La Jornada miércoles 26 de agosto de 1998
La información divulgada ayer por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, sobre algunas de las operaciones bancarias por medio de las cuales diversos empresarios y consorcios financiaron las campañas priístas de 1994, pone en severo entredicho la honestidad de las propuestas orientadas a convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa, a los cuales fueron transferidos créditos que, en su momento, beneficiaron a los consorcios y empresarios mencionados.
La información de referencia ahonda la sospecha colectiva sobre la existencia de una red secreta de complicidades entre el sector priísta que hoy ejerce el poder público y sectores financieros tristemente representados por Carlos Cabal Peniche, Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, Jorge Lankenau y Gerardo de Prevoisin, entre otros.
Ciertamente, los datos aportados por el CEN perredista no prueban la hipótesis de una conjura entre el priísmo y los beneficiados con las privatizaciones bancarias del salinismo para aportar fondos multimillonarios a las campañas de hace cuatro años de los candidatos del tricolor, a cambio de favores y prebendas que habrían de instrumentarse por diversos medios, uno de ellos el Fobaproa. Pero la información hace necesaria una investigación a fondo en el curso de la cual se confirmen o se descarten, de cara a la sociedad, y sin resquicio de duda, tal sospecha.
Las responsabilidades o delitos electorales que habrían podido derivarse del enorme caudal de dinero aportado por los grupos financieros a la campaña del PRI no pueden ser investigados porque, como correctamente lo afirma ese instituto político, son ya cosa juzgada por el Instituto Federal Electoral, el cual aprobó las formas de financiamiento y los manejos de dinero realizados por los partidos con motivo de la contienda de 1994.
Pero, si de acuerdo con la ley, no hay ya nada qué investigar en el ámbito electoral, ello no implica que deba descartarse una pesquisa de carácter penal que permita dilucidar si los movimientos bancarios referidos se realizaron de manera transparente y apegada a la legalidad o si, por el contrario, hubo en ellos responsabilidades delictivas, ya fuera por parte de los donantes o de los beneficiarios de los fondos.
En cualquiera de esos escenarios existe, además, la presunción de una responsabilidad política que hace necesaria una explicación puntual y convincente, por parte del priísmo, a la ciudadanía. En efecto, resulta un tanto inverosímil que los grupos financieros referidos hubiesen aportado sumas tan abultadas al Revolucionario Institucional sin esperar nada específico a cambio, movidos sólo por sus preferencias políticas.
En otro sentido, a la luz de los datos aportados por la dirigencia perredista, es claro que el Congreso de la Unión no debe, por ningún motivo, aprobar una solución al tema del Fobaproa, sea cual sea, sin tener antes a la vista los resultados de una investigación minuciosa e imparcial sobre las operaciones políticas que podrían estar en el origen del rescate bancario tal y como se llevó a cabo. De otra manera, los legisladores podrían dar pie a la sensación, por parte de la sociedad, de que, una vez más, se estaría resolviendo un grave asunto de interés público por la vía del carpetazo o del borrón y cuenta nueva.
Finalmente, la salud de la vida política y la integridad de las instituciones reclaman el esclarecimiento pleno de estas dudas. De otra manera, los avances logrados en años recientes en materia de normalidad democrática podrían percibirse como una mera simulación.