Insiste el PRI: a contribuyentes, 70% del Fobaproa
Enrique Méndez Ť En una propuesta que ``enriquece'' la iniciativa presidencial sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recomendó un nuevo esquema de control del sistema financiero y la banca del país para ampliar las excepciones al secreto bancario cuando se afecte el patrimonio del Estado, así como reinstaurar al régimen de concesión en lugar del de autorización para operar bancos y permitir con ello que, cuando se detecten delitos financieros, se revoque la adjudicación.
El control del Estado sobre los bancos al volver al esquema de concesiones permitiría contar con los ``elementos mínimos de soberanía nacional'' sobre la operación de los bancos, especialmente en aquellos donde participan inversionistas extranjeros.
El proyecto, presentado por el presidente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, plantea asimismo la reducción de ``cuando menos'' 30 por ciento de los pasivos del Fobaproa (unos 166 mil millones de pesos), cuyo costo sería financiado en partes iguales con la venta de los bienes en poder del fondo y por los banqueros, quienes tendrían que asumir de inmediato el porcentaje de riesgo a que se comprometieron con la compra de cartera.
Según el Revolucionario Institucional, la Asociación de Banqueros de México (ABM) ya dio ``su anuencia'' para que sus integrantes se hagan cargo de parte del financiamiento de la reducción del costo fiscal a través de la participación de pérdidas, equivalente a sólo 15 por ciento del total de los pasivos del Fobaproa.
El presidente de la ABM, Carlos Gómez y Gómez, dijo el secretario de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Marcos Bucio Mújica, ``está súper consciente de la necesidad del apoyo de los banqueros'' para solucionar el problema del Fobaproa.
Si bien el PRI estuvo de acuerdo en reducir el monto total de los pasivos del fondo, destacó que el 70 por ciento restante sí se convertiría en deuda pública, que pretenden se reduzca paulatinamente con la venta de bienes en poder del organismo. Argumentaron que aun cuando el remanente es aproximadamente de 400 mil millones de pesos, sería ``manejable'', no representaría un problema para el gasto social y tampoco tendría repercusiones negativas sobre el desarrollo productivo.
Junto con la exigencia de aplicar un ``castigo ejemplar'' a los banqueros que quebranten la confianza de sus ahorradores, así como el aumento a las sanciones para los delitos de cuello blanco, el PRI sugirió adoptar programas específicos que ofrezcan quitas y descuentos ``en proporciones suficientes'' para que los deudores puedan enfrentar sus compromisos.
Así, propone descuentos de hasta 45 por ciento sobre el saldo de deudores hipotecarios cuyo crédito no sea mayor a un millón de pesos y que estén al corriente de sus pagos, mientras para quienes no hayan podido pagar se les otorgaría un plazo hasta el 30 de junio de 1998 para regular su situación y acogerse a este plan que, de acuerdo con los cálculos del PRI, beneficiaría a más de 500 mil familias.
Para los deudores de los sectores agropecuario y pesquero se plantean descuentos de hasta 60 por ciento sobre pagos, anticipos o liquidaciones sobre los primeros 500 mil pesos de saldo, con un plazo para obtener este beneficio al 30 de junio de 1999. En este renglón la proyección es beneficiar a 800 mil productores.
En el caso de las empresas pequeñas y medianas y los sectores industrial, comercial y de servicios, el PRI recomienda la disminución de hasta 45 por ciento de su cartera vencida sobre los primeros 500 mil pesos de saldo. Este beneficio, subrayó, sería aprovechable para las empresas cuyo adeudo no sea mayor a 10 millones de pesos y que hayan contratado antes del 31 de julio de 1996, y también tendrían el mismo plazo para cumplir las condiciones que se impongan para recibir este beneficio. El cálculo priísta es que se favorecería a 220 mil empresas.
Adicionalmente propuso establecer un mecanismo para que los deudores hipotecarios puedan canalizar a la amortización de sus créditos las aportaciones mensuales que realizan al Infonavit.
El PRI espera que estas medidas no sean rechazadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), si se toma en cuenta que resultarían beneficiados los deudores que integran los movimientos de deudores de la banca y que en su mayoría simpatizan o militan en el perredismo.
El Revolucionario Institucional anunció que estudiará un mecanismo adicional de apoyo a los deudores de tarjetas de crédito, y anticipó que pugnará en el Congreso para que se legisle en torno a la creación de un organismo que se convierta en el defensor del usuario bancario, que dependería de la Secretaría de Hacienda. Todavía estudia si esta figura sería similar a la que representa la Procuraduría Federal del Consumidor y si se le otorgarían facultades conciliatorias o de sanción. Por lo pronto, adelantó que sería obligatoria para los bancos y optativa para los usuarios.
Incluso con estas recomendaciones, los priístas no aceptaron que se modifica la iniciativa presidencial, e insistieron en que sólo la enriquecieron.
Definir delitos financieros graves
Tras acotar que asumir los pasivos del Fobaproa --cuando menos 70 por ciento de los 552 mil millones, según su propuesta-- no implicará ni impunidad ni borrón y cuenta nueva, el PRI expresó su acuerdo en que, cuando así proceda, se obligue a los grandes deudores a resarcir al erario los daños económicos causados en la administración del Fobaproa, y afirmó que demandará la publicación de los resultados de las auditorías a dicho fondo. Bucio Mújica confirmó que se exigirá castigo a los funcionarios públicos que cometieron algún ilícito, ``del rango que sean''.
En el punto seis, Fortalecimiento del marco jurídico financiero, el partido insiste en que los banqueros que quebranten la confianza de los ahorradores, de sus acreditados o de la sociedad, sean sancionados ``en forma ejemplar''. Para ello señala que en la legislación debe considerarse que los delitos financieros ``de ciertas características y montos'' sean considerados como graves, para evitar que los presuntos responsables salgan libres bajo fianza.
Expone que debe modificarse la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos para evitar que se aproveche por los deudores que, ``en forma maquinada, evaden el pago a sus legítimos acreedores''.
Se avisó a Zedillo, no se pidió permiso
La propuesta priísta, armada entre el CEN y sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, se entregó al presidente Ernesto Zedillo antes de hacerla pública y, de acuerdo con diputados que participaron en la confección del documento, el mandatario estuvo de acuerdo ``en principio'' con su contenido ``y le pareció sensata''. ``Fuimos a avisarle, pero no a pedirle permiso'', declararon.
El documento, que para el PRI representa el primer paso para empezar una negociación a partir del 31 de agosto con Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática, se presentó en una ceremonia a la que asistieron los líderes de las dos cámaras del Congreso y los artífices del proyecto, y fue leído por Palacios Alcocer.
El dirigente del partido se ayudó para la lectura del texto en el teleprómpter de la cámara operada por un equipo del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Luego de la ceremonia oficial --Palacios Alcocer no aceptó preguntas--, el diputado Jorge Estefan Chidiac afirmó que salvo las adiciones respecto del secreto bancario, el cambio de régimen para la autorización para operar bancos, la reducción del costo fiscal del Fobaproa y las quitas a deudores, el resto de la iniciativa presidencial sobre el manejo de dicho fondo ``sigue igual''.
Víctor Ballinas Ť ``La propuesta del PRI (sobre el Fobaproa) está muy cercana a la del PAN. No van a pasar ni 15 minutos para que nos pongamos de acuerdo'', dijo en entrevista el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, luego de un acto de precampaña en la delegación Benito Juárez.
``También el PRD necesita sumarse, y sobre todo el gobierno del presidente Zedillo, para que ya le demos salida a este problema'', agregó.
El PRD, sostuvo el panista, debe sentarse a la mesa, ``ser corresponsable con PAN, PRI y gobierno en buscar una solución al Fobaproa'', pero no se le debe obligar a que tome la propuesta del PAN.
Fox señaló que al PRI le ``urgía'' que saliera su planteamiento sobre el rescate bancario ``pues le está quemando las manos al gobierno, al PRI y al Presidente''.
Por su parte, el coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, declaró: ``Si Fox dice que la propuesta del tricolor está muy cerca de la del PAN, entonces Fox ignora la propuesta de su partido o sabe demasiado, más de lo que se conoce''.
El también presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados (CRICP) precisó: ``Es momento de que el blanquiazul tome partido; tiene que decir si está a favor de la ilegalidad o está en contra del Fobaproa y de que se asuman los pagarés de Hacienda como deuda''. Si el PAN se decide por esto último, subrayó Muñoz Ledo, ``tiene que actuar en consecuencia y rechazar conjuntamente la propuesta priísta sobre el Fobaproa que se presentó ayer''.
Muñoz Ledo enumeró lo que considera las principales fallas del proyecto priísta sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro son cuatro: ``Primero, mantiene la ilegalidad de la operación del Fobaproa y reduce al mínimo las sanciones que tanto cacarea; dos, es un proyecto gubernamental con una mano de gato del PRI, ya que el único que tiene la información es el gobierno y no nos la ha dado; los cálculos están hechos sobre datos oficiales, no de la Cámara. Tres: insisten en la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda consolidada, lo cual es inaceptable y, por último, no se pronuncian sobre los temas fundamentales de las sanciones''.
Muñoz Ledo sentenció: ``El PRI no está para hablar de sanciones; si fueran a fondo otra cosa sería. El PRD les preguntaría: ¿quieren castigar a los responsables del Fobaproa? Si dicen que sí, entonces les preguntaríamos si votarían con nosotros el juicio político al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz; si nos apoyarían en la destitución del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, y del director del Fobaproa, Javier Arrigunaga, y si nos apoyarían para descubrir los ilícitos que están detrás de los apoyos. Pero si el PRI no está a favor de esto, ¿para qué habla de sanciones?''
La ventaja de la propuesta priísta, destacó Muñoz Ledo, es que ``confirma la muerte de la propuesta de Hacienda. Ya no existe más la propuesta gubernamental, ya palmó. No nos ocupará ni un minuto su discusión porque ya es un cadáver político; esa es la única ventaja de la propuesta del tricolor''.
Antonio Castellanos ¤'; El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) informó que, mediante subasta, el Banco Obrero transfirió la administración de la mayor parte de su cartera de créditos comerciales e industriales por mil 354 millones de pesos a Bankers Trust y JE Roberts, que pagarán 74 millones 282 mil pesos por ese derecho.
A cambio recibirán un porcentaje de la recuperación de la cartera, compuesta por 4 mil 572 créditos. Una vez que concluya el proceso de cobranza se conocerá el monto que se recuperó.
La historia del Banco Obrero se inicia el 17 de noviembre de 1994, cuando se reconocieron las pérdidas de la sociedad. El 15 de diciembre de 1995 se celebraron asambleas de accionistas, en las cuales se absorbieron pérdidas que ascendieron a más de mil 120 millones de pesos. El Fobaproa, entonces, aportó capital por 750 millones de pesos y suscribió las acciones correspondientes.
El 31 de diciembre de 1995, Banco Obrero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Fobaproa suscribieron el documento denominado Bases para el saneamiento financiero integral del Banco Obrero, según el cual el gobierno federal adquiriría cartera por un monto máximo de 2 mil 500 millones de pesos.
Desde entonces el banco se comprometió a entregar lo que recibiera a consecuencia de la administración, recuperación y cobranza de pagos; como contraprestación, el Fobaproa asumió obligaciones de pago por mil 161 millones 999 mil pesos y 117 millones 765 mil dólares (más de mil millones de pesos), a plazo de diez años con la obligación solidaria del gobierno federal.
Parte de la operación se revirtió al venderse la red de sucursales de Banco Obrero a Banca Afirme. Esto ocurrió el 26 de marzo. El precio de la compraventa de los inmuebles fue de 20 millones 495 mil pesos, y del mobiliario y equipo, de 16 millones 698 mil pesos.
Banco Obrero entregó como compensación créditos a favor de Banca Afirme por mil 360 millones y tres millones 410 mil dólares (poco más de 29 millones de pesos).
El monto de la operación anunciada ayer incluye el principal más los intereses contabilizados, y los créditos se localizan en toda la República. Según la información del Fobaproa, JP Morgan actuó como asesor en la operación. Los sobres con las propuestas de seis postores se abrieron ante fedatario público, en presencia de representantes de las empresas que tomaron parte en la subasta.
El comunicado oficial del Fobaproa destaca que con esta operación se logra atraer tecnología y experiencia en el manejo de cartera con problemas y se alinean los incentivos del administrador con los del Banco Obrero. A favor del banco quedó la mayor parte del valor que logre recuperar el administrador.