Luego de casi tres años de haberse promulgado la ``Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública'', en la que se ordenó la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad nacional, y a poco más de dos años de haberse aprobado el ``Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000'', elaborados con el fin de combatir los altos índices de criminalidad y mejorar los mecanismos de readaptación social, el Ejecutivo federal dio a conocer el pasado jueves el ``Plan Nacional de Seguridad'', con el que, según se dijo, se inicia una ``verdadera'' cruzada contra el crimen y la delincuencia.

El plan contempla la ejecución de más de cien acciones, a través de ocho ejes estratégicos: reestructuración y aumento de las policías (se crearán archivos de datos sobre los antecedentes de los policías, para garantizar el ingreso de agentes honestos); capacitación y combate a la corrupción; aumento de personal en la procuración de justicia; mejoramiento de salarios; revisión del marco legal y de las penalidades para diversos delitos; construcción de más reclusorios y perfeccionamiento de los sistemas de readaptación social; establecimiento del servicio civil de carrera y atención inmediata a las demandas ciudadanas de seguridad, mediante comunicaciones de los particulares a los cuerpos de seguridad, vía satélite y microondas.

Destacan como evidentes aciertos la profesionalización de las policías, el combate a la corrupción y el mejoramiento de salarios, pero son todavía palabras que ya hemos escuchado muchas veces, sin que se hayan traducido en hechos. Y ahora son hechos, acciones prontas y eficaces, lo que dramáticamente necesitamos. Recuérdese que la legitimación de un gobierno depende en la práctica principalmente del grado de seguridad que brinde a los gobernados.

Se habla por fin de una dotación considerable de recursos para la consecución del plan. Pero, ¿son en verdad suficientes? Así lo esperamos. Si no lo son, habrá que añadir oportunamente los que falten.

La carrera policial tendrá que incluir una cultura centrada en el respeto a la persona y a sus derechos humanos. La seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia, así como la ejecución de las sanciones, no están reñidas con el respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos de víctimas y victimarios. Son, por el contrario, inseparables de dicho respeto. No es verdad, como se ha demostrado con hechos y argumentos irrebatibles, que las organizaciones de derechos humanos defienden delincuentes. Defienden, cada vez mejor, la legalidad y el estado de derecho, y vigilan que los servidores públicos cumplan legítima y éticamente con su deber.

Mejorar el marco legal y revisar a fondo las punibilidades establecidas para los delitos es saludable, pero debemos recordar que el problema no es tanto de leyes sino de incapacidad de los servidores públicos. No tiene sentido revisar las sanciones si los delitos no se persiguen adecuadamente y, por consiguiente, no se aplican como se debería. Tampoco debe aprovecharse la revisión de leyes para hacer modificaciones que restrinjan las garantías y derechos procesales actualmente vigentes. No tienen razón las voces --algunas de ellas de servidores públicos de la propia procuración de justicia-- que afirman que tanto las leyes penales procesales como sus ``excesivos'' requisitos derivados de reformas más o menos recientes, les impiden realizar eficazmente su labor.

La inoperancia de los aparatos de seguridad pública y de procuración de justicia es aguda, profunda y crónica, y su deterioro data de muchas décadas, de mucho antes que existieran las organizaciones de derechos humanos o se hicieran las reformas legales de los últimos años. Es absolutamente indispensable depurar los aparatos de procuración de justicia de todos aquellos elementos negligentes, corruptos e ineficientes que propician, promueven, solapan o se asocian con el delito, exigiéndoles sus responsabilidades.

La ``cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia'', si es auténtica, merece el completo apoyo de autoridades y ciudadanos, porque logrará un mejor clima de convivencia de todos los mexicanos. Debemos luchar juntos contra la impunidad, la corrupción, la insensibilidad y la negligencia. Si realmente se cumplen las acciones del plan, nuestra convivencia en un verdadero estado de derecho será un objetivo más alcanzable.