¿Está gobernado México por intereses del bajo mundo?
1. El escándalo suscitado por las revelaciones de Gerardo de Prevoisin (ex presidente de Aeroméxico) en el sentido de que desvió 72 millones de dólares no sólo a sus cuentas sino también a las del PRI por orden presidencial (Reforma, 17-18 de agosto) es grave en extremo pues pone de manifiesto lo que ya se sabía y que muchos se resistían a reconocer: a) que el PRI sigue siendo un organismo de Estado y que el país no vive proceso alguno de transición ``a la democracia'', b) que el grado de criminalidad ha que ha llegado el actual grupo gobernante no tiene paralelo en nuestra historia, y c) que la ilegitimidad de Ernesto Zedillo, ``electo'' según varias acusaciones, con dinero tanto del cártel de Cali como de entidades públicas, es absoluta.
2. El actual IFE, según queda claro, no tiene autonomía para sustentar procesos legales y democráticos, y esto no puede ya ocultarlo su director, José Woldenberg, quien afirmó que ``el 94 es cosa juzgada'', al negarse a responder los cuestionamientos de la prensa (10 de agosto). La impunidad que han tenido los miembros del grupo gobernante para cometer estos gravísimos ilícitos, la ausencia de un ámbito jurídico para sancionarlos y anular la elección y la connivencia de los consejeros electorales con la simulación de que ya hay una ``normalidad democrática'', son evidencias de que no existen garantías de que en el 2000 el Instituto Federal Electoral pueda organizar elecciones limpias, y hacen concluir que la responsabilidad de impedir la imposición estará una vez más en la ciudadanía.
3. El macrofinanciamiento a los partidos acordado en la Reforma Electoral de 1996, no tenía por fin, como se ve, el impedir que el ``dinero sucio'' llegara a los partidos, como dijo entonces Zedillo, sino encubrir la ilegalidad del financiamiento del PRI (incluyendo, desde luego, el ``dinero sucio'').
4. En un régimen democrático, el PRI habría perdido el registro y se habría procesado a aquellos de sus dirigentes que trasgredieron la ley, pero en México prevalece la impunidad. El partido se ha caracterizado en estos dos sexenios no sólo por haber respaldado de manera incondicional las políticas antinacionales de los tecnócratas y encubrir la actividad delictiva de Salinas y sus amigos, sino por nuevos rasgos: funge como una instancia de lavado de dinero'', como lo muestran los casos Cabal Peniche, De Prevoisin y El Dvino (hombres de confianza de los Salinas, pero también de Zedillo), y actúa impunemente en Chiapas y en Oaxaca como una organización paramilitar contra las comunidades indígenas.
5. El PRI no ha sido en los dos últimos sexenios otra cosa que un organismo público al servicio de los intereses de las multinacionales y del grupo en el poder.
6. Los tecnócratas salinistas han mantenido una doble política frente al PRI. Por un lado lo han ido desprestigiando y debilitando, culpándolo de todos los males del país, pero al mismo tiempo lo han mantenido como un organismo de Estado a fin de utilizar sus mecanismos de dominación y control en la imposición del proyecto neoliberal hasta no definir otro escenario, que podría ser el planteado por Salinas a finales de su sexenio en la ``alianza estratégica'' con el PAN: un presidente panista-salinista (que podría ser Carlos Medina, Vicente Fox, Diego o Felipe Calderón) apoyados por esa alianza.
7. Los años de los tecnócratas han constituido no un periodo de ``modernización'' del régimen, como ellos pretenden, sino de envilecimiento y corrupción de la vida pública en un afán de control pacífico, para hacer avanzar el proyecto de ``la globalización'', pero también para forjarse un poder económico como ningún otro grupo en la historia mexicana. Las investigaciones mostrarán algún día cómo los intereses del narcotráfico y la delincuencia organizada y los dos grupos gobernantes se confundieron en el salinismo.
8. ``La transición española'', que tanto citan los gobernantes mexicanos, ``implicó que los franquistas entregaran el poder y se desmantelara tanto a la Falange que dejó de fungir como un partido de Estado, como a los sindicatos verticales. Aquí, por el contrario, la supuesta ``transición'' mexicana supone que el grupo salinista siga de manera impune en el poder, y que el PRI continué fungiendo como un organismo de Estado, sustentándose en el control corporativo y en prácticas ilegales, y que el único cambio real sea el de haberle abierto espacios limitados al PAN y al PRD, que han aceptado coexistir con el partido de Estado.
9. El país ha estado sometido a intereses delictivos y por eso resulta un acto de escapismo político que quienes gobiernan pretenden blanquearse desatando una campaña desaforada en los medios contra Daniel Arizmendi (el Mochaoreajas), un temible criminal confeso, pero que ha actuado al amparo del ejemplo de la criminalidad impune del grupo salinista: ese sí, la más temible organización criminal de nuestra historia reciente.
10. El cambio político implica necesariamente desmantelar una compleja red de complicidades, y lo que el PRI ha sido históricamente no tendría cabida en un México democrático.