Los ciudadanos de la capital y de todo el país, agobiados por la situación de extrema inseguridad y violencia en que vivimos, oímos con atención las palabras del Presidente de la República y su secretario de Gobernación, cuando presentaron los ejes de la Cruzada contra el crimen. Nos alegramos al encontrar en ella medidas que por su lógica incuestionable debían haberse aplicado desde que el fenómeno de la delincuencia se agravó: la erradicación de todos los procesos y elementos de corrupción en los cuerpos policiales y el sistema judicial, que sabemos que existen, con consecuencias igualmente graves en otras partes del sistema político-administrativo: la coordinación en la información y la acción entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar la delincuencia; la eliminación de los subterfugios legales que benefician a los delincuentes de todo tipo y la protección de las víctimas; la mayor calificación y evaluación de los integrantes de las policías; la necesaria participación de los ciudadanos en la lucha contra el crimen, etcétera. Independientemente de nuestras opiniones políticas, deseamos que estas medidas se apliquen y tengan éxito, pues toda la sociedad es víctima del flagelo.

Sin embargo, notamos en la propuesta una ausencia muy grave: la referencia a las raíces económicas y sociales de la delincuencia generalizada y cómo extirparlas. Cuando oímos las declaraciones de otro miembro del gabinete, del secretario de Desarrollo Social, que señala que de los 95 millones de mexicanos, 40 millones viven en la pobreza extrema y otros 16 millones en la pobreza, nos preguntamos si es posible que de esa enorme masa de desposeídos, pobres y mal educados no salgan cientos de miles dispuestos a arriesgarlo todo por sobrevivir, así sea con armas en la mano; si es posible que surjan muchos policías que a pesar de su raquítico salario se mantengan honestos cuando tienen las condiciones para enriquecerse; si las callejuelas y viviendas hacinadas, abandonadas y sin servicios que describen los reportajes de esta sección de La Jornada, no son la escuela y el lugar propicios para la delincuencia. Sabemos que hay otros factores distintos a la miseria y la exclusión que engendran la violencia pero en una sociedad económicamente desarrollada, más igualitaria, más culta y sin miseria hay mucho menos factores para el imperio de la violencia y son más fácilmente combatibles.

Hoy, ante una nueva deblacle financiera, antesala de más inflación, menos presupuesto público para obras y servicios, recesión productiva, mayor desempleo y caída del salario y los ingresos reales, tenemos temor de que las anunciadas medidas contra el crimen naufraguen ante una agudización de la crisis económica y social de 20 años de duración. No compartimos la idea, mil veces expuesta, de que se trata de un shock externo. Las fuerzas económicas y políticas hasta ahora hegemónicas, sin preguntarle a la sociedad optaron por el neoliberalismo, que no ha logrado garantizar el crecimiento económico sostenido, el pleno empleo, el incremento del salario real, más ingresos públicos, mejores servicios sociales; por el contrario, ha multiplicado la informalidad, degradado el salario y recortado el gasto social. Su ``libre'' comercio monopólico llevó a la quiebra a cientos de miles de pequeños y medianas empresas, creadoras de empleo; su política financiera convirtió en deudores eternos a millones de mexicanos y les desposeyó de su patrimonio. Su proyecto de ``globalización'' subordinada nos convirtió en lugar de paso de capitales golondrina, en víctimas inactivas de sus movimientos especulativos a nivel planetario; nos hizo mercado de una cultura mediática dominada por la violencia y las ilusiones de consumo sin límite; nos insertó aún más y en mejores condiciones en las redes mundiales del narcotráfico, violento por naturaleza.

Lo que faltaron en el plan presentado fueron propuestas serias de cambio del proyecto económico que nos permitan avanzar hacia la solución de esa gigantesca y perdurable crisis económica y social, que hace de la miseria y la exclusión el caldo de cultivo de la delincuencia y que convierte a los que las padecen, en carne de cañón de las mafias y bandas organizadas. Los ciudadanos debemos exigirlas con la misma fuerza que hemos exigido las acciones que acaban de formularse.