Los acuerdos del Centro Antidrogas negociado en principio por diplomáticos panameños y estadunidenses con la pretensión de instituir una organización formalmente multinacional ha tenido tropiezos, pero es necesario continuar atentos, pues el proyecto no ha sido aún derrotado.

Las dificultades de su implantación obedecen al ventajismo del grosero colonialismo norteamericano que se trasluce enseguida al leer los borradores preparados para la ocasión. Las cláusulas leoninas que tienen los principios de acuerdos han motivado las reservas de distintos países latinoamericanos, al tiempo que circunstancias políticas concretas de Panamá tampoco permiten de momento que se pueda seguir adelante.

Las dificultades de su implantación obedecen al ventajismo del grosero colonialismo norteamericano que se trasluce enseguida al leer los borradores preparados para la ocasión. Las cláusulas leoninas que tienen los principios de acuerdos han motivado las reservas de distintos países latinoamericanos, al tiempo que circunstancias políticas concretas de Panamá tampoco permiten de momento que se pueda seguir adelante.

Los partidarios nacionales de que se proceda con velocidad alegan como razón para tener confianza que la iniciativa para constituir el Centro fue panameña y no norteamericana. Nosotros no hacemos discusión sobre este punto. Aceptamos incluso que la iniciativa obedeció al ya fallecido canciller panameño Gabriel Lewis Galindo, muy cercano siempre a los grandes círculos de poder en Estados Unidos. Pero para opinar nos atenemos objetivamente a lo que dicen los textos. Y su lectura nos da a entender que, más allá de la noble idea de combatir el flagelo de las drogas, se pretende dar continuidad indefinida a la presencia militar estadunidense en Panamá y armar una estructura de grandes proporciones que permita fisgonear a Norteamérica los cielos y los mares de los países de todo el continente y amenazar sus soberanías.

La primera sorpresa al leer los documentos es que el nombre del Centro Multinacional Antidrogas (CMA), a constituirse en Panamá como se había anunciado, se encuentra cambiado, y ahora se llama Centro de Lucha contra el Narcotráfico (CLN). Asimismo, no se trata de un único acuerdo concertado en principio sino de tres acuerdos: uno general al que los países interesados sólo tienen la posibilidad de adherirse, y otros dos que competen a las concesiones panameñas a Estados Unidos. Por último, el Centro no se establecería nada más en la antigua base de la fuerza aérea de Howard, según se afirmaba. Además comprenderá instalaciones en la antigua Estación Naval de Farfán, en el Fuerte Kobbe, en la Base Naval de Rodman, en el Fuerte Sherman y en la Isla de Galeta o Isla de las Antenas, sin dejar de mencionar las concesiones sobre áreas de entrenamiento, polígonos o campos de tiro como el Polígono de Emperador, con un área de 8 mil 873 hectáreas, el Polígono de Balboa Oeste, con un área de 3 mil 700 hectáreas y el Campo de Tiro de Piña con un área de 2 mil 556 hectáreas.

La desmesura de la Concepción del Centro obedece a que se le han señalado funciones que rebasan el intercambio de información entre las partes y que incluyen adiestramiento de personal y detección y monitoreo por mares y tierras del tráfico de drogas, de embarques ilícitos de químicos precursores, y detección y monitoreo de actividades sobre el lavado de dinero, sin considerar que un tratamiento idóneo del asunto tendría que comenzar por las mafias que operan en Estados Unidos.

Tenemos la convicción de que el fin verdadero es el de fraguar un ejército transnacional, dirigido por Norteamérica que serviría para propósitos relacionados con el narcotráfico y asimismo para otros fines inconfesables. Con objeto de facilitar lo anterior, en los acuerdos se señala que en zonas específicas del CLN, Estados Unidos será el único responsable.

De concretarse los acuerdos en sus términos, con la magnitud del sistema militar que se crearía, es obvio que éstos significarían la continuación del coloniaje que ha padecido Panamá a lo largo del presente siglo. La vigencia estipulada para los acuerdos es de doce años, prorrogables de cinco en cinco años, a partir del 2000, y esfumaría las esperanzas panameñas de obtener definitivamente, el 31 de diciembre de 1999 como rezan los Tratados Torrijos-Carter, la transferencia del Canal y la evacuación de fuerzas armadas, sitios de defensa e instalaciones militares extranjeras, en el suelo patrio.