Alberto Betancourt Posada(*)
Complacencia ante el racismo

La actitud del presidente Ernesto Zedillo y de los secretarios Luis Téllez y Julia Carabias respecto del basurero nuclear de Sierra Blanca, Texas, ha sido de franca complacencia ante un acto de racismo ambiental.

Los confinamientos de desechos nucleares de bajo nivel son instalaciones de alto riesgo. La clasificación empleada por el Departamento de Energía para incluir una sustancia en la categoría de bajo nivel no toma en cuenta, ni su peligrosidad ni su longevidad radiactiva. Los desechos de ese tipo se depositan sin remover las partículas de sustancias como el plutonio, que pertenecen a otra categoría de desechos. La Comisión Reguladora Nuclear exige la supervisión institucional de los depósitos durante 100 años, aunque las partículas antes citadas implican riesgos durante plazos mucho mayores.

La planeación del depósito de Sierra Blanca ha estado plagada de deficiencias técnicas. Las instalaciones fueron diseñadas originalmente para construirse en otro sitio, donde el suelo es menos poroso y permeable. Sin embargo, no se tomaron medidas para adaptarlo a las nuevas condiciones, como por ejemplo, reforzar los contenedores. En las audiencias celebradas en 1997 en Austin, Texas, Randall Chambernau, de la Comisión de Conservación de los Recursos Naturales de ese estado, reconoció múltiples deficiencias en la planeación del lugar: los estudios sobre el máximo accidente posible no incluyeron la eventualidad de un sismo, los análisis de suelos se realizaron mediante un modelo computarizado incapaz de representar las irregularidades del terreno y los datos sobre precipitación fluvial se basaron en estudios con 45 años de antigüedad.

Por otra parte, Rogan y Sullivan, los peritos-asesores, de la Oficina Estatal de Audiencias Administrativas de Texas, recomendaron rechazar la licencia del depósito porque en la solicitud no se caracterizó adecuadamente las condiciones geológicas e hidrológicas de la zona, y porque tendría un impacto socioeconómico negativo en una población donde ya existen depósitos de otros tipos de basura.

Su ubicación es un acto de racismo ambiental. Sierra Blanca es uno de los once proyectos que tiene el gobierno estadunidense para construir confinamientos de residuos peligrosos en la zona fronteriza. La selección del condado de Huspeth -poblado por 63 por ciento de habitantes de origen mexicano y 40 por ciento de pobres- es un acto racista y clasista que viola el artículo 4 de los derechos civiles de Estados Unidos, al utilizar el presupuesto para actividades discriminatorias. Su localización a 26 kilómetros de la frontera con México también viola el espíritu del Tratado de la Paz, cuyo artículo 2 establece que ambas partes tomarán los acuerdos necesarios para prevenir, reducir y eliminar las fuentes de contaminación en una área que comprende cien kilómetros a cada lado de la frontera. El basurero recibirá desechos procedentes de Maine y Vermont, dos estados fronterizos con Canadá, que serán trasladados a la frontera mexicana, donde serán una fuente potencial de contaminación.

La postura de Julia Carabias ha sido errática y en muchas ocasiones de anuencia hacia el basurero. En 1996 declaró que el depósito era seguro y que en todo caso era preferible a la existencia de basureros clandestinos. Fue hasta febrero de 1998 -debido a la presión generada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que estaba por aprobar una resolución unánime rechazando el basurero- cuando Carabias rectificó su punto de vista y recomendó que el basurero se instalara en otro lugar. Ahora dice que el gobierno mexicano ya no tiene nada que hacer legalmente para impedir su construcción. No es así.

En primer lugar, durante los diez días posteriores a su aprobación por el Senado, el presidente Bill Clinton puede vetar el proyecto. Si el presidente Ernesto Zedillo hace valer los instrumentos diplomáticos y políticos a su alcance, puede solicitarle a su colega estadunidense que vete la resolución del Congreso.

En segundo lugar, la violación del espíritu del tratado puede sostenerse después que venza este plazo, porque el tratado no prescribe con la decisión del Congreso estadunidense.

En tercer lugar, si las autoridades mexicanas expresan su enérgico rechazo a la construcción del basurero, existirán varios momentos dentro del procedimiento de aprobación del confinamiento en los que podría impedirse su construcción. Por ejemplo, en enero de 1999 el Congreso estatal de Texas podría negar el presupuesto.

En un acto de dignidad legislativa, los presidentes de las comisiones de Medio Ambiente, Asuntos Internacionales y Asuntos Fronterizos de las Cámaras de Diputados y Senadores le han solicitado formalmente y por escrito al presidente Zedillo que intervenga para impedir la construcción del basurero. En caso de que el Ejecutivo mantenga su silencio sobre el tema, ratificaría su anuencia a un acto racista e ilegal. La decisión sería perjudicial para ambos países, porque sentaría el precedente de que la frontera es una región vulnerable políticamente y susceptible de convertirse en una zona franca para el ecocidio.

(*) El autor es investigador del Programa de Ciencia, Tecnología y Desarrollo de El Colegio de México.