Peligran en San Blas tradiciones huicholas, por los megaproyectos
Matilde Pérez U./II y última, San Blas, Nay. Ť Allí, en la isla de El Rey -bañada por las tibias aguas del mar Pacífico- donde, según las creencias del pueblo wixarika (huichol) surge la vida, todo el año llegan pequeños grupos de huicholes al centro ceremonial a dejarle ofrendas a la tatei Amara (diosa del mar), para tener lluvia para las cosechas y agradecer la fertilidad de las mujeres. El ritual incluye el sacrificio de un becerro para llevar su sangre al islote Waxieve (El Poderoso), un enorme peñasco localizado a poco más de un kilómetro de la playa.
Ese lugar, al que cada tres años acuden maracamés y jicareros -las máximas autoridades tradicionales de ese pueblo- desde la Sierra de Santa Catarina, San Andrés Coamiata, La Higuera y San Sebastián Teponahuaxtlán, de los municipios de Mezquitic y Tuxpan de Bolaños, Jalisco, quedará rodeado por enormes hoteles, zonas residenciales, marinas y campos de golf de los megaproyectos turísticos que pretenden desarrollarse allí.
Será la nueva forma de expulsión de los wixarikari, afirma Miguel Ramírez Jiménez, de la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas.
``Ya no podremos acudir con libertad a hacer nuestras ceremonias, a dejar las ofrendas, a continuar con nuestras tradiciones'', dice y advierte que los huicholes no están dispuestos a ser el atractivo turístico, si esas son las intenciones de los inversionistas extranjeros.
En 1991, el Instituto Nacional Indigenista y el gobierno del estado entregaron a los huicholes los escasos 500 metros cuadrados que ocupa el centro ceremonial, con esa decisión lo reconocieron como el sitio sagrado del pueblo wixarika.
Cada tres años, los jicareros acuden a ``hacer el levantamiento del templo'', una pequeña casa de piedra con techo de palma en cuya parte central está una piedra tallada con las figuras del venado, la culebra y el peyote; en el piso de tierra hay jícaras con el llamado ojo de dios, maíz, figuras de madera que simbolizan a hombres y mujeres, plumas de aves y otros objetos.
A unos pasos de esa construcción está el centro ceremonial original: una diminuta cueva a las faldas de la colina donde está el faro de orientación marítima de San Blas; allí también hay algunas ofrendas.
Otra tradición también empieza a desvanecerse: la pesca de altamar. Con la instalación de los estanques de la empresa camaronícola AquaNova, los pescadores de las 12 cooperativas dejaron el trabajo de ``altamar'' para convertirse en recolectores de larva de camarón que entregan a la Unión de Centros de Acopio -20 en total-, la cual les paga 8 mil pesos el millar de organismos. Inconformes por el precio -8 centavos por cada larva-, los pescadores anunciaron que dejarían de recolectarlas. La respuesta de la unión fue contratar -como si se tratara de una actividad agrícola- a ``jornaleros'' de Jalisco y Tepic.
``Acordamos impedir la salida de los ilegales, pero llegó la advertencia de la Subdelegación de Pesca: si se oponen, los meteremos a la cárcel con todo y panga. Ahora -dicen- tenemos dos problemas: la amenaza de ser encarcelados y la dificultad de encontrar larvas debido a la contaminación de las venas de las lagunas y a la destrucción de 2 mil hectáreas de manglares causada por Granjas AquaNova. Esto es el preludio del fin de la actividad a la que se dedican 3 mil 500 personas''.
AquaNova ofrece becas para calmar la inconformidad
Ante las crecientes presiones de los habitantes de San Blas, Granjas AquaNova -luego de realizar un estudio sobre la situación socioeconómica de los pobladores- ofreció ``otorgar hasta dos becas anuales a los alumnos más sobresalientes de quinto año en el periodo escolar 1997-1998'', pero el acuerdo fue hecho público hasta mayo de este año.
Esa beca, que incluía la dotación de artículos escolares, despensas equivalentes a un salario mínimo mensual y seguro de gastos médicos mayores, se mantendría hasta que los dos beneficiados concluyan sus estudios de preparatoria, establece el convenio.
La empresa del Grupo Desc también aseguró que llevará a cabo ``acciones de apoyo a la comunidad. Integrará a diversas comunidades en el ciclo económico de la empresa, volviéndolas suministradoras de algunos insumos necesarios para su operación, como el armado de bastidores de madera, y establecerá un programa de educación ecológica que tiene como objetivo integrar a la comunidad con el entorno que la rodea, concientizándola de la importancia que tiene el mantener una convivencia equilibrada con la naturaleza''.
Las acciones ecológicas comprenden: organización de visitas de los escolares a sus instalaciones; fomentar el conocimiento del programa de resiembra de manglar; organizar el Día del Arbol, y dar pláticas a los estudiantes en torno a ese importante tema.
``Con esos donativos, la empresa trata de ocultar sus actividades ecocidas y eso no lo vamos a aceptar'', asienta Alejandro Dávalos, presidente del comité municipal del PAN y miembro del grupo El Manglar. Los lugareños, abunda, ``no estamos en contra del desarrollo, pero tampoco de un crecimiento que no obedece a reglas científicas''.
Externa su esperanza de que el grupo El Manglar ``gane esta batalla con el apoyo del Congreso de la Unión y de organizaciones internacionales ecologistas''. De los legisladores esperamos, interviene Juan Francisco García Rodríguez, que demanden a las autoridades federales acciones que frenen la destrucción y para que respeten nuestros derechos ciudadanos.
Esta es una lucha social y no de partidos políticos, acota a su vez Dávalos; las acciones que emprendan los legisladores deberán hacerlo como representantes de los ciudadanos y no para tomar este problema como una ``bandera más''.
Recordó que en diciembre de 1997 el grupo El Manglar presentó una ``denuncia popular'' ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Nayarit contra Granjas AquaNova, porque en la construcción de las instalaciones violó las leyes de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Forestal y de Aguas Nacionales.
Denuncia contra Julia Carabias en la Secodam
El 4 de agosto de este año, el presidente del grupo El Manglar, Jesús Silva Gómez, presentó ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo una denuncia en contra de la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo; el procurador federal de Protección al Ambiente, Antonio Azuela de la Cueva; el director general de la Comisión Nacional del Agua, Guillermo Guerrero Villalobos; el director de Ordenamiento e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, Pedro Alvarez Icaza, y otros funcionarios de las delegaciones de la Semarnap y de la Profepa en Nayarit, por ``cometer faltas a su responsabilidad como servidores públicos''. Como argumentos presenta las actividades de destrucción y contaminación que ha realizado la empresa AquaNova desde 1995 y los efectos negativos que ello ha causado a la flora y fauna de la región.
Para la titular de la Semarnap, Julia Carabias, la situación no es grave. Es una demanda, dijo, que refleja sólo un punto de vista. Las autoridades correspondientes tendrán que hacer el desahogo de todos los elementos que significa esa denuncia. La Semarnap analizará la situación, pero no es un caso donde haya intereses encontrados, manifestó.
En la denuncia, Silva Gómez, como representante del grupo ecologista El Manglar, pide a la Secodam ordene visitas de inspección ocular, la adopción de medidas de seguridad y correctivas de urgente aplicación; que una institución académica o centro de investigación realice un estudio o dictamen técnico de los daños ocasionados por AquaNova; revoque a dicha empresa la concesión para realizar actividades de acuacultura; cancele sus operaciones y ordene la remoción o demolición de las obras de desvíos de cauces de corrientes naturales, y que apoye a la organización en la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal en contra de AquaNova.