En el estrado, solitaria voz: ``solapar, ¿no es traición a la patria?''

Blanche Petrich Ť Sola y anónima, austera en su traje sastre negro, sólo con un listón blanco prendido a la solapa, la mujer se ubicó en el último asiento del presídium que poco a poco fueron ocupando los secretarios de Estado y los gobernadores. Revisaba, tal vez, los puntos y comas de un texto que llevaba escrito.

Durante el lapso previo a la ceremonia en la que se presentó oficialmente la llamada Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia, siempre aprovechable para la socialización y el cabildeo, nadie la saludó; sola, en el rincón del presidium levantado debajo de la fuente-paraguas del gran patio del Museo Nacional de Antropología.

Pese a la gravedad del tema que dio origen a la convocatoria de la solemne reunión --cómo atacar la incontrolable delincuencia y restituir la seguridad pública-- los temas que dominaban las charlas matutinas giraban en torno a los escándalos político-financieros en la cartelera del día... Fobaproa, los gastos de campaña del 94, la ``impertinencia'' de Andrés Manuel López Obrador y sus temidas listas, los dispendios electorales del gobierno de Tabasco.

Un escalón debajo de la mujer de negro un trío charlaba intensamente. El gobernador poblano Manuel Bartlett llevaba la batuta y miraba a los ojos al tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, quien amaneció nuevamente en el ojo del huracán nunca disuelto por sus exorbitantes gastos de campaña. Al margen, y sin perder palabra, seguía la conversación Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo.

El director de Nacional Financiera, Carlos Sales Gutiérrez, responsable de las finanzas del PRI en los tiempos del nuevo escándalo, entraba con un caudal de reporteros a los costados. ``Pregunten, pregunten lo que quieran''. Algunos pasos más al centro, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, y el líder de la Comisión Permanente del Senado, Genovevo Figueroa, michoacanos ambos, cruzaban cortesías para hacer pasar el tiempo. A su lado, el chihuahuense Francisco Barrio miraba a la distancia. Los corrillos se hacían y deshacían. Los ejecutores del protocolo reubicaban al procurador del Distrito Federal, Samuel del Villar, algo rezagado en el sillerío, asientos más adelante. En su esquina, la mujer no levantaba la mirada de su texto.

Madrazo Pintado, quien pretendió que la Suprema Corte de Justicia inhabilitara a la Cámara de Diputados para hurgar en sus controvertidos gastos de campaña y perdió la apuesta, intentaba ahora un pase mágico frente a los reporteros: ``Las puertas de Tabasco están abiertas para que la Cámara pueda revisar lo que considere conveniente''. Pero por cámara el gobernador sureño entiende ``no el grupo plural (conformado para investigar el desvío de fondos del ramo 26 por parte del gobierno tabasqueño a favor del PRI), sino la Contaduría Mayor de Hacienda o la Comisión Inspectora de Hacienda''.

Se alargaba demasiado el preludio. Tras bambalinas, el presidente Ernesto Zedillo demoraba su aparición por la impuntualidad de dos gobernadores, Rigoberto Ochoa, de Nayarit, y Vicente Fox, de Guanajuato. No querían los responsables del protocolo que el gobernador en campaña se hiciera notar por encima de los demás con su arribo extemporáneo. Ochoa llegó casi patinando sobre el mármol del museo, pero al final la silla de Fox terminó brillando por la ausencia del ocupante.

En su esquina, la mujer no levantaba la mirada de su texto.

``Mi hijo fue encontrado muerto''

Para dar a conocer el nuevo plan de seguridad para la República se seleccionaron tres voces de la sociedad víctima del crimen. Arturo Juncos, de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, refirió una paradoja: este año ocurrieron el mismo número de asaltos a transportes que en 1997... pero con mayor número de homicidios en las unidades. El empresario Ishie Gitlin advirtió contra ``la peor crisis de todas, la falta de seguridad''.

Y luego, la mujer de negro salió de su anonimato. Era Josefina Recaño de Nava y dijo: ``Después del sufrimiento silencioso de un secuestro que duró seis meses, mi hijo Raúl (de 28 años) fue encontrado muerto''. Acusó: ``Y es que la delincuencia se ha convertido en un negocio frecuentemente solapado por las mismas autoridades a quienes le estaba confiada nuestra seguridad''. Se preguntó: ``¿No será éste también un delito de traición a la patria y como tal debería ser juzgado?''. (Más tarde aclaró que en su referencia al mencionado delito, único para el que la ley mexicana admite la pena capital como sanción, no aludía a la pena de muerte; ``no creo en eso'', afirmó.)

Pocas palabras, las más eficaces. El presidente Zedillo saltó de su asiento y en cuatro zancadas la alcanzó, le tomó las manos, agradeció. Concluida la ceremonia, la señora De Nava repartió pequeños lazos blancos que fueron prendidos en las solapas de todos los funcionarios. Un remolino de manos se tendió para saludarla.

Josefina es la mamá de Raúl Nava Recaño, ingeniero de profesión. Lo describió como ``un triunfador, un excelente hijo, un mexicano comprometido''. Era director de la empresa familiar, Navafruit, exportadora de plátanos. Cuando cayó en manos de la banda de Daniel Arizmendi, aquí, en el Distrito Federal, el 6 de mayo de 1997, se exigió un rescate de 3 millones de dólares. Investigaciones posteriores lograron determinar que fue asesinado aproximadamente diez días después de su secuestro. Su cuerpo fue arrojado en un predio de la colonia Tepalcates, en Ixtapalapa. Fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense. Un mes después, sin que nadie lo reconociera, fue entregado a la Unidad de Prácticas de la Facultad de Medicina de la UNAM. El cadáver presentaba mutilación de ambas orejas. El 22 de octubre alguien hizo la conexión correcta. Los diarios se llenaron de esquelas. Para Josefina terminaba la búsqueda angustiosa. Iniciaba el duelo.

``Hemos fallado'': el Presidente

La autocrítica se había instalado bajo la fuente-paraguas del arquitecto Pedro Ramírez. En su discurso, el presidente Zedillo dijo que en el combate contra el crimen ``hemos fallado, pero no fracasaremos''. Y el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, admitió como causa del explosivo crecimiento del delito ``esta inadmisible impunidad que hoy existe''.

El diagnóstico del titular de Gobernación ha sido reiterado hasta el cansancio durante las 32 reuniones con igual número de gobernadores para la firma de los respectivos convenios de seguridad. Cifras inquietantes, aunque no sean nuevas.

De un millón 490 mil delitos denunciados, fueron iniciadas un millón 330 mil averiguaciones previas; se libraron 149 mil órdenes de aprehensión, sólo para una décima parte de las denuncias levantadas; y por la ejecución de esa enorme masa de ilícitos solamente se lograron 85 mil consignaciones, una vigésima parte. Conclusión: ``El número de delincuentes que está libre es muy alto''.

Para combatir todo esto hay en México 24 mil policías judiciales, 6 mil 500 agentes del Ministerio Público, 3 mil 500 peritos y 830 juzgados. Además, por boca del propio Labastida la confesión: ``Hay corrupción y colusión con los delincuentes''.

Dicho esto, Labastida Ochoa desglosó una vez más los ocho ejes del plan de seguridad, que al final resultaron ser un esbozo más que un proyecto detallado.