La renuncia de Rodolfo Debernardi al cargo de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, para muchos quizá tardía, es una medida positiva con múltiples significados e implicaciones que no deben pasar desapercibidos.

En primer lugar, desde hace ya varios meses diversas voces de la sociedad capitalina señalaron que el desempeño del ahora ex titular de la SSP no había respondido con la amplitud y rapidez requeridas a los acuciantes y legítimos reclamos ciudadanos en materia de profesionalización y moralización de la policía de la ciudad de México y de combate frontal al crimen y la impunidad. Además, el hecho de que sobre Debernardi pesara una orden de arresto, suspendida hace unas semanas luego de que se le concediera un amparo definitivo, minó su credibilidad ante la población. Y si a ello se suman casos como el secuestro y el abuso sexual en contra de tres jovencitas cometidos por integrantes de la Policía Montada de Tláhuac hace poco más de un mes, para los habitantes del DF quedó claro que las autoridades policiales en turno no eran capaces de enfrentar el descontrol y la aguda descomposición que prevalece en la SSP y, por ende, de abatir significativamente los índices de delincuencia e inseguridad.

El gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas ha emprendido una serie de medidas orientadas a corregir los graves problemas, heredados del periodo de la regencia, que prevalecen en múltiples instancias de la administración capitalina. Y aunque, según datos de la propia SSP y de la Procuraduría de Justicia del DF, se ha logrado reducir la comisión de delitos en la capital del país, no debe olvidarse que la ciudadanía espera de sus autoridades electas mucho más que la disminución de algunos puntos porcentuales en las estadísticas: exige la puesta en marcha de un amplio programa de depuración y capacitación del personal de la policía de la metrópoli. Para los habitantes del DF resulta inaceptable que, a casi nueve meses de iniciado el nuevo gobierno, permanezcan vigentes muchas de las irregularidades, ineficiencias, vicios y círculos de complicidad que caracterizaron a administraciones anteriores.

La destitución y, en su caso, el castigo conforme a derecho de los mandos y cuadros policiacos vinculados con prácticas de corrupción o connivencia con las organizaciones delictivas, la eliminación de los cotos de poder y las prácticas autoritarias que distorsionan y entorpecen las tareas de seguridad pública, el cese de todo agente del orden que presente conductas incompatibles con el correcto cumplimiento de sus responsabilidades y el establecimiento de una nueva relación, basada en el respeto, la honradez y la disposición de servicio a la comunidad, entre las policías y la sociedad, constituyen algunas de las premisas que deben ser incluidas -y cumplidas a la brevedad- en las acciones de reorganización de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia de la capital del país.

Por otra parte, resulta positivo que se haya escogido a un civil, Alejandro Gertz Manero, para sustituir a Debernardi, pues con ello se deja atrás la suposición de que la lucha contra el crimen y la necesaria depuración de las corporaciones de seguridad pública sólo podían ser encaradas de forma eficaz por jefes militares.

El relevo en la SSP es una oportunidad inapreciable para redoblar los esfuerzos en contra de la delincuencia, la corrupción y la impunidad que laceran y agravian a los capitalinos. Por ello, cabe esperar que, más que un simple cambio de funcionarios, el gobierno del DF emprenda una campaña decidida y sin concesiones en contra de las organizaciones delictivas y de quienes, desde el poder público, las toleran, encubren o apoyan.