No hay relación entre el rescate bancario y el de carreteras: Tribasa

Víctor Cardoso Ť Aunque el rescate de las autopistas no ha concluido, tampoco se han liquidado adeudos a constructoras y cerca de 3 mil 200 trabajadores de esas empresas amenazan con una huelga, Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe) asumirá el próximo martes la operación y mantenimiento de 20 de los 23 tramos rescatados en agosto de 1997 por el gobierno federal (tres se encuentran en construcción).

Mientras tanto, las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) empezaron una segunda auditoría para aclarar cualquier posible vínculo con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El presidente de Triturados Basálticos y Derivados (Tribasa), David Peñaloza Sandoval, uno de los principales concesionarios de autopistas durante el sexenio pasado, afirma tajante: ``El Fobaproa nada tiene que ver con el rescate (de autopistas); son dos temas diferentes que no se deben mezclar. Quien quiera hacerlo sólo estará desinformando a la opinión pública''.

Lo cierto, afirma, es que ex concesionarios y autoridades aún se encuentran en un ``estira y afloja'' para determinar la liquidación de adeudos que las autopistas contrajeron con las constructoras.

Sin embargo, fuentes cercanas a las auditorías aseguraron que si bien inicialmente se había acordado realizar esas revisiones sólo en algunos tramos, ahora las autoridades determinaron realizarlas en todas las carreteras rescatadas --incluidas las que se encuentran en construcción-- para evitar en lo posible que se les vincule con el Fobaproa.

Mientras no concluya la segunda auditoría se retrasará el pago del saldo en Pagarés de Indemnización Carretera (PIC), que en el caso de Tribasa representan 50 por ciento del total adeudado, mientras que para Ingenieros Civiles Asociados (ICA) asciende a 60 por ciento (alrededor de 6 mil millones de pesos). Para Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), que llegó a ser la tercera concesionaria de autopistas, la liquidación del rescate podría llegar demasiado tarde, pues prácticamente se encuentra en quiebra técnica y la cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continúa suspendida.

Aunque Capufe será el operador y administrador de las autopistas rescatadas y podrá subcontratar esas tareas con empresas privadas, las autoridades no han evaluado las condiciones de la infraestructura ni el tratamiento que se dará a los cerca de 3 mil 200 trabajadores que realizaban esas funciones. Según declaraciones del director de Capufe, Gustavo Carbajal Moreno, el organismo sólo podrá contratar a unos mil 200.

En intensas negociaciones, la SCT, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), como titular de las concesiones, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por el Fideicomiso de Apoyo al Rescate Carretero (Farac), rehúsan aceptar la función de patrón sustituto y, aún más, pagar las liquidaciones correspondientes.

Previo a la transferencia de las autopistas, los ex concesionarios (que siguieron operándolas y administrándolas durante un año desde agosto de 1997) comenzaron a desocupar oficinas y casetas. ``Sólo están dejando el asfalto y los equipos de control de tránsito'', comentó un funcionario.

Capufe, a su vez, comenzó a elaborar un diagnóstico sobre el estado de las 23 autopistas rescatadas.

Por su parte, fuentes empresariales comentaron que hay rezagos en el mantenimiento de las 20 autopistas que se encuentran en operación, pues ``por instrucciones de las propias autoridades'' los ex concesionarios aplicaron la mayor parte de los ingresos al pago de la deuda con la banca. Ante esa situación --dijeron-- tampoco se crearon reservas para pagar indemnizaciones a los trabajadores.