias a suscribir un pacto nacional, los actores político reaccionaron de distinta forma a lo largo de la semana. Aquí, algunas de las voces que se expresaron:

Para que el país salga adelante, se necesita unidad y sentido de reconciliación. Encima del partido en el que se milite y la ideología que se tenga, ``lo más importante es México y necesitamos unirnos para salvarlo''.

Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México.

Para evitar costos mayores (en la transición a la democracia), las fuerzas del régimen y la oposición deben pactar ``un buen arreglo institucional y arribar a acuerdos políticos muy serios'' antes del 2000. Si esto no ocurre, el próximo presidente gobernaría ``con altos niveles de confrontación''. Manuel Camacho Solís, fundador del Partido del Centro Democrático.

``Es importantísimo construir las condiciones económicas y políticas que permitan a México arribar, sin tumbos, contratiempos o fracturas a la coyuntura del 2000''. Un acuerdo político permitiría un verdadero desarrollo del país.

Felipe Calderón Hinojosa, presidente del CEN del PAN.

El PRI se sumaría a un pacto nacional de reconciliación en el que participaran las demás fuezas políticas. Pero en él no tendrían cabida la intransigencia ni las posiciones irreductibles.

Mariano Palacios Alcocer, presidente del CEN del PRI.