Rehúsan dimitir cinco magistrados de lo contencioso administrativo

Ricardo Olayo Ť El gobierno del DF sostiene una disputa legal con cinco magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, con un amparo provisional, se resisten a dejar el cargo como lo manda la ley, informó el subsecretario de asuntos jurídicos, Mauro González Luna.

Este diferendo legal se registra, entre otros, con el presidente del tribunal, Horacio Castellanos Coutiño, quien ha dicho que es inamovible en su cargo, ``opinión con la que no estamos de acuerdo y que se considera infundada, toda vez que no ha cumplido con el requisito de tener dos periodos consecutivos de seis años en sus funciones'', explicó el subsecretario.

El gobierno no está de acuerdo en que continúen en sus puestos porque se ha vencido el plazo para el que fueron nombrados y no hay voluntad de ratificarlos. Incluso el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, ya propuso a la ALDF los nombres de quienes deben sustituirlos, añadió González Luna.

Sin embargo, serán los jueces de distrito quienes resuelvan el asunto, pues son la instancia ante la cual se han amparado los magistrados y en donde se lleva a cabo el litigio y se han aportado pruebas que, ``espero sean sólidas y suficientes para convencer de nuestra postura''.

La ley es muy clara y no da lugar a dudas. Los cinco magistrado no cumplen con los periodos requeridos, pues una vez vencido el encargo tienen que abandonar su función, lo que no ha ocurrido gracias a que los jueces de distrito en materia administrativa han otorgado parcialmente un amparo y por ello permanecen en sus cargos, luego de que hace más de un mes perdió vigencia su nombramiento, dijo el funcionario.

Dos de los cinco magistrados que conforman la sala superior del TCA, se inconformaron con Cárdenas. Entre ellos, el presidente Horacio Castellanos Coutiño, quien rindió su informe de labores en julio pasado, pero al que no acudió el jefe de gobierno, a pesar de que estaba programada su asistencia. El otro magistrado inconforme es Jaime Araiza Velázquez.

De las salas ordinarias se han amparado los magistrados Francisco Ponce Gómez, José Luis Moctezuma y José Manuel Ancona, informó ayer el subsecretario durante una entrevista en sus oficinas. Precisó que éstos argumentaron que se les afectan sus derechos con los nuevos nombramientos que envió Cárdenas a la ALDF, los cuales, por cierto, aún no han sido aprobados.

No importa que se hubiera enviado el nombramiento a la ALDF con posterioridad a la fecha de vencimiento del encargo de los magistrados, porque la ley es clara en que deben dejar su función y no establece un plazo para mandar propuesta de remplazo, precisó.

González Luna dijo que los magistrados están en su derecho de defenderse si creen que se les violentan sus derechos y estableció que el gobierno del DF respetará la decisión de las jueces quinto y sexto de distrito en materia administrativa, que son las encargadas de los amparos.

En todo caso, si no favoreciera el fallo al gobierno, quedan recursos de impugnación que sin duda se utilizarían vía la Dirección General de Servicios Legales, destacó.

Ante los jueces, el gobierno ha aportado como prueba la propia Ley del TCA, que indica que los magistrado sólo podrán ser promovidos o ratificados y, una vez que acumulen los dos periodos de seis años, serán inamovibles, pero en este caso, ésta condición no se cumple.

Si bien algunos de los magistrados inconformes tienen más de seis años en funciones, no llegan a 12 y por ese motivo no se les puede considerar definitivos. Lo que hay en el gobierno ``es confianza en que ganaremos el caso'', subrayó. Los nombramientos en el tribunal son enviados por el jefe de gobierno; esta instancia legal sirve para la defensa de los servidores públicos que han sido sancionados por instancias administrativas y en el caso de particulares inconformes con los servicios del gobierno.