La crisis bancaria va a costarle a esta sociedad y, además, ese costo se va a extender por mucho tiempo. No hay modo de que una carga financiera tan grande se amortice fácilmente. Han pasado ya cinco meses desde que el gobierno envió al Congreso la iniciativa para pasar los recursos usados para la intervención en el sistema bancario y que constituyen el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) a la deuda pública. Los argumentos oficiales fueron rechazados por la oposición en términos económicos, en función del enorme monto que representan y que equivale a alrededor de 60 mil millones de dólares. Pero sobre todo fueron rechazados por motivos políticos, asociados con el argumento de que dicho fondo se había constituido de manera que se violó la misma Constitución y con la sospecha de que se ha incurrido en ilegalidad, connivencia y extremada discrecionalidad en las operaciones realizadas entre la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y los bancos, tanto los intervenidos como aquéllos que vendieron parte de su cartera al fondo.

La iniciativa oficial no ha aguantado la reacción en el Congreso, y tal y como van las cosas no parece que no habrá un dictamen respecto a las iniciativas de ley del paquete financiero por varios meses más. Las auditorías al Fobaproa solicitadas por los partidos de oposición no se han iniciado y apenas fueron presentadas sus propuestas para el tratamiento de los fondos que se destinaron a la intervención en el sistema bancario. Lo que se aprecia de las propuestas de los partidos en el Congreso son distintas formas de distribuir el costo que representa dicha intervención. Y el asunto se desdobla cuando menos en dos grandes partes, una tiene que ver con quién paga y cuánto, y la otra, con el necesario restablecimiento de las funciones de la banca.

El PAN ha propuesto la creación de un Instituto para el Seguro de Depósitos Bancarios que deberá respaldar los depósitos en los bancos y, también, vender los activos que tiene el Fobaproa y supervisar el cobro por parte de los bancos de los créditos que se vendieron al fondo. Esto modifica el planteamiento del gobierno puesto que concentra las acciones en el Instituto en lugar de partir al Fobaproa en una entidad de seguro de depósitos (Fogade) y otra para la recuperación de los bienes (Corebi). Propone la aplicación de descuentos sustanciales, entre 35 y 60 por ciento, a diversos tipos de deuda (hipotecaria, créditos a la pequeña y mediana industria y a los sectores agropecuario y pesquero). Estos mecanismos están todavía presentados de modo muy general, sobre todo en cuanto a la forma de su instrumentación, pero debe tenerse claro que ello significa que cada peso que se deje de transferir a la deuda pública tiene que ser pagado por alguien más. El asunto de la distribución del pago de la deuda de Fobaproa tiene que ser planteado de manera explícita para echar a andar cualquier propuesta de gestión. Y ello lleva otra vez al tema de las autorías y de la aplicación de las responsabilidades, es decir, otra vez al asunto de la aplicación de la ley y al pago de los costos políticos. La propuesta de Acción Nacional avanza en esta dirección y deja implícita la cuestión de que aun limpiando al Fobaproa queda un costo social que aún no puede ser estimado.

El PRD había ya ofrecido su propuesta de gestión del Fobaproa, y es en ciertos aspectos más radical que la de Acción Nacional, aunque van en la misma dirección. El PRI anunció su propia propuesta que está bastante cercana a la iniciativa del gobierno y peca de imprecisiones prácticas. ¿Cómo se reduce 30 por ciento el monto del Fobaproa y cómo se beneficia a 3 millones de pequeños deudores? Nadie puede esperar que el Fobaproa pueda ser administrado sin una esquema técnico preciso de cómo se establece en flujo de los enormes recursos que involucra, y al mismo tiempo mantener la integridad del sistema bancario, aunque no de cada banco en particular. Y cualquier propuesta técnica-financiera tiene un límite en su capacidad de administrar la deuda generada por la crisis de los bancos y este límite es el crecimiento de la economía. Si ello no ocurre durante un periodo largo y de manera sostenida no hay esquema que funcione y el costo social del Fobaproa será incluso más grande de lo que hoy parece.