La sociedad, con madurez para abordar la pena capital: Labastida
José Gil Olmos y Claudia Herrera Ť El secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, ratificó ayer su posición para que se abra un debate sobre la aplicación de la pena de muerte en México: ``Es inevitable y benéfico que los ciudadanos emitan opiniones diversas en torno a los asuntos nacionales'', entre los cuales se encuentra este castigo previsto en la Constitución.
A través de un comunicado de la dependencia a su cargo, el funcionario argumentó que la sociedad mexicana tiene la suficiente capacidad y madurez para discutir con seriedad y responsabilidad este tema como cualquier otro.
No obstante, de manera distinta opinó la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, quien luego de declararse en contra de la pena de muerte aseguró que en otros países se ha abandonado la discusión del tema al demostrarse que es un castigo que no sirve para evitar los crímenes.
La canciller consideró que en una democracia todos los temas son debatibles, pero al referirse al castigo que deben merecer delitos como el secuestro se pronunció por elevar las penas y por el fortalecimiento de la impartición de la justicia, a fin de dar mayor seguridad a la sociedad de que la ley será cumplida.
Entrevistada luego de asistir al Colegio de México, Green rechazó que la aprehensión de Daniel Arizmendi haya atraído la atención internacional pues, consideró, son noticias internas.
Por otro lado, la Secretaría de Gobernación retomó ayer el debate referente a la pena de muerte y a través de un comunicado puntualizó la declaración de Labastida Ochoa sobre un debate al respecto.
Ante las múltiples expresiones sobre el tema vertidas por ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones públicas, líderes de opinión, legisladores, dirigentes de partidos políticos y medios de comunicación, la dependencia aclaró que es un tema que la sociedad discute con motivo de secuestros y crímenes que la han estremecido y horrorizado.
``En una sociedad abierta, que día a día perfecciona y consolida su democracia, es inevitable y benéfico que los ciudadanos emitan opiniones diversas, en torno a los asuntos nacionales, entre ellos el de las penas que impone la justicia mexicana, incluyendo la pena capital que prevé la Constitución, pero que no existe en algunos Códigos Penales'', explicó la dependencia.
Así, un día después de manifestarse a favor de una discusión abierta sobre la aplicación de la máxima pena, la secretaría de Gobernación aclaró que ``está cierta de que todas las opiniones son válidas, excepto aquéllas que afirman que no es permisible opinar''.
Al ratificar su postura, Labastida señaló, mediante la institución a su mando, que con las múltiples opiniones sobre el asunto ``confirma que la sociedad mexicana es madura y tiene la suficiente capacidad para deliberar, con responsabilidad y seriedad, sobre este y cualquier otro tema''.