El llamado de la subcomisión de la ONU, atendible: legisladores

Triunfo Elizalde Ť Siete organismos no gubernamentales (ONG) de México, junto con el Parlamento de Derechos Humanos, señalaron que la resolución acordada por la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, es un reto para el gobierno mexicano, el cual lejos de descalificar a los expertos de la ONU en materia de derechos humanos, debe considerar que las miradas internacionales están puestas en él.

Luego de censurar las declaraciones de Antonio de Icaza, embajador de México en Ginebra, y pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llame la atención a dicho funcionario ``por su lenguaje antidiplomático'', las ONG coincidieron en que el gobierno mexicano ``debe respetar y cumplir los convenios en materia de derechos humanos que ha firmado y ratificado, por ser ley suprema en México''.

Acordaron lo anterior, además del citado Parlamento, las ONG Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red-TDT) y Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FMPDH).

Las manifestaciones se dieron lo mismo en forma conjunta que por separado. En la primera forma, hablaron Juan Antonio Vega (ACAT), Marisol López (Centro Vitoria), Adrián Ramírez (Limeddh) y Mariclaire Acosta (CMDPDH), los que emitieron sus respectivos puntos de vista sobre la resolución de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU.

Vera calificó de ``desalentadoras'' las declaraciones del embajador De Icaza, y dijo que es lamentable que dicho diplomático cuestione la confiabilidad de los expertos internacionales de derechos humanos, además de ser ``contradictorio con la postura asumida por la cancillería mexicana ante Naciones Unidas''.

Para Marisol López, la resolución, además de ser un reto para el gobierno mexicano --``que debe dejar de estar elaborando iniciativas legislativas y programas porque ya nadie cree en ellos''-- implica para las ONG el reforzamiento de su trabajo, pues lo dicho por De Icaza revela ``cómo este punto va a ser tomado por el gobierno en el futuro''.

En su oportunidad, Adrián Ramírez (Limeddh) aseguró que la resolución ``se logró a pesar de los esfuerzos de la política exterior mexicana en el cabildeo, que buscaba no resolver el problema dentro del país, sino de manera oculta en el exterior, por lo que ahora el gobierno debe reorientar su política para atender los problemas que su política actual ha provocado''.

A su vez, Mariclaire Acosta se refirió a la importancia que revisten las resoluciones y recomendaciones de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la ONU, de la que dijo es el ``órgano principal y cerebro'' de la Comisión de Derechos Humanos del organismo, a la que pertenecen expertos en la materia ajenos a cualquier tipo de inclinación política regional. Luego de censurar también las expresiones de De Icaza, y decir que aunque la situación en México no llega a los niveles de Colombia, Afganistán y la ex Yugoslavia, consideró que la resolución en sí tiene un carácter preventivo, por eso es comprensible que se refiera a la necesidad de que se reanuden las negociaciones entre el gobierno y los zapatistas y se respeten los acuerdos de San Andrés.

Para Rocío Culebro (Red-TDT), el llamado de la ONU ``refleja la serie de denuncias que se han hecho desde hace varios años sobre lo que ocurre en nuestro país, a través de los distintos informes elaborados por la Red y otras ONG, ya que en ellos se da cuenta de la extrema preocupación sobre la cada vez más grave situación de los derechos humanos y la impunidad imperante en México''.

El Prodh, por su parte, hizo notar que el gobierno mexicano ha impedido por todos los medios que el problema de la resolución del conflicto chiapaneco sea discutido en el ámbito internacional, ``sin embargo, el simple hecho de haber firmado los acuerdos de San Andrés y posteriormente desconocerlos, deja en entredicho a niveles nacional y extranjero la voluntad política para resolver por la vía pacífica esa situación tan deplorable''.