El programa de coordinación entre organismos policiales de Estados Unidos para el combate al narcotráfico en la frontera con México, al cual podrían sumarse las autoridades de nuestro país y que empezará a funcionar a partir de hoy en El Paso, Texas, se inscribe en la estrategia estadunidense de colocar la mayor cantidad de barreras y controles a los traficantes, con el fin de frenar el ingreso de estupefacientes al ávido mercado del vecino del norte.

Ciertamente, el refuerzo de la vigilancia en la zona limítrofe con México, así como la sincronización de operaciones entre las distintas instancias estadunidenses que participarán en este programa --la DEA, el FBI, el SIN y la Patrulla Fronteriza, entre otras--, dificultarán el accionar de los cárteles de las drogas y contribuirán a ampliar la eficacia y la capacidad de reacción de las corporaciones judiciales para la detección e incautación de cargamentos, así como para la aprehensión de quienes los transportan.

Además, este nuevo esfuerzo en el combate al tráfico de drogas podría marcar la pauta para el desarrollo de un programa de cooperación bilateral, a condición de que esté basado en el respeto mutuo de las soberanías nacionales y de las leyes de ambos países, y no en medidas unilaterales --como la operación Casablanca-- que, en vez de propiciar la necesaria colaboración internacional, generan fricciones, desencuentros y tensiones entre ambos países.

Sin embargo, si bien la vigilancia de la zona fronteriza contribuirá a frenar el ingreso de drogas al territorio estadunidense, la medida deberá ir aparejada de programas sociales de salud y educación para desalentar el consumo y, por ende, resolver el grave problema de drogadicción que padece la sociedad del vecino país. En tanto no se contrarreste la demanda, los traficantes de drogas seguirán buscando la manera de introducir su mercancía a Estados Unidos y a otros países identificados como altos consumidores de estos productos.

En otros términos, es necesario que los estamentos gubernamentales de Estados Unidos superen, de una vez por todas, su percepción del narcotráfico y la drogadicción como problemas que trascienden con mucho el mero ámbito policiaco y militar, y asuman que se trata, además, de asuntos sociales, educativos, médicos y de relaciones internacionales.