En un contexto de turbulencia financiera nacional y mundial, y cuando se multiplican los indicios de graves e innumerables irregularidades en los procesos de desincorporación realizados en el sexenio pasado, particularmente las privatizaciones de bancos y grupos financieros, Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, acusado de defraudar a la institución bancaria que presidía, emitió declaraciones que enturbian todavía más la desfavorable percepción de la ciudadanía en torno a la forma en que se han venido manejando los dineros públicos; asimismo, tales afirmaciones fortalecen la sospecha generalizada --a la que se hizo referencia ayer en este espacio-- acerca de una posible connivencia ilegítima entre el grupo gobernante y diversos sectores financieros.

Las afirmaciones de El Divino, formuladas ayer ante legisladores de la subcomisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en el sentido de que el gobierno habría favorecido a Pedro Aspe y Alfonso Romo con la venta de Aseguradora Mexicana a un precio mucho menor de su valor real, deben motivar el comienzo de investigaciones que comprueben la veracidad de dicha transacción y, de ser el caso, si se efectuó con apego a las leyes y normas vigentes.

Algunas voces oficiales han buscado descalificar la información divulgada por Rodríguez argumentando que, en razón de las imputaciones que enfrenta, no debe concedérsele credibilidad alguna. Se trata de un argumento falaz. Nadie conoce mejor las actividades delictivas que quienes han participado en ellas, y si se demuestran las acusaciones contra El Divino, ello no implica necesariamente que sus aseveraciones sean falsas.

En todo caso, independientemente de si el ex banquero resulta absuelto o es declarado culpable, se trata de un testigo privilegiado, de un protagonista en los dudosos procesos de desincorporación comenzados hace una década, y sus informaciones revisten tal gravedad que no pueden pasarse por alto.

Este episodio confirma la necesidad de que las autoridades den muestras de voluntad política y emprendan, de una vez por todas, el esclarecimiento del manejo de los recursos públicos en el pasado reciente y cumplan con la obligación de rendir las cuentas que la ciudadanía está exigiendo. Se trata de una tarea urgente y necesaria, no sólo por respeto a los principios de honestidad y legalidad, sino también porque las incertidumbres y sospechas están sin duda gravitando negativamente sobre la confianza financiera, e incidiendo en el brusco deterioro del escenario económico del país.