La consulta que hoy tiene lugar en todo el país es un ejercicio cívico y democrático de importancia trascendental. Al participar en ella, los mexicanos podrán expresar libremente su opinión en torno a un asunto que a todos atañe y cuya definición no debe quedar restringida a las determinaciones, sean éstas atinadas o incorrectas, de los círculos de poder: la pretensión de convertir en deuda pública los más de 55 mil millones de dólares que integran los pasivos bancarios del Fobaproa.

Si bien la idea de convocar a la ciudadanía para expresar su opinión sobre el destino de ese fondo provino del PRD --partido que invirtió considerables recursos económicos, materiales y humanos en la organización de la consulta--, la sociedad ha contribuido de manera amplia e intensa a las labores de logística, difusión y preparación de un acontecimiento cuyo talante, antes que partidista, es popular y civil.

Ciertamente, la consulta --que por sus significado y alcance constituye un virtual plebiscito-- no tiene carácter de mandato ni obliga a ninguna instancia gubernamental a acatar su resultado. Pero si se tienen en cuenta la autonomía con que fue organizada y el amplio apoyo social que ha recibido, queda claro que el movimiento ciudadano suscitado respecto al Fobaproa y el resultado de la consulta, cualquiera que sea, no deberán ser dejados de lado y podrían servir de base para la inclusión en el marco legal de las figuras del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.

Por otra parte, ha de señalarse que por la tremenda carga que pesaría sobre los contribuyentes de dar curso a las propuestas oficiales, y ante las evidencias de que el fondo habría sido utilizado para cubrir operaciones crediticias irregulares y para absorber gastos de campaña del PRI en 1994, la aprobación de la iniciativa de ley correspondiente sin mediaciones ciudadanas se traduciría en un atropello contra la sociedad.

Además, no debe olvidarse que la realización de este sano ejercicio democrático se inscribe en la nueva correlación de fuerzas resultante de las elecciones de 1997, y tiene como sustento moral las legítimas exigencias de la ciudadanía en el sentido de contar con mayores espacios de participación. Ya en ocasiones anteriores --una con la consulta sobre la transformación del DF en el estado 32, realizada en 1993, y otra ante la convocatoria formulada por el EZLN en 1995 para que la sociedad opinara en torno a la posible conversión del zapatismo en fuerza política-- los mexicanos se organizaron, al margen de gobiernos y partidos, y acudieron de manera comprometida y copiosa a emitir sus puntos de vista y a revalidar su derecho a ser tomados en cuenta. Para completar este panorama de compromiso social creciente, debe señalarse la masiva y alentadora respuesta que en la capital del país tuvo ayer la jornada Recuperemos la avenida Insurgentes. Quince mil personas de todas las clases, profesiones y filiaciones partidarias se reunieron para dignificar una de las vialidades con más historia en la metrópoli.

El despertar de la conciencia cívica y el convencimiento de los mexicanos de que con la cooperación y corresponsabilidad entre sociedad y gobierno es posible coadyuvar en la atención de los rezagos, la solución compartida de los problemas y la definición democrática de las políticas públicas, son dos de los activos más importantes y valiosos de la nación.

Por ello, cabe formular una exhortación, por un lado a los ciudadanos y a las autoridades de toda la República, para que la consulta de hoy se desarrolle de manera libre y en calma y, por el otro, al gobierno federal y a los legisladores, con el fin de que tomen en cuenta tanto en el caso del Fobaproa como en el resto de las iniciativas y proyectos que sean puestos a su consideración, la opinión mayoritaria de los ciudadanos --máxime si ésta se expresa de forma organizada, transparente y cuantiosa--, y así contribuyan al desarrollo democrático y al fortalecimiento de las instituciones del país.