Orlando Delgado
Concepción reiterada
El contexto político y económico previo a este primero de septiembre hacía pensar en la posibilidad de que el Presidente asumiera un papel nuevo, que lograse superar los límites de su partido, pero sobre todo que rebasara los límites de una concepción económica que hoy se encuentra claramente en crisis. Esto no ocurrió: escuchamos las mismas explicaciones sobre la llamada emergencia económica de fines de 1994; otra vez nos señaló que había que evitar a toda costa la quiebra del sistema de pagos.
La única novedad en la reflexión económica del Ejecutivo es el reconocimiento de que el riesgo de quiebra del sistema bancario fue notorio desde 1993, lo que implica aceptar las dificultades derivadas del proceso de privatización, más precisamente los errores en la venta de los bancos. Se acepta que este riesgo se acentuóen 1994, con los acontecimientos políticos, pero se soslaya que lo que complicó la solvencia de los bancos fue la respuesta de las autoridades monetarias y financieras que llevó las tasas de interés a niveles promedio en ese año de 80%, castigando duramente a los deudores y, por ello, a los mismos bancos.
Evidentemente, la crisis financiera abierta a fines de 1994, de la que ostensiblemente se evita reconocer sus causas y se le llama eufemísticamente emergencia económica, condujo a que la quiebra del sistema entero de intermediación financiera fuera ciertamente posible. Por ello, lo que se discute no es la necesidad que el Gobierno actuase oportuna y claramente, sino la manera como se intervino.
El Presidente nos dice que se actuó de manera casuística y selectiva ya que había que evitar la quiebra incluso de un solo banco. Lo casuístico y selectivo a algunos ha parecido discresional y arbitrario, ya que el señalamiento de las reglas de funcionamiento, por ejemplo, de la compra de cartera a cambio de aportaciones de capital fue matizado en ciertos casos. Por ello, los propios banqueros han advertido una operación marcadamente inequitativa del Fobaproa.
El señalamiento de que la quiebra de una sola institución bancaria hubiere precipitado al resto del sistema es, por lo menos, atrevida. El primer banco intervenido, Unión-Cremi, el de Cabal Peniche, fue finalmente vendido, pero solo las sucursales, es decir, el banco en realidad desapareció, luego de una larga intervención por parte de la Comisión Bancaria, con costos fiscales que no han sido revelados. La pregunta obvia es: ¿se trató de evitar la quiebra? o, más bien ¿se trató de ocultar las operaciones realizadas por Cabal a favor del PRI? Si se hubiere aceptado la quiebra de Banco Unión estas operaciones hubieran sido reveladas desde el momento de la intervención, en plena campaña presidencial de 1994. Así, evitar la quiebra de Unión tiene un eminente sentido político.
Es por esto que la indignación del Presidente resulta tardía y su reconocimiento de actitudes negligentes no conduce a nada, ya que no hemos visto acciones derivadas de este hecho; por el contrario, hasta ahora se ha mantenido la opinión de que todo fue realizado escrupulosamente. Reconocida la negligencia, debe señarse al negligente.
Así las cosas, el IV Informe ratificó que sostiene a toda costa una política económica cuyos costos han sido repartidos ampliamente, pero los beneficios se han quedado en pocas manos. Pretender declarar a esto una política económica de Estado es iluso.