Admite Labastida: creció el hampa por la impunidad persistente

José Gil Olmos y Rosa Elvira Vargas Ť Al presentar la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, admitió que la gravedad del problema no permite que se tomen soluciones parciales ni ``medidas cosméticas'' y tampoco luchas ni combates aislados de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Al contrario, advirtió el funcionario, se requieren soluciones radicales, esfuerzos unidos sin distinción de partidos políticos y acciones que involucren a la sociedad.

Luego de escuchar testimonios de familiares de una víctima de secuestro y quejas de empresarios e industriales sobre los altos índices de delincuencia e inseguridad, Labastida reconoció dos aspectos importantes: que la seguridad pública es responsabilidad del Estado y que la impunidad ha crecido a tal grado que los policías se han hecho cómplices de los delincuentes, al brindarles protección. Sin embargo, sostuvo: ``no podemos ni vamos a ser derrotados''.

En un acto efectuado ayer en el Museo de Antropología al que asistió el presidente Ernesto Zedillo, los gobernadores de 28 estados -a excepción de los de Guanajuato y Coahuila-, el jefe del gobierno del Distrito Federal, los miembros del gabinete y representantes de la jerarquía católica, Labastida dijo que la delincuencia ha crecido en gran parte por la impunidad persistente.

Sin embargo, confió que con el Programa Nacional de Seguridad Pública, al que se le han destinado 3 mil 500 millones de pesos en 1998 y el doble para los próximos dos años, se logren combatir las principales causas que originan la criminalidad.

El secretario de Gobernación habló del rezago en la impartición de justicia. Señaló que el año pasado sólo se denunciaron un millón 490 mil delitos y muchos más quedaron sin denunciarse; fueron iniciadas un millón 330 mil averiguaciones previas, pero sólo fueron consignadas 249 mil - cerca de 20 por ciento- y que de 149 mil órdenes de aprehensión liberadas únicamente se ejecutaron 85 mil.

Labastida presentó un diagnóstico de las siete causas principales que originan la criminalidad. La primera de ellas el escaso número de agentes del Ministerio Público, de policías y jueces dedicados a la procuración y administración de la justicia. Esto es que para atender casi un millón y medio de delitos denunciados sólo trabajan 24 mil policías, 6 mil agentes ministeriales, 3 mil 500 peritos y 839 juzgados.

La segunda causa detectada es la deficiente capacitación del equipo que imparte y administra la justicia en el país, los bajos salarios e insuficientes prestaciones, que han provocado corrupción y colusión con la delincuencia.

En tercer lugar está el atraso tecnológico en materia de informática, sistemas de inteligencia anticrimen, comunicación y tácticas operativas y de investigación. En cuarto los escasos recursos financieros; en quinto el marco jurídico desactualizado, tanto en la aplicación de penas más severas como en la facilitación de la procuración y administración de justicia.

La sexta causa es la insuficiente coordinación de los cuerpos de seguridad, y la séptima la escasa participación en contra el delito.

Ante ello, Labastida presentó los ocho ejes por los cuales el gobierno federal y los estatales pretenden abatir el crecimiento de la delincuencia y la impunidad en todo el país:

El primero de ellos es contar con mejores elementos policiacos judiciales y preventivos, así como agentes del Ministerio Público -titulares y auxiliares-, a quienes se les aplicarán cinco exámenes de capacitación y de combate a la corrupción. Esto es, verificar si consumen drogas, que el nivel de vida corresponda con lo que ganan, que no presenten desequilibrios psicológicos y que tengan aptitudes físicas y psicológicas para el trabajo encomendado.

En este sentido anunció la construcción de cinco planteles de una Academia Nacional de Policía en igual número de estados donde se capacitará a los nuevos elementos de seguridad e impartición de justicia; la exclusión de los malos elementos; el incremento de sueldos para los que se queden y la creación del curso de Técnico Superior Policía Judicial por parte de la Secretaría de Educación Pública.

El segundo eje es la duplicación del número de agentes policiacos, peritos y del Ministerio Público para abatir el rezago de averiguaciones previas. El tercero es la instalación e integración del Sistema Nacional de Información, con tecnología de punta, en el cual se tendrá un archivo general con los registros del armamento, patrullas, policías y delincuentes de todo el país. La capacidad es almacenar 50 millones de huellas dactilares y los rasgos faciales y antropomórficos de 5 millones de personas. Adicionalmente, Labastida dijo que trabajarán con los estados en el registro de las órdenes de aprehensión vigentes para que puedan ser consultadas de inmediato por las procuradurías.

Dentro de este mismo sistema se instalará el número telefónico 066, de cobertura nacional, que permitirá auxiliar a la ciudadanía que requiera de protección o seguridad en cualquier parte del país mediante agentes policiacos o ministeriales. Dicho sistema estará acompañado de una distribución estratégica de policías y patrullas a distancias adecuadas.

El cuarto eje trata del equipamiento e infraestructura en materia de seguridad publica; es decir, el aumento de los espacios en la cárceles ya que existe un déficit de 21 mil lugares.

El quinto prevé el fortalecimiento de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y con las instancias federales para hacer más eficientes los recursos. El sexto eje precisa la necesidad de mejorar el marco legal vigente con la finalidad de revisar las penalidades establecidas para diversos delitos.

Como séptimo eje de la estrategia se considera la revisión de las normas, registros, personal, equipamiento y autorizaciones de operación de los servicios privados de seguridad. Y en el octavo se proponen mecanismos de participación ciudadana por medio de los Comités de Consulta y Participación de la Comunidad.

Francisco Labastida Ochoa destacó que la proliferación del crimen y la delincuencia tienen su origen más profundo en una severa crisis de valores. De ahí que fomentar honestidad, solidaridad, respeto a las leyes y a las demás personas, tolerancia de ideas y creencias, responsabilidad social, aprecio y valor al trabajo sea importante para recuperar los niveles de seguridad.