Por donde se vea, la consulta sobre el Fobaproa organizada por el PRD fue un éxito. La participación de más de 3 millones de votantes muestra tanto la visibilidad y malestar que el asunto ha alcanzado en la opinión pública, como la capacidad del cardenismo para movilizar a la población a expresar su punto de vista.

Señalar que la consulta fue una manipulación y que el resultado fue inducido por las preguntas, o contraponer sus conclusiones a los arrojados por una encuesta, es sembrar una cortina de humo para tranquilizar las conciencias o una burda maniobra para disminuir su significado político. El PRD interrogó a la población en torno a dos propuestas: la del gobierno y la suya, y los consultados respondieron a ello. Por lo demás, como diría Perogrullo, aunque ambas permiten conocer el punto de vista de la población sobre un determinado tema, una encuesta y una consulta son cosas diferentes.

Una consulta es parte del ejercicio de la democracia participativa. Una encuesta es un instrumento que sirve para sondear la percepción de la opinión pública sobre un asunto específico. A una consulta asisten los ciudadanos que quieren, en un número mucho mayor que en un estudio de opinión, mientras que en una encuesta se interroga a un número limitado de personas al azar. La consulta es un testimonio de participación política directa en los asuntos públicos de organizadores y participantes. La encuesta es, tan sólo, una herramienta para el diagnóstico de la coyuntura de quienes la patrocinan y difunden.

El gobierno ha querido presentar ante la opinión pública el asunto de Fobaproa como una cuestión puramente técnica. Según su visión, su propuesta de convertir pasivos en deuda pública busca, únicamente, salvar el sistema financiero y defender a los ahorradores. Quienes se oponen a ella pretenden politizar artificialmente el problema. El resultado de la consulta muestra el rotundo fracaso de esta versión de los hechos.

Para una significativa franja de la población, detrás de la propuesta gubernamental se esconde la pretensión de mantener la impunidad de los poderosos, y la intención de transferir a los que menos recursos tienen el costo del rescate de los más acomodados. La consulta fue, también un ¡Ya basta!, a la moratoria de justicia social sostenida ininterrumpidamente por el gobierno federal desde 1982, a cuenta de la promesa de un futuro próspero, que no ha sido más que la zanahoria delante del caballo que jala la carreta de la polarización del ingreso y el desmantelamiento de nuestras precarias redes de seguridad social.

Tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando señala que con la consulta ``Fue derrotado el mito de que las grandes decisiones del poder hay que tomarlas a solas o en las cúpulas del gobierno, porque la gente no atina a discernir las complejidades de los grandes problemas''. (La Jornada, 31-VIII-98). La consulta evidencia que es posible hacer política de otra manera en el país; que la democratización no se agota con la realización de elecciones libres y justas, y que la democracia de élites, al margen de la creación de instituciones de participación ciudadana y de la justicia social, no es un proyecto viable para el país.

La consulta le da al PRD un claro mandato para encontrar una salida constructiva a la crisis del sistema bancario, pero, también, para resolver otras cuestiones claves del futuro inmediato del país. Con el asunto del Fobaproa la oposición tiene al gobierno federal contra las cuerdas. Cuestiones como el financiamiento ilegítimo a las campañas electorales del PRI, las graves anomalías en la privatización bancaria, y el contubernio faccioso de sectores empresariales y gobierno (que rebasan la tradicional transacción de financiamiento a cambio de concesiones en obras públicas), están en el centro del debate sobre Fobaproa.

La oposición tiene hoy la posibilidad de arrebatar al gobierno la definición de las reglas del juego y el manejo del proceso político de aquí al año 2000, bloqueando o disolviendo algunos de los poderes fácticos y de las relaciones extrainstitucionales en los que el PRI ha basado su permanencia en el poder, y que son, parte de los impedimentos más fuertes para una plena transición hacia la democracia. Ciertamente, es el momento de la negociación inteligente, pero también de movilizar a la población, de apretar, de poner condiciones. Lo que está en disputa va más allá del futuro del sistema financiero. Está en juego el futuro del régimen.