El domingo 30 de agosto tuvimos una experiencia ciudadana que resultó exitosamente colmada de consecuencias políticas y financieras de primera magnitud. Por supuesto no todas plenamente positivas, pero con un conjunto de resultados que nos permiten alimentar la esperanza de una próxima transformación nacional que nos conduzca por el camino adecuado. La experiencia a la que me refiero es la consulta popular sobre la procedencia y legalidad de la propuesta de Ernesto Zedillo para dar naturaleza de deuda pública, a cargo del pueblo, a la que contrajo el Fobaproa, con el objetivo de salvar a la banca privada de la catástrofe financiera en que había caído a partir del año de 1995, como consecuencia de dos causas fundamentales:

A) Una torpe, aunque autoalabada política económica del gobierno no zedillista --continuación en muchos aspectos de la proveniente de sus dos antecesores inmediatos--, que llevó a muchos millones de mexicanos deudores a una contracción muy sensible de su capacidad de pago o a una franca insolvencia; situaciones que condujeron al fenómeno de una cartera bancaria vencida e impagable a cargo de deudores malignamente empobrecidos.

B) Una sórdida, codiciosa, corrompida técnica de los banqueros privados, protegida por el gobierno federal, para conceder préstamos y hasta dádivas cuantiosas a sus propios socios, sin exigirles garantías adecuadas, ni examinar las finalidades reales de los créditos; lo que se tradujo en que buena parte de ellos, además de ser técnicamente irrecuperables desde su origen, entrañen graves desviaciones, francamente ilegales, para reponer o reforzar los recursos patrimoniales de sujetos de la vida bancaria o económica, o bien para financiar directamente campañas electorales y de propaganda del partido oficial, distrayéndolos de objetivos de interés público. Una de las campañas electorales que así se financió fue, según parece, la de Ernesto Zedillo a la presidencia.

La consulta popular y el amplio debate que la precedió, nos permiten señalar algunas conclusiones positivas:

Primera. Existe actualmente, y debe aumentar y fortalecerse, la posibilidad constitucional de que cuestiones esenciales para la vida y el desarrollo del país, como son los derechos de las comunidades indígenas, el Fobaproa o la modificación de la legislación laboral, puedan ser sometidas a la opinión pública mediante un procedimiento de consulta popular o de referéndum. Por supuesto, a ese procedimiento se opone la oligarquía que sigue ejerciendo su imaginario derecho de decidir a tráves de la presidencia o la administración, aunque la ejecución de tales decisiones autoritarias tenga que apoyarse en regimientos de granaderos, bayonetas y fusiles castrences, o hasta en la amenaza de helicópteros facilitados por el amo norteño.

Segunda. La voluntad presidencial no tiene ya el valor de una decisión divina, que debe necesariamente ser cumplida, sino que hoy es posible marcar dos posibilidades de opinión diferentes: la muy mellada, que proviene del Poder Legislativo, en vías de maduración lenta, y la que se muestra más pujante, asentada en la voluntad del pueblo, que constitucionalmente es el único titular legítimo de la soberanía.

Tercera. Que la discusión surgida y los datos concretos obtenidos demuestran que la política económica del liberalismo salino-zedillista, especialmente en su etapa actual, no busca satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía en general, sino la corrupta osadía de los grupos oligárquicos, como en el caso ya evidentemente escandaloso de la ayuda financiera a los banqueros, para ``salvarlos'' de imaginaria quiebra, con altas utilidades personales para ellos y sus cómplices, y cuyo elevado costo financiero se quiere ahora transferir a las espaldas populares haciendo pública la deuda derivada de esa ayuda. Un caso típico de privatización de las ganancias y la ``socialización'' de las pérdidas o los costos.

Cuarta. Que a pesar de todos los medios de difusión y publicidad que el gobierno controla, y de la utilización ignominiosa y costosísima que de ellos se hizo, la ciudadanía mexicana ha demostrado que ya no está dispuesta a tragarse mentiras y maniobras; que ya no cree en la validez de la corrompida política económica liberal, y que ya no tiene confianza alguna ni en la honestidad ni en la sinceridad de los funcionarios de las finanzas públicas, ni en la eficacia y buena intención de la política que desde hace 15 años siguen nuestros gobernantes, para cumplir órdenes del capitalismo globalizante y hambreador.

A estas alturas puede ya afirmarse, a una semana de la consulta popular del 30 de agosto y a cinco días del paupérrimo cuatro Informe presidencial de Ernesto Zedillo, ``héroe de Zimojovel'':

--Que la propuesta presidencial dirigida al Congreso, de dar naturaleza pública a la deuda del Fobaproa se ha traducido en un rotundo fracaso, que impedirá su aprobación. Pero que, además, ha causado una muy seria avería a la figura presidencial y a la ya muy deteriorada confiabilidad del gobierno seudo liberal, y que ambos fenómenos se presentan con menos de dos años de anticipación a las próximas elecciones presidenciales, tan temidas por la casta gobernante.

Si ponemos de relieve el fracaso, ya innegable, de la política económica zedillista, puesto en evidencia por la consulta y el informe ya citados; si recordamos el fracaso silenciado de la política de Zedillo para dar solución a la rebeldía armada que empezó en Chiapas y que hoy se extiende ya a muchas partes empobrecidas de nuestro país; y si agregamos el enorme descrédito gubernamental, tenemos que llegar a la conclusión de que el trepidante fracaso de la política dizque liberal, (realmente autocrática y represora), colmada de entregas a intereses globalizadores extranjeros, nos lleva a la necesidad de que la ciudadanía de México, como titular de la soberanía nacional, escoja una nueva Ruta política económica que nos lleve a una verdadera democracia, a una justicia social, a una impartición de justicia en protección de los ciudadanos y contra los delincuentes de todos los cuellos, a una realidad económica en beneficio de la comunidad, que nos abra el acceso a un México justo, limpio, productivo y verdaderamente soberano.

Por fortuna, nuestra tarea de limpiar la ciénaga es ya menor frente a la gran aspiración de construir un país del cual podamos volver a sentirnos orgullosos.

Desde ese punto de vista, la aventura Fobaproa convertida en boomerang contra el régimen, es un escalón ascendente en la gran marcha que todos estamos obligados a compartir y apoyar.

Ha llegado el momento de pensar no tanto en el estiércol que inundó e inunda la estructura política y burocrática de los últimos 15 años, sino en los elementos con los que aún contamos para la reconstrucción del país, especialmente el despertar de una conciencia pública que hoy expresa su clara condena a la mendicidad, a la corrupción y a la ineptitud gubernamentales que nos han arrojado a la miseria, a la infame injusticia y a la subordinación globalizada en que vivimos.