Hay acuerdo en que el país se enfrenta en el plano económico - social a dos desafíos que son prioritarios: la generación de empleo y la reducción de la población pobre. Sin embargo, la meta de la creación de ocupaciones debe ser calificada: se trata de crear buenos empleos en el sector formal de la economía. Este es el elemento clave que permitirá ir reduciendo el problema de la pobreza. Por sí misma, la política social es limitada para enfrentar este gran desafío nacional. Sin desconocer la importancia que tiene la inversión en educación, salud y servicios básicos para superar la pobreza, ello sólo será posible en la medida que las condiciones generadas por la inversión social den, efectivamente, acceso a ingresos permanente, lo que depende de la disponibilidad de empleo.

Por otra parte, tampoco hay desacuerdo en que la generación de buenos empleos depende del crecimiento de la economía. Una economía estancada o poco dinámica no demanda trabajadores y, por lo tanto, no da acceso a ingresos a la población ni permite superar la pobreza, por más educada y saludable que sea.

Hasta aquí los acuerdos. Existen divergencias profundas sobre los medios que diferentes corrientes económicas proponen para lograr aquellos objetivos. El planteamiento dominante se basa en el postulado que el desempleo se explica por salarios demasiados elevados, que determinan que a ese nivel los trabajadores ofrezcan trabajo en exceso con respecto a la demanda por ese factor. Por lo tanto, la solución al problema del desempleo radica en la reducción de los salarios. Esto, por una parte, desalentará a algunos trabajadores a ofrecer su trabajo, mientras que, por la otra, estimulará la contratación de personal por las empresas. La explicación de estos fenómenos que da la economía convencional puede parecer, en algunos aspectos, curiosa y, en otros, absurda. Por una parte, plantea que la reducción de los salarios desalienta el trabajo dado que el ocio se hace relativamente barato. En otras palabras, si se deja de trabajar se pierden pocos ingresos, dado que los salarios se han reducido. Pero cualquier persona más equilibrada que un economista se preguntaría si efectivamente los trabajadores tienen la alternativa de optar entre ocio e ingresos. El ocio es un lujo de los ricos, pero no de los asalariados.

El planteamiento que la reducción de salarios estimulará el empleo se basa en que los salarios pagados dependen de la productividad, y dado que ésta se supone decreciente en la medida que aumenta el empleo, los menores salarios aumentan la ocupación hasta el nivel permitido por la menor productividad del trabajo.

La economía convencional no se plantea la pregunta acerca de dónde aparecerá el poder de compra que demande la producción incrementada. Se supone que este problema en la economía no existe, que demanda y oferta siempre están en equilibrio, y, por lo tanto, que la oferta adicional generada por la mayor ocupación creará inmediatamente la demanda suficiente para absorber el incremento de producción, lo que permitirá sostener el nivel de empleo.

Del hecho que en el planteamiento económico dominante la reducción de salarios es el elemento clave que permite generar empleos a la vez que incrementa la producción se desprende la relevancia que en la denominada segunda generación de las reformas estructurales se le concede a la modificación de las leyes laborales. El centro de la propuesta impulsada por el Banco Mundial y los gobiernos de la región consiste en flexibilizar el mercado laboral, lo que a través de diversas vías se traducirá, en último término, en la reducción de los costos salariales.

La propuesta alternativa para aumentar el nivel de empleo parte negando que oferta y demanda estén siempre en equilibrio, sosteniendo que los niveles de actividad económica y de empleo están determinados por la demanda. Si un país se enfrenta a problemas de desempleo, la expansión de la demanda generará una respuesta por el lado de la producción, lo que al crecer, exigirá la contratación de un mayor número de trabajadores. Los instrumentos convencionales para manejar la demanda son la política fiscal y la monetaria. Sin embargo, el manejo de estos instrumentos requiere superar los tabú que el presupuesto público debe estar siempre en equilibrio, que el gobierno debe reducir sus gastos y que la tasa de interés debe manejarse no para estimular la inversión productiva, sino como medio para estimular el ingreso de capitales.