A favor del mandatario, los tiempos del Congreso y electoral
David Brooks, corresponsal, Nueva York, 25 de agosto Ť El liderazgo republicano en el Congreso ha señalado estos días que no tiene prisa alguna para evaluar el informe del fiscal independiente Kenneth Starr sobre posibles infracciones y delitos del presidente Bill Clinton, lo que ha recibido el respaldo de los legisladores demócratas.
Sin embargo, la palabra ``destitución'' no ha desaparecido del
diccionario político en esta coyuntura, aunque todavía se considera una posibilidad muy remota.
El presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, reiteró el pasado lunes que no considera muy prudente iniciar de inmediato una indagación legislativa sobre Clinton, cuando se reciba el informe final del fiscal Starr, que sería el primer paso en el prolongado proceso de ``destitución'' del mandatario.
El informe final llegaría al Congreso entre mediados y fines de septiembre.
``No estoy para nada seguro que se pueda entrar en esto este año, y tampoco que sería una idea prudente intentarlo'', comentó Gingrich al diario Washington Post.
Para algunos analistas, estos comentarios señalan una lectura de las encuestas, en las que se manifiesta poco apoyo para promover una investigación legislativa y empezar así la evaluación de la posibilidad de la destitución del presidente.
Sin embargo, todo depende, dicen, del contenido final del informe de Starr más allá solo del asunto de Monica Lewinsky.
Algunos medios comenzaron a indicar en las últimas horas que el fiscal podría invocar un eventual abuso de poder contra el presidente.
Por otro lado, dicen fuentes congresionales, si el informe llega a fines de septiembre eso implicaría que faltaría un mes para el final de este periodo legislativo, y esto se complica más con los tiempos de un año electoral para la legislatura; todos los legisladores tienen prisa para regresar a sus distritos para ``hacer campaña'', indican.
Los miembros del Comité Judicial contarían con muy poco tiempo para revisar lo que se espera será un voluminoso informe final.
Cualquier serie de audiencias sobre el asunto serían tortuosas y largas, indican.
Sin embargo, algunos legisladores republicanos han indicado que no tienen tanta paciencia y menos piedad y afirman que si existe cualquier prueba de obstrucción de la justicia o perjurio, no hay opción más que comenzar la investigación con la cual se inicia un proceso de destitución.
El proceso de destitución
Los delitos y violaciones definidas en la Constitución para ameritar la destitución son ``traición, soborno, u otros altos crímenes o fechorías'', pero, la Constitución no define lo que constituye un alto crimen.
En el caso de Clinton, el argumento inicial es si el perjurio y la obstrucción de justicia constituyen un ``alto crimen''.
Ningún presidente estadunidense ha sido constitucionalmente destituido en la historia del país.
El republicano Richard Nixon decidió renunciar en vez de enfrentar su destitución en 1974 por el delito de haber ``encubierto'' el caso de Watergate.
Otro que llegó al precipicio de la destitución fue Andrew Johnson, en 1868, quien fue salvado por el margen de un voto en el Senado sobre su destitución.
El artículo segundo, sección cuatro, de la Constitución detalla el proceso de destitución del presidente, vicepresidente u otros altos funcionarios, incluyendo jueces, por las violaciones ya mencionadas.
El proceso es largo: la investigación de Nixon y el proceso interrumpido (por su renuncia) de su destitución duró en total unos ocho meses.
El proceso comienza en la Cámara, que tendría que llegar al punto de votar a favor de ``artículos'' de destitución, y para llegar a ese punto, al parecer, se puede proceder en diversas maneras.
Lo que se espera en el caso de Clinton es que al presentarse el informe de Starr, la Cámara girará instrucciones a su Comité Judicial para investigar los cargos contra el presidente.
Este proceso puede interrumpirse o suspenderse a través de varias maniobras: una opción es que el Congreso se limite a emitir una reprimenda o declaración de sentir de la legislatura por el comportamiento de Clinton, lo cual no tendría mayor consecuencia que manchar su figura en la historia oficial del país.
Pero en el peor caso, podría concluir con una recomendación del comité al pleno de adoptar los ``artículos'' de destitución.
Si la Cámara aprueba tales ``artículos'', se inicia un juicio que se llevaría a cabo en el Senado, presidido por el jefe de los jueces de la Suprema Corte.
Al concluir el juicio se requiere de dos tercios del Senado para destituir al presidente, pero pocos esperan atestiguar tal proceso en el caso de Bill Clinton... por el momento.