El próximo 1o. de septiembre el Presidente de la República presentará su cuarto Informe de Gobierno. A dos años de que termine su sexenio y con la carrera por la Presidencia desatada, es importante conocer cuál será el balance que se haga de la situación en Chiapas. El tratamiento a este tema ha sido variado, desde llamados de largo alcance hasta su ausencia completa en los textos oficiales. Esto último no puede repetirse después de Acteal y las continuas visitas que el mandatario ha hecho a la entidad.
En este contexto, es fundamental tener en cuenta la posición de la sociedad civil sobre el conflicto. Ninguna de las partes puede asegurar que tiene en el bolsillo o ganado para su causa a todo ese conjunto social amplio que, en reiteradas ocasiones, se ha manifestado por una paz digna.
Al respecto destaca la encuesta realizada por la Fundación Rosenblueth entre casi 5 mil mexicanos de 23 estados y diferentes grupos de edad, género y condición socioeconómica. Este documento nos acerca a la percepción que se tiene del tema en círculos sin relación directa con él. Es la opinión, no de políticos con intereses partidarios o de grupo, sino de ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes. Esto la hace doblemente valiosa.
Lo primero que destaca en los datos proporcionados (La Jornada, 19 de agosto) es que 86 por ciento de los encuestados asocia pobreza marginal con la condición de ser indígenas. Esto nos habla de la enorme sensibilización que ha sufrido la sociedad mexicana en torno a la situación que viven esos pueblos. Ya no importa lo que pase después, esta sensibilidad ha llegado para quedarse y no debe quitarse el dedo del renglón en los siguientes años hasta establecer mecanismos que reviertan esa marginación. En segundo lugar, me atrevo a suponer que esa misma conciencia acerca de la forma en que apenas sobreviven estos mexicanos indígenas, es lo que lleva a 73 por ciento de los encuestados a justificar el alzamiento zapatista.
Llama la atención que a pesar de que el gobierno y muchos analistas han intentado minimizar la trascendencia del conflicto intentando reducirlo a un asunto local, 73 por ciento lo considera un tema de importancia nacional. Como ejemplo, vale señalar que en lugares aparentemente tan distantes de Chiapas, como Baja California y en general la zona fronteriza, se ha seguido el asunto con especial interés por parte de algunos sectores sociales y medios de comunicación, lo que es explicable en función de muchos factores, entre ellos el que buena parte de la población migrante tiene raíces en el sureste mexicano.
No hay, como lo demuestra la encuesta, una opinión predominante acerca de varios temas que se plantean. Esta división de opiniones puede deberse a muchas causas, entre ellas el desgaste natural y la abundancia de cierta clase de ``información'' tendenciosa. Pero el hecho real es que hay una opinión dividida en torno a temas como la legitimidad de la representación indígena del EZLN, la presencia de las organizaciones internacionales como factor de protección contra la violencia y promotoras de la paz y la idea de que la Iglesia católica debe hacerse a un lado del conflicto. Sin embargo, hay opiniones contundentes: la percepción de que el gobierno no ha hecho su mejor esfuerzo por la paz, de que no ha mejorado las condiciones de los indígenas, no ha respetado los acuerdos de San Andrés y no ha sido congruente entre lo que dice y lo que hace.
De igual forma, la opinión acerca del Ejército es dura en el sentido de que no ha tratado con respeto a las comunidades indígenas, ha permitido o fomentado la formación de grupos paramilitares y sí representa un peligro para esos pueblos. Por esto, la mayoría opina que debe ser retirado del estado.
Tal vez lo más fuerte de toda la encuesta es lo que se refiere a Acteal. En este punto y a pesar de todos los intentos del gobierno por deslindarse del hecho, casi 70 por ciento de los encuestados atribuye la responsabilidad del asesinato masivo al grupo formado por el gobierno federal (45), gobierno estatal (10.5) y paramilitar-PRI (13.9).
Hay, finalmente, un elemento preocupante que atraviesa toda la encuesta: ninguno de los actores evaluados sale bien librado, lo que indica que la opinión pública además de dividida, desconfía de las intenciones manifestadas por los protagonistas más relevantes. Esto es en sí mismo grave para todos ellos, pero es especialmente delicado para el gobierno federal que, en boca del secretario de Hacienda nos ha prometido un fin de sexenio sin crisis, cuando lo que necesitamos es que se resuelva la crisis que comenzó con el mismo.