La Jornada 5 de septiembre de 1998

Denuncia penal a Merino por peculado y fraude

Humberto Ortiz y Raúl Llanos Samaniego Ť La Contraloría Interna del gobierno capitalino presentó ayer por la noche la denuncia penal en contra del ex oficial mayor del Departamento del Distrito Federal, Manuel Merino --quien ocupa el mismo cargo en la Secretaría de Turismo--, por los delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio del erario de la ciudad de México, por un monto superior a los 80 millones de pesos.

La querella fue entregada por Luis Irineo, en representación del contralor Gastón Luken, ante el Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Delitos contra el Honor, Responsabilidad Profesional y Relacionados con Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

La representación social inició la averiguación previa correspondiente para que en un plazo no mayor a 48 horas presente el pliego consignatorio ante un juez penal solicitándole librar la correspondiente orden de aprehensión en contra del funcionario de la Sectur, quien ya fue inhabilitado por la Contraloría del gobierno capitalino por 20 años por su presunta responsabilidad en la malversación de fondos del erario.

Trascendió que Merino se encuentra en Nueva York, mientras aquí un grupo de abogados a su servicio analiza su situación jurídica para encontrar los recursos legales en defensa de su cliente.

Se procedió legalmente: Luken

Por su parte, Luken Garza afirmó que la acción emprendida en contra de Merino García ``no es un acto autoritario, sino un acto de autoridad''.

En entrevista, manifestó que el proceso administrativo ya terminó, por lo que corresponderá ahora a las instancias judiciales determinar el procedimiento penal.

Puntualizó que la Contraloría ``no será la caja negra para esconder las irregularidades'' de la pasada administración, por lo que en los casos en que existan fundamentos legales se procederá conforme marca la ley, independientemente de quién se trate y del cargo que ostente.

Afirmó que la anomalía en la que incurrió Merino implica un acto de impunidad y que en esta administración no se permitirán, ya que causan daños importantes a la administración pública capitalina.

Por lo que hace al desarrollo del procedimiento administrativo, comentó que duró casi tres meses, periodo en el cual se obtuvieron todas las pruebas necesarias. Indicó que dentro de este caso se le pidió al ex funcionario de la pasada administración que comprobara los recursos faltantes pero no lo hizo.

Comentó que la Contraloría sigue sin localizarlo, por lo que una vez presentada la denuncia penal correspondiente ante la PGJDF tocará a esta corporación dar con él.

Se combatirá todo tipo de corrupción

En este tenor, el director de Gobierno del DF, René Bejarano, afirmó que el caso de Merino exhibe el desorden administrativo ``y habla del nivel de corrupción en que se movió el gobierno anterior. Son irregularidades graves por lo que es justificada la intervención de la Contraloría''.

Agregó que la línea que seguirá el gobierno será combatir todo tipo de corrupción que se presente o se haya presentado, desde la que se comete a nivel hormiga hasta los grandes actos. La acción emprendida contra Merino no debe confundirse con una persecución política, sino como el cumplimiento de un mandato que se recibe del Ejecutivo local para acabar con la impunidad. Hizo énfasis en que las pruebas eran tan claras que no se puede esperar a que haya una respuesta del gobierno federal, como pasó con Fernando Peña Garavito. ``Aquí no se trata de un ajuste de cuentas, sino de la aplicación de la ley, además de la necesidad de recuperar el daño ocasionado a las arcas públicas''.

Sobre esta situación, indicó que los 80 millones de pesos que no comprobó el ex oficial mayor equivalen a casi tres veces el costo que tuvieron los libros de texto gratuito distribuidos en la capital recientemente. Sin embargo, dijo, vemos cómo los recursos se pierden por actos fuera de la ley, cuando bien podrían utilizarse para satisfacer las necesidades de diversos grupos sociales, de ahí que es necesario que se castiguen esas irregularidades.