Las relaciones bilaterales entre agrupaciones de derechos humanos mexicanas y estadounidenses se establecieron y desarrollaron al principio de los setenta, en forma esporádica, para afrontar ciertas crisis y situaciones muy puntuales en México.

Estas relaciones adquieren un carácter más estable a partir de las guerras civiles en Centroamérica (1979-1990), pero se centran alrededor de temas muy concretos que atañen a terceros países. El tema de los refugiados centroamericanos en México se vuelve central y se establecen alianzas con agrupaciones de Estados Unidos para influir en la política sobre refugiados de ambos países. En esta época también se tocan, aunque esporádicamente, otros aspectos relacionados con derechos humanos, como el apoyo a víctimas de diferentes abusos en su país de origen.

A pesar de su carácter circunstancial, esta relación produce resultados que serán positivos y fructificarán en una colaboración más estrecha entre ciertas organizaciones de ambos países: se construye confianza, un entendimiento y un lenguaje común, y se empiezan a identificar posibles temas de interés compartido. Por ejemplo, los abusos cometidos por la policía mexicana en operaciones antinarcóticos con la presión de Estados Unidos, la arbitrariedad de las policías en su trato hacia refugiados e indocumentados, la situación de los mexicanos indocumentados en territorio estadounidense.

De esta manera, organizaciones mexicanas como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro Fronterizo de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CEFPRODHAC), el Centro Coordinador y de Proyectos Ecuménicos (CECOPE), el Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, empiezan a identificar como sus contrapartes a algunas organizaciones como Amnesty International USA, Americas Watch, American Friends Service Committee, Humanitarian Law Project.

Es importante destacar que, en ambos casos, se trata de organizaciones de derechos humanos ligadas a las iglesias o aquellas que incorporaron un enfoque internacional a su trabajo. Las estadounidenses, orientadas hacia influir en la política exterior de su país, las mexicanas hacia la solidaridad con Centroamérica y el problema de la migración.

Hacia fines de los ochenta algunas organizaciones, como Americas Watch, comenzarán a enfocar su atención en los problemas específicos de la vigencia de los derechos humanos en México.

Los conflictos poselectorales de 1986-1988 y el contacto con las contrapartes mexicanas llaman la atención de algunos grupos estadounidenses sobre lo que sucede en el país vecino. El primer informe importante sobre la situación de los derechos civiles y políticos en México, publicado por Americas Watch, Human Rights in Mexico: A Policy of Impunity, data de fines de 1989 y principios de 1990, y se realiza con el apoyo de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

Poco después, comienza un interés incipiente por México de organismos como el World Policy Institute a través de su México Project (1990) y de los Minnesota Advocates for Human Rights (1990-91), quienes también se abocan a la producción de informes con el apoyo de grupos mexicanos.

En esta época, el Mexico Project del World Policy Institute convoca a una reunión en Cambridge, Massachussetts, con la finalidad de integrar un consejo consultivo para el proyecto. A partir del encuentro se comienza un trabajo sistemático de intercambio de información y de interlocución entre organizaciones estadounidenses y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una naciente organización civil producida de un desprendimiento de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Esta labor se realiza con el auspicio y dirección de Mexico US Diálogos y habrá de fructificar muy rápidamente con el establecimiento de vínculos sólidos entre organizaciones importantes de derechos humanos de ambos lados de la frontera.

Los vínculos se extendieron y generalizaron a través de las incipientes redes de organizaciones civiles que se gestaban en México. Tuvieron un impulso extraordinario debido al realineamiento político vivido entre 1985 y 1994 en este país.

Estos vínculos de trabajo se tradujeron en un intercambio sistemático de información para la realización de informes y campañas en Estados Unidos sobre la situación de las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos en México. Se enfatizaron temas como la violencia poselectoral, la procuración y administración de justicia y la impunidad de los graves abusos al derecho a la vida, la libertad y la integridad física de disidentes políticos y víctimas de la lucha contra el narcotráfico. El marco de referencia de estos informes invariablemente fue la normatividad internacional de los derechos humanos. Los informes contenían recomendaciones puntuales que las organizaciones responsables trasladaban a las autoridades mexicanas con miras a lograr cambios importantes de su conducta.

Los resultados logrados fueron significativos por varias razones, pero fundamentalmente porque las organizaciones autoras de los informes gozaban de legitimidad y credibilidad entre una sociedad civil mexicana, ávida de apoyo en su lucha abierta contra el autoritarismo de un gobierno de dudosa legalidad y legitimidad propia, como fue el de Carlos Salinas. Las organizaciones de esta sociedad civil supieron darle un uso amplio a esta información, con lo cual se creó, con cierto éxito, una importante corriente de opinión pública nacional sobre el tema de los derechos humanos.

El hecho de que los gobiernos de México y Estados Unidos se aprestaran a iniciar negociaciones para el TLC, jugó un papel importante para los derechos humanos en tanto obligó al gobierno de México a realizar algunas reformas a la legislación vigente para reducir la ocurrencia de prácticas abusivas como la tortura (Código Penal y Código de Procedimientos Penales), y otorgarle estatuto de la ley a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La CNDH fue creada en junio de 1990, y se cree que este hecho tuvo como motivación principal contrarrestar el efecto negativo del informe de Americas Watch ya mencionado, que se presentó en Washington unos días antes del inicio formal de la negociación del TLC.

El libre comercio y los derechos humanos

El periodo de negociación del TLC significó una oportunidad para el desarrollo de la relación bilateral entre las organizaciones civiles mexicanas y estadounidenses(*).

En ese tiempo se creó una importante coalición trinacional (México, EU y Canadá) que logró influir con cierto éxito en la agenda de negociación. Sin embargo, en el área de los derechos humanos prácticamente no se obtuvieron resultados concretos.

Los términos de la negociación del TLC fueron definidos en forma muy estrecha por los gobiernos de los países involucrados, y para efectos del debate público se redujo la compleja realidad de ambas naciones, y de su relación bilateral, a unos cuantos temas.

A diferencia de México, la negociación de un tratado comercial en Estados Unidos fue una polémica intensa. La negociación de un tratado comercial con México, a lo que una buena parte del Congreso de los EU se oponía, le confirió estatus de asunto doméstico a todo lo que aconteciera en el país del sur. Obviamente, el tema de los derechos humanos, que cobró preeminencia como síntoma de una encarnizada lucha por el poder en México, se hizo más visible para los estadounidenses. Este interés fue aprovechado por algunas organizaciones de derechos humanos de ambos lados de la frontera.

En retrospectiva, las organizaciones mexicanas ampliaron mucho su espectro de relaciones, sobre todo en el Congreso y con fundaciones-fuentes de financiamiento, así como con algunos actores influyentes en el proceso político relacionado con América Latina, pero el establecimiento de relaciones significativas de cooperación con organismos de derechos humanos en Estados Unidos no se produjo en ese momento, con la excepción de aquellas organizaciones ocupadas de la vigilancia de los procesos electorales en México.

Las razones de esto son complejas y variadas. En primer lugar, habría que destacar la falta de un consenso claro entre las organizaciones estadounidenses sobre los efectos del TLC en los derechos humanos. La mayoría prefirió no realizar un análisis más profundo del impacto de un acuerdo de esta naturaleza en la política económica de los países involucrados y, consecuentemente, de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de amplias capas de la población. Muchas organizaciones estadounidenses ni siquiera se ocupaban de temas domésticos. Concentraban su esfuerzo en el estado de las libertades fundamentales (1) en otros países, sobre todo los menos desarrollados.

Las organizaciones que ya se ocupaban de los derechos humanos en México lo siguieron haciendo desde sus agendas de trabajo previamente definidas, pero aprovecharon el enorme debate público sobre el TLC para dar mayor visibilidad a la problemática mexicana.

En el caso de las organizaciones mexicanas, se concentró el esfuerzo en la discusión sobre los impactos del acuerdo comercial y en la búsqueda de alternativas, desde la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Esta se consolidó como una coalición nacional, pero tuvo poca relevancia para sus contrapartes en Estados Unidos. No todas las organizaciones de derechos humanos estuvieron en condiciones de aprovechar la oportunidad de hacerse visibles en el país del norte. La mayoría luchaba por establecerse y por consolidar su trabajo en el ámbito doméstico.

En la propia agenda de la coalición trinacional, los derechos humanos quedaron en un lugar excéntrico y hasta marginal. Los términos de la discusión los definieron otros, principalmente los sindicatos y grupos ambientalistas, especialmente los estadounidenses. Ellos negociaron la problemática social a tratar con motivo del acuerdo así como los mecanismos de vigilancia. Los derechos humanos jamás se consideraron realmente, ni siquiera los económicos y sociales, como tampoco se buscó compatibilizar ningún mecanismo del acuerdo con el orden normativo internacional que vigila los derechos humanos en el mundo.

En 1992 tuvo lugar en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, una reunión trinacional sobre las implicaciones para los derechos humanos del TLC. Auspiciado por México US Diálogos y otras contrapartes de los tres países, se planteó identificar el impacto de la política económica vigente en los tres países sobre el ejercicio de derechos y libertades básicas. También la posibilidad de construir algún tipo de intercambio de información y experiencias con miras a la consolidación de algún tipo de alianza o coalición.

Por desgracia, la ausencia de una cultura política y jurídica común entre las organizaciones de los tres países, así como el predominio de posiciones políticas inmediatistas en algunos participantes, dificultó el logro del segundo objetivo.

Cuando aparece Chiapas

A partir del alzamiento zapatista, la situación de los derechos humanos, especialmente en el contexto del conflicto armado, se vuelve crítica, y las organizaciones civiles mexicanas se movilizan para detener la masacre en Chiapas.

Todo lo sembrado para lograr la visibilidad del problema de los derechos humanos de México en el exterior fructifica con creces. El conflicto chiapaneco es el verdadero catalizador de la relación bilateral entre las organizaciones de derechos humanos de México y Estados Unidos. A pocos días de iniciadas las hostilidades, el Center for Constitutional Rights envió una delegación a Chiapas. Acompañada de organizaciones mexicanas y de la prensa, la delegación rompió el bloqueo militar sobre la zona de conflicto. Americas Watch envió una representante que colaboró activamente con las investigaciones sobre los abusos cometidos por elementos del Ejército Mexicano. Global Exchange, Grassroots International y muchas otras, desarrollaron amplios programas en apoyo al monitoreo y denuncia de la situación en Chiapas. En enero de 1994 más de 140 organizaciones civiles -muchas de ellas estadounidenses y canadienses- visitaron la zona de conflicto.

Las primeras organizaciones estadounidenses de derechos humanos en involucrarse realizan acciones muy importantes y se construye una relación mucho más horizontal con sus contrapartes mexicanas, que comienzan a hacer un trabajo internacional más consistente. Con las organizaciones mexicanas, especialmente las chiapanecas, colaboran en la recolección de información, escriben informes e intentan movilizar a los actores políticos y a la opinión pública en los Estados Unidos y en México (2). Chiapas se convierte en el fenómeno de la internet. El espectro de organizaciones estadounidenses involucradas directamente en el monitoreo de la guerra en Chiapas crece enormemente.

La relación bilateral en materia de derechos humanos se amplía y fortalece. Trasciende el marco estrecho de las organizaciones civiles de derechos humanos para abarcar una gama amplísima de actores como son las propias comunidades indígenas, agrupaciones religiosas, grupos de solidaridad, etcétera.

El conflicto chiapaneco marca, para las organizaciones mexicanas de derechos humanos, un hito importante. Acceden por primera vez a los foros intergubernamentales de vigilancia, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Lo hacen auxiliadas por dos redes latinoamericanas: el Center for Justice and International Law, una organización creada con el apoyo de Americas Watch, pero con una fuerte composición y orientación latinoamericanas, y por la Asociación Americana de Juristas, con sede en Buenos Aires, Argentina.

Este hecho marca la mayoría de edad del movimiento civil de derechos humanos mexicanos, pues por primera vez se convierte en un interlocutor directo -acreditado internacionalmente- del gobierno mexicano. Es importante reparar en el hecho de que este paso se haya producido gracias a su relación con organizaciones latinoamericanas, con quienes comparte una tradición política y un referente normativo común en materia de derechos humanos.

En 1994 tuvieron lugar las elecciones más competidas y vigiladas de México hasta entonces. El movimiento civil de derechos humanos se volcó en ellas a la par de su involucramiento en la búsqueda de la paz en Chiapas. Durante el proceso electoral muchas contrapartes de Estados Unidos y Canadá hicieron de la observación electoral un asunto de primera importancia.

Después del 94

Actualmente, las organizaciones civiles mexicanas mantienen relaciones de trabajo e intercambio con una pléyade de contrapartes en América del Norte, América Latina y Europa. Asimismo, han incrementado su presencia y trabajo en la OEA y la ONU, al punto que gestionaron y obtuvieron la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México en 1996, así como la del Relator Especial contra la Tortura de la ONU en 1997. Durante la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU desplegaron una importante campaña de cabildeo, con una multiplicidad de organizaciones internacionales de derechos humanos, para el nombramiento de un Relator Especial para México. Los gobiernos integrantes de la Comisión rechazaron la petición, pero la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, ofreció intervenir en México, se entiende que con el visto bueno de algunos, los más influyentes.

Las organizaciones mexicanas han intervenido también ante el Parlamento europeo para incluir una cláusula democrática y de salvaguarda de los derechos humanos en el Acuerdo interino de Cooperación Comercial que la Unión Europea suscribió recientemente con México.

El éxito de las organizaciones civiles mexicanas en lograr la visibilidad del problema de los derechos humanos las ha convertido en un blanco de ataques del gobierno. Se les acusa de promover la intervención política extranjera en los asuntos del país, y de vulnerar la soberanía nacional.

Como represalia, el gobierno ha restringido la obtención de visas por parte de observadores civiles de derechos humanos provenientes del extranjero, y ha expulsado del país a varias decenas de ellos, incluso a europeos y estadounidenses, sin que sus gobiernos protesten.

Las lecciones

Las relaciones binacionales dieron a las organizaciones civiles de derechos humanos mexicanas una excelente oportunidad para la adquisición de habilidades de cabildeo y diplomacia ciudadana. Facilitaron la creación de redes y coaliciones multisectoriales. Sin embargo, las pusieron en una situación sumamente vulnerable, pues se convirtieron en instrumentos útiles para las agendas de los sindicatos estadounidenses, los cuales no se preocuparon por las violaciones a los derechos humanos en México, pero sí por la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores de Estados Unidos. También las colocó en una situación muy difícil al identificarlas con ``...las que se oponían a la tendencia histórica de la globalización y acrecentamiento de las relaciones entre ambos países...'' Se les asoció con una izquierda arcaica y atrasada. Se les hizo presa de muchas muy estrechas agendas de poderosos grupos y corrientes de opinión en Estados Unidos.

El marco de referencia de los derechos humanos no tiene cabida en la política doméstica de los Estados Unidos: los derechos humanos en México pasaron a formar parte de esta política doméstica y, por lo tanto, comenzaron a recibir el tratamiento del caso. En la lucha por incorporar los derechos humanos al acuerdo comercial finalmente prevalecieron intereses y agendas mucho más estrechas. De esa manera, se rebajó y acható el concepto de derechos humanos y quedó reducido a la salvaguarda de una pequeña parcela de derechos laborales y ambientales a través de acuerdos suplementarios en esas materias.

Los vínculos establecidos previamente con los grupos tradicionales de derechos humanos en EU se intensificaron y maduraron en este periodo, pero evadieron deliberadamente el tema del libre comercio. El intento por tejer una interlocución con organizaciones de corte nacional sobre otros términos fue un fracaso por carecer de un marco de referencia común.

Para los efectos de estas notas nos referiremos a las siguientes organizaciones civiles de derechos humanos de México: Academia Mexicana de Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, CEFPRODAHAC, COSSYDHAC y otras organizaciones pertenecientes a la naciente Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos ``Todos los Derechos para Todos''. Entre las organizaciones civiles estadounidenses más activas en asuntos de México están Americas Watch, Amnesty International USA, Minnesota Lawyers for Human Rights, Washington Office on Latin America y el Mexico Project del World Policy Institute, principalmente. Otras organizaciones jugaron un papel importante en ciertas coyunturas como el Center for Constitutional Rights y el Center for International Policy. Las organizaciones que se ocuparon del tema de los derechos de los migrantes quedan fuera de este recuento.

* Precisiones necesarias: en estas notas me refiero exclusivamente a las agrupaciones que promueven y defienden derechos humanos en su acepción clásica, es decir, aquella definida por la ONU en su Declaración Universal. También debo decir que me refiero a las lecciones aprendidas de mi experiencia particular, sin la pretensión de hacer ninguna generalización científica. Se trata de un testimonio personal para la reflexión colectiva.

(1) Por libertades fundamentales entendemos los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física y mental, a las garantías de seguridad jurídica de los individuos.

(2) El congresista démocrata Torricelli organiza una audiencia en el Congreso de EU a la que no asiste ninguna organización civil mexicana, debido al desprestigio de este personaje en América Latina por su posición con relación a Cuba.