Donde no ha prevalecido la ley, inevitablemente aparecen un día implacables sentimientos punitivos en la sociedad. Algo de esto empieza a surgir en México y debemos congratularnos de que así sea. Motivos hay a raudales. Aún más, la superación de la multitud de problemas graves que padecemos pasa por una sociedad que debe volverse mucho más exigente en la demanda de cumplimiento de la ley y de aplicación de las sanciones procedentes.

Esa demanda, no obstante, debe superar el sentido propio de justicia --que se piensa apoyado en el derecho--, para dar paso a una demanda que se satisface por la aplicación del derecho positivo y bajo los procedimientos que la propia ley instituye. El (re)sentimiento punitivo debe tener en todo momento un cauce legal: que juzgue quien deba juzgar, que se aplique la ley, se respeten los procedimientos y plazos, y que nada quede impune.

La semana pasada subrayé aquí que el proceso por el cual se busquen y decidan las soluciones al caso del desenfreno llamado Fobaproa, debía servir a la sociedad, al interés general: los partidos pueden dar una salida al Fobaproa al menor costo posible, provocar una gran lección política sobre la observancia de la ley, y patrocinar una reforma de fondo de la esfera financiera.

Ello sería posible, apuntaba, si los partidos supeditan su interés político partidario al mencionado interés general. El Partido de la Revolución Democrática ha decidido colocar las cosas al revés y lo ha hecho así no sólo de manera ostensiblemente expresa, sino también errando el tiro de la justicia, con tal de echar tiros que, según cree, le dejarán bonos electorales redituables.

López Obrador, así como miembros y simpatizantes del PRD, para atacar al PRI, han atacado irreflexivamente al Instituto Federal Electoral. Lo han hecho tanto señalando con dedo acusador al Instituto, como a la persona de José Woldenberg, por declarar, correctamente desde el punto de vista legal electoral, que los gastos de campaña de 1994 eran ``un caso cerrado'' (expresión más adecuada al asunto que la de ``cosa juzgada'').

Woldenberg no puede hacer otra cosa sino encarnar a la autoridad electoral, es decir, atenerse y defender la legalidad vigente en la materia. La coordinación de comunicación social del IFE ha explicado ya los términos legales de su declaración. El Consejo General del IFE de 1994, del que el PRD era miembro por la vía de la (activa) voz y el (ágil) voto del hoy senador Muñoz Ledo, y la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, bajo la legalidad de entonces, emitieron un dictamen sobre los gastos de campaña de ese año que no establecía sanciones para ningún partido; dado el principio de definitividad que regía las resoluciones de dicha sala (artículo 343 del código electoral de entonces), el referido dictamen es caso ``cerrado'' o ``definitivo'' para la legalidad electoral, que no necesariamente para el derecho penal. Por tanto el PRD podría denunciar al PRI por el presunto origen fraudulento del financiamiento de sus gastos de aquel año; sólo tiene que hacerlo en los tribunales competentes. Puede así no lanzar dardos infundados a una de las pocas instituciones producto del proceso de democratización, que debe mucho, entre otros, al propio PRD.

El principio de definitividad quedó vigente en la ley actual por cuanto es uno de los pilares de toda legislación electoral y una norma constitucional: ``Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señale esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales'' (artículo 41, último párrafo).

Si los dardos del PRD contra el IFE no son una mera campaña publicitaria para explotar electoralmente el asunto Fobaproa, debe abrir causa penal contra el PRI en los tribunales competentes (PGR o Fiscalía Especial sobre Delitos Electorales) y sostener el proceso hasta sus últimas consecuencias; si no lo hace quedará claro que en este punto trabaja para sí, no para el interés general. Veremos qué cauce toman los 3 millones de votos.