Documento ``absurdo'': De Icaza; hecho ``histórico'': ONG

David Aponte Ť El gobierno federal cumplió los compromisos adquiridos en los acuerdos de San Andrés con la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas, afirmó la cancillería en respuesta a una resolución de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el conflicto en Chiapas. Incluso, el embajador de México en Ginebra, Antonio de Icaza, calificó el contenido del documento como ``absurdo y ligero''.

La oficina encargada de la política exterior y el representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra -De Icaza-, desestimaron la resolución, que exige al gobierno de México luchar contra la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos, principalmente de las comunidades indígenas, y el reinicio del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El documento fue elaborado con ``ligereza'' y sus resultados son ``absurdos'', consideró el embajador De Icaza.

Las autoridades mexicanas no pueden ``tomar nota'' de la resolución, ``ni podríamos aceptarla porque no la creemos justificada''. Además, el documento está elaborado por un grupo de expertos ``que no tiene responsabilidad política'' alguna en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, argumentó.

De Icaza dijo que la subcomisión redactó la resolución a partir de análisis poco ``exhaustivos'' de la situación de los derechos humanos en México. ``Es un órgano de expertos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se supone que está para hacer estudios jurídicos que sirvan a la comisión para tomar decisiones, y hace algunos estudios. Pero desde hace algunos años se ha metido en asuntos políticos y en verdad el resultado de éste es un poco absurdo'', señaló.

La resolución respecto de la problemática en México incluye cuatro peticiones: garantizar el pleno respeto de los instrumentos internacionales en la materia; luchar contra la impunidad de autores de violaciones a los derechos humanos, principalmente de las comunidades indígenas; preservar la promoción de la acción y seguridad de los defensores de los derechos humanos, y el reinicio de las negociaciones de paz en Chiapas, en el contexto de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

La resolución pide a la Comisión de Derechos Humanos que examine en su próximo periodo de sesiones la evolución de los derechos humanos en México, con fines preventivos.

En conversación telefónica, el representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, embajador Antonio de Icaza, desestimó el trabajo de la subcomisión y a sus integrantes: ``Es un órgano compuesto por expertos e independientes. No es como la comisión, un órgano integrado por representantes estatales''.

El órgano que emitió la resolución no tiene ninguna influencia y no hay precedente de que la Comisión de Derechos Humanos haya retomado sus propuestas. ``Este año, (los expertos) aprobaron resoluciones sobre Corea del Norte, Ucrania y México. Yo diría que hay una equitativa distribución geográfica. Pero fuera de eso, ninguna relación ¿verdad?'', expresó.

-¿Cuál es el siguiente paso, el cauce de la resolución?

-No sé, de aquí a que venga la comisión. Yo creo que ni vamos a tocar el tema. Para que en la comisión esto se dé, algún Estado tiene que plantearlo.

-¿Será que para entonces ya ni quién se acuerde de la resolución?

-Yo creo que no -agregó el diplomático mexicano.

Por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la resolución de la Subcomisión no tiene carácter legal, no es ``vinculante''. No obstante, coincide con la política gubernamental de continuar el diálogo y hacer constantes llamados a los zapatistas.

``En igual sentido, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, durante su reciente visita a México, realizó un llamado al EZLN para reanudar el diálogo'', señaló.

Kyra Núñez, especial para La Jornada, Ginebra, 20 de agosto Ť La resolución de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de esas garantías en México fue acogida por organismos no gubernamentales como ``hecho histórico'' y ``gran victoria''.

El diputado federal nahua Marcelino Díaz de Jesús, de la Coordinadora 500 Años de Resistencia Indígena, lo calificó de ``acto con el cual se ha levantado el velo del silencio'' sobre las sistemáticas violaciones a los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indios.

``Es una gran victoria para los defensores de los derechos humanos en México y para el pueblo mexicano, el que la subcomisión haya votado claramente a favor de una investigación específica sobre las violaciones que sufren no sólo las poblaciones indígenas, sino también opositores políticos y los propios defensores. Por lo tanto, es la derrota absoluta para el gobierno mexicano y para los violadores de derechos humanos en México'', dijo Philip Leblanc, de la organización Franciscana Internacional y Dominicos.

Para Leblanc, el que finalmente un órgano de Naciones Unidas haya adoptado una resolución tal, largamente esperada por ONG y asociaciones cívicas en México y el mundo entero, es causa de júbilo. ``Con ella se desenmascara esa doble postura oficial, publicitada en forma de discurso, de que en ese país se buscan mecanismos para resolver el conflicto en Chiapas y de que se combate la impunidad, así como la otra fórmula discursiva de que la situación se localiza en cuatro estados y no es general''.

Luego de reconocer la labor que desarrolla Michel Concha, dijo que aunque esa resolución omite la reiterada demanda de que se nombre un relator especial para México en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, abre la puerta, el espacio, para que el debate sobre los derechos humanos pase a ser discutido en el seno de la ONU y su Asamblea General.

A su vez, un representante de la Organización Mundial contra la Tortura aseveró que la pelota está ahora del lado del gobierno mexicano, que debe actuar de manera respetuosa porque ha entrado ya en la mira de quienes promueven, internacionalmente, el respeto a los derechos humanos.

Un integrante de reconocida ONG que también trabaja en México, dijo de sus encuentros con los diplomáticos mexicanos que no tuvieron el ánimo de negociar sino de detener toda acción.

Por su parte, la indígena oaxaqueña Estela Ramírez, quien vino a Ginebra con la representación de la Federación Internacional de Cristianos por la Abolición de la Tortura, se declaró ``contenta de esta acción porque ahora todos los chiapanecos, pero también los zapotecas de Loxicha, podremos saber que seremos protegidos por la ONU, y que la Subcomisión y la Comisión de Derechos Humanos verán que nos traten en México como seres humanos''.

Angélica Ayala Ortiz, vicepresidenta de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, afiliada a la Federación Internacional de los Derechos Humanos y a la Organización Mundial contra la Tortura, consideró que en la resolución se debe ver no una forma de injerencia ni de violación de la soberanía nacional, sino el espacio para que los esfuerzos mexicanos y la solidaridad internacional confluyan en un ambiente de respeto y seguridad para toda la ciudadanía, pues la situación de deterioro no se localiza en sólo cuatro de los mil 500 municipios mexicanos.

Dijo que la resolución ofrece los retos para que el gobierno asuma una actitud congruente con su discurso, se avance en la construcción de una alianza nacional a favor del respeto a los derechos humanos y se pueda participar en las decisiones.