Cuando en los inicios de 1995 la sociedad mexicana comenzaba a ser consciente del engaño de Salinas y del enorme daño que había hecho al país, algunos analistas políticos y un buen número de miembros del PRI sugirieron a la directiva de ese partido la necesidad de deslindarse del ex presidente, especialmente ante las sospechas crecientes de su participación en los crímenes políticos de 1994.

La directiva del Revolucionario Institucional no hizo caso alguno a ese llamado.

De igual manera, algunos más comenzamos a recomendarle al PRI, durante los meses siguientes, la conveniencia de poner distancia entre ese organismo político y el nuevo Presidente, ante sus declaraciones dogmáticas respecto a una solución única e indiscutible para sacar al país de la crisis económica, que por lo demás no tenía coincidencia alguna con el discurso político del partido, ni con las reivindicaciones sociales que habían constituido sus banderas de lucha. La aplicación del modelo neoliberal que cargaba el costo de la crisis sobre la clase media, los trabajadores y el pueblo, despojándolo de sus escasos recursos y tenues esperanzas, no sólo fue respaldada por la directiva del tricolor, sino que fue motivo de festejo grosero que generó la indignación general.

Después vino el crimen de Aguas Blancas, en donde la responsabilidad directa del gobernador de Guerrero era inocultable. La defensa que los priístas hicieron en el Congreso de la República para evitar su destitución y enjuiciamiento, los convirtió en cómplices --ante la opinión pública-- de ese personaje autoritario y violento.

Los costos políticos pagados por todo ello parecen no haber sido asimilados por la cúpula y los cuadros medios del Partido Revolucionario Institucional (salvo unas cuantas excepciones), los cuales se empeñan en seguir respaldando al gobierno del doctor Ernesto Zedillo, no obstante sus continuas pifias, dobles discursos y penosas aclaraciones o rectificaciones; los temas más relevantes ahora son, desde luego, Chiapas y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

En relación con el primero, la inexplicable conducta del gobierno, que le ha valido ya disgustos con organismos internacionales, incluida la ONU, y diferendos con el gobierno de Estados Unidos, ha terminado por ensuciar aún más la deteriorada imagen del PRI, al colocarse como defensor de una conducta de agresión, de guerra sucia y de engaño, en la que además aparecen algunos grupos afiliados a ese partido en los papeles más siniestros del conflicto.

En el caso del Fobaproa, las voces internas del priísmo que reclaman un distanciamiento de las posiciones indefendibles y francamente delictivas de los funcionarios del gobierno, son nuevamente ignoradas por sus dirigentes. Los resultados de esta estrategia, o más bien de la carencia de ella, no podrían ser peores, especialmente con vista al futuro. La imagen actual del PRI es de total descrédito en todo el país; de hecho, para algo así como las tres cuartas partes de la población, la asociación del tricolor con corrupción, violencia, impunidad y autoritarismo es muy intensa. Como si se tratara de confirmar esa imagen fuera de toda duda, dos de los miembros más siniestros de ese partido, conocidos precisamente por sus estelas de corrupción, autoritarismo, impunidad y violencia, han señalado ya su ambición de contender por la candidatura presidencial de su partido, participando en cuanto acto público tienen oportunidad, logrando con ello acrecentar el descrédito de ese partido ante la sociedad.

El PRI requiere hoy de un cambio de imagen, si quiere tener una oportunidad mínima de retener el poder en las próximas elecciones; necesita recurrir a personas honorables que lo representen y que cambien los equilibrios y las estructuras actuales de poder interno; un candidato reconocido por su honestidad, por su rectitud y su firmeza les resultará indispensable en su momento.

A ello deben dedicar sus mejores esfuerzos, haciendo a un lado a los gobernadores de Puebla y de Tabasco, que sólo les ocasionarán más descréditos.

El trabajo parece hoy casi imposible pero además insuficiente, porque a él deberán añadir un cambio de actitud y de conducta que la sociedad mexicana no parece estar dispuesta a seguir aceptando.