El cuarto Informe de Gobierno, el martes próximo, será escuchado por una sociedad mayoritariamente insatisfecha, inconforme, indignada incluso con el desempeño del presidente Zedillo y su equipo. Pese a haber llegado al gobierno con un respaldo amplio del electorado, casi sin cuestionamientos de los partidos de oposición, no ha cumplido en la práctica ninguna de sus promesas de campaña o de sus ofrecimientos en el momento de tomar posesión de la Presidencia de la República.

En cuatro años, no sólo no consiguió la paz en Chiapas, como era su compromiso y deber, sino en lugar de ello diseñó y lleva a la práctica una estrategia encaminada a aplastar al EZLN y someter a las comunidades indígenas; torpedeó los pasos que se dieron en las conversaciones de San Andrés, en 1996, incumplió los acuerdos firmados por sus representantes, que abrían el camino a una solución negociada y a la paz con dignidad; de esa manera, canceló el diálogo y negociación con los representantes del zapatismo. Asimismo, como parte central de la táctica del gobierno, el Ejército presiona constantemente a las comunidades y se alienta, tolera e incluso se patrocina a grupos paramilitares que aterrorizan a la población y son los responsables materiales de la masacre en Acteal y de otros actos terroristas sangrientos.

La acción violenta contra los indígenas se ha extendido a Guerrero y Oaxaca, donde hay una fuerte presencia del Ejército Mexicano, con el objetivo también de sofocar la inconformidad de quienes aspiran legítimamente a un régimen de justicia y dignidad, a salir del atraso y la marginación. En las cárceles de esos y otros estados del país hay numerosos presos políticos y se acosa a las organizaciones civiles con el propósito de doblegarlas.

Asimismo, el gobierno es renuente a admitir que ya no es posible seguir gobernando, adoptar decisiones importantes de política y en materia económica sin tomar en cuenta a la oposición de la derecha civilizada, representada por el PAN, a la izquierda moderada del PRD y a la radical, personificada por el EZLN y numerosos grupos del movimiento político y social. No les cabe en la cabeza que el escenario político está cambiando y se desarrolla un proceso de transición a la democracia; no aceptarlo, sólo provoca tensiones y conflictos.

Si del bienestar para la familia mexicana se trata --una de las promesas centrales de la campaña de Zedillo--, en lugar de aproximarse se ha aplazado para un futuro impreciso; la pobreza se extiende cada día a más mexicanos, se profundizan las desigualdades y a los hombres del gobierno sólo les preocupan las cifras de la macroeconomía, que ninguna repercusión positiva tienen en los bolsillos de los trabajadores asalariados.

Lo anterior tiene íntima relación con el arrogante lema de campaña de que él (Zedillo) sí sabía cómo conducir la economía, afirmación no confirmada en modo alguno en sus cuatro años en el gobierno. Sus recetas y su culto dogmático al llamado libre mercado, no han servido siquiera para evitar las constantes sacudidas a la vida económica; tampoco, por supuesto, para mejorar las condiciones de vida de la gente, aumentar sus ingresos, acabar con el desempleo que son, debieran ser, las metas centrales de la economía.

En su lugar y pese a la crisis económica, no se ha detenido el proceso de enriquecimiento, de acumulación de capitales en pocas manos. Los salarios de los trabajadores mexicanos son de los más bajos en el mundo, pero en las listas de los hombres más ricos del planeta hay unos cuantos capitalistas nacionales.

En suma, y más allá de la autosatisfacción que pueda contenerse en el Informe Presidencial, el desempeño de Zedillo es negativo en la política, pero también en la economía.

La antevíspera del Informe, o sea mañana, el Partido de la Revolución Democrática realizará una consulta para que hombres y mujeres emitan su opinión sobre el destino del Fobaproa, del sistema financiero y la suerte de los pequeños y medianos deudores. En plazas, mercados y otros lugares públicos se podrá votar y de esa manera hacer, es conveniente, un ejercicio político de participación ciudadana.

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