El martes primero de septiembre, día en que se abren las sesiones del Congreso y el Presidente de la República rinde un informe sobre la situación general del país, se publicó un amplio alegato oficial mediante el cual la Secretaría de Hacienda defiende la legalidad de las operaciones de Fobaproa, mediante las cuales el gobierno contrajo deuda pública.

Independientemente del contenido muy discutible del alegato oficial, y al cual se le dará seguramente respuesta en otro momento, es muy importante destacar hoy lo valioso que es social y políticamente el que nuestros gobernantes se vean en la necesidad de dar explicaciones y justificar sus actos de gobierno.

Es muy significativo socialmente que los gobernantes tomen en cuenta a los ciudadanos y se vean obligados a dar argumentos en favor de lo que hacen, con ello reconocen que el juez es el pueblo y que el veredicto se dará en las urnas.

Lo que sucedió como la publicación oficial, inusitada hasta hace poco, se debe a la gran participación ciudadana en el asunto del Fobaproa, al interés que ha demostrado la opinión pública y al empeño de partidos y grupos sociales independientes en que todo se aclare y se nos rindan cuentas.

La explicación justificatoria se da porque los partidos de oposición, que juntos son ahora mayoría en la Cámara de Diputados, detuvieron un proyecto del Ejecutivo que de un plumazo y a través de un simple artículo transitorio pretendía convertir como si fuera lo de menos, la altísima deuda contraída por Fobaproa en la compra de mala cartera vencida, en deuda pública pagadera por todos con nuestros impuestos.

La explicación es también una respuesta al éxito que tuvo la consulta popular a la que convocó el PRD el domingo pasado, en la cual más de 3 millones de personas dedicaron un rato de su tiempo libre a dar su opinión sobre este inquietante asunto.

Antes, cuando en la privacía de oficinas y salas lujosas de juntas, se firmaron los pagarés y se comprometió el crédito del Estado a favor de los bancos privados y a cambio de créditos difícilmente cobrables, los funcionarios públicos a nadie consultaron, a nadie dieron explicaciones y actuaron por sí y ante sí como si el dinero que comprometían fuera de ellos.

Los ``expertos'' no se sentían obligados a dar explicaciones; las decisiones desde la arrogancia del poder y desde la soberbia de los títulos académicos en el extranjero, se tomaban con una sonrisa en las manos y con la seguridad de quien sabe lo que está haciendo.

Eso se acabó; hoy, como se ve, hay que convencer, explicar, rendir cuentas o al menos tratar de hacerlo: los ciudadanos organizados o no, en partidos o en grupos y asociaciones, asumen su papel de titulares de la soberanía nacional y exigen cuentas a quienes manejan los dineros públicos.