Si fuera procurador -digo, es un decir, pues no soy jurista- investigaría el origen de la fortuna de Raúl Salinas, o sea, la manera cómo este personaje de la picardía mexicana y la delincuencia política le cobró dinero a varios empresarios; averiguaría por qué éstos le entregaron grandes sumas al hermano del entonces titular del Poder Ejecutivo, con el propósito de poner al descubierto la red de tráfico de influencias que denotan las actividades dizque empresariales del ahora inquilino de Almoloya.

También investigaría las relaciones entre Carlos Salinas, Madrazo Pintado y Cabal Peniche, y de estos tres con Ernesto Zedillo, así como de quienes operaron los traspasos al PRI de grandes sumas de dinero desde diversas empresas a partir de créditos de Banca Unión y las maniobras ilegales de esta institución crediticia.

Intensificaría la búsqueda nacional e internacional de Cabal Peniche y, al mismo tiempo, averiguaría la posible responsabilidad de funcionarios de Hacienda en la supervisión tan permisiva de Banca Unión durante el desempeño de aquél como banquero.

Abriría una averiguación sobre las relaciones de El Divino Rodríguez con Carlos Salinas y la manera en que éste intervino en operaciones tendientes a financiar el gasto del PRI.

Ordenaría a un agente del Ministerio Público, especializado en delincuencia de políticos y vínculos de éstos con financieros privados inescrupulosos, que averiguara el origen de los enormes gastos del PRI y de su entonces candidato Ernesto Zedillo, así como de otros operadores, con el propósito de dejar en claro todo este asunto y perseguir los delitos que se hubieran cometido.

Crearía una agencia especial del Ministerio Público para recibir denuncias relacionadas con las operaciones bancarias ilegales que se encuentran asimiladas en el Fobaproa, el asunto carretero y otras quiebras como la del World Trade Center.

Investigaría las declaraciones del señor De Prevoisin en el sentido de que él entregó fondos de origen ilegal procedentes de Aeroméxico al Partido Revolucionario Institucional.

Pero como todo esto es tan sólo un decir, por lo pronto me pregunto: ¿por qué el procurador no hace todo esto? ¿Por qué la investigación sobre el origen del dinero de Raúl Salinas la lleva a cabo la procuraduría suiza, pero no la PGR? ¿Por qué no se investigó nada sobre las millonarias cuentas de un partido político nacional --el PRI--, operadas por Madrazo Pintado, para financiar la campaña de Ernesto Zedillo y la del ahora gobernador de Tabasco? ¿Por qué las declaraciones de inculpados como El Divino, De Prevoisin y otros no son motivo de una averiguación, permitiendo que el PRI afirme cínicamente que todo lo que éstos dicen y digan no son más que mentiras de delincuentes? ¿Por qué el procurador se ha vuelto tan pasivo que ni siquiera hizo el menor intento de averiguar si era cierto que Carlos Salinas le dio a Mario Ruiz Massieu una maleta llena de billetes, como éste declaró ante un juez estadunidense? Por lo visto, la justicia mexicana tiene los ojos bien abiertos para no hacer lo necesario en ciertos asuntos relacionados con políticos oficialistas y financieros ligados al PRI.

El Constituyente de Querétaro reformó la institución del Ministerio Público, dándole las elevadas funciones de averiguar y perseguir ante los tribunales a los delincuentes. Al mismo tiempo, abolió la Secretaría de Justicia, con lo cual el Poder Ejecutivo dejó de tener injerencia orgánica en esta materia, otorgando al Presidente solamente la atribución de nombrar y remover al procurador y otros agentes. La PGR, sin embargo, ha funcionado siempre como Secretaría de Justicia, bajo el mando del titular del Poder Ejecutivo, lo mismo que las procuradurías de los estados, las cuales operan según las instrucciones de los gobernadores.

La independencia del Ministerio Público sigue siendo una necesidad de la República.