La Jornada viernes 21 de agosto de 1998

Miguel Concha
Resolución para México

Tras enormes esfuerzos de las ONG nacionales e internacionales, el pasado jueves fue finalmente emitida por primera vez en la historia una resolución de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, dependiente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, durante su 50 periodo de sesiones, sobre la situación de los derechos humanos en México y su evolución.

Los 26 expertos independientes de todas las regiones del mundo votaron ese día el proyecto de Resolución E/CN.4/Sub.2/1998/L.18, presentado previamente por cinco de ellos. El resultado obtenido fue de 12 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, lo que constituye un gran triunfo de la sociedad civil mexicana y de sus organizaciones, en la lucha contra la impunidad y por la vigencia de los derechos humanos, particularmente en nuestras comunidades y pueblos indios. La trascendencia de la resolución debe medirse de acuerdo con las situaciones de violencia que actualmente padece nuestro país por parte de autoridades federales, regionales y locales, sobre todo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

El documento resalta el aspecto preventivo de la Comisión de Derechos Humanos y otros mecanismos de la ONU, afirmando con oportunidad que su acción es ``el medio más seguro para evitar, mientras haya tiempo para ello, que la violencia y la impunidad debiliten de manera irremediable el estado de derecho''. Esta consideración recoge y refuerza los planteamientos hechos en Ginebra por las ONG mexicanas: si bien el caso de México no tiene las trágicas características de Colombia, Ruanda o Kosovo, el deterioro actual de los derechos humanos salta a la vista.

Mientras el discurso gubernamental argumenta la eficacia de las acciones legislativas y programáticas que ha realizado para protegerlos y promoverlos, los casos que diariamente se conocen apuntan en sentido contrario. Han dejado mucho que desear los métodos de combate a los grupos armados del sur del país y al tráfico de estupefacientes en todo el territorio nacional: ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, interrogatorios bajo presión psicológica y maltrato físico o tortura, retenciones injustificadas al margen de toda legalidad, desapariciones forzadas y procesos judiciales originados y conducidos por presiones de orden político, han sido algunos de los casos más importantes señalados por las ONG nacionales y varias de las más reconocidas organizaciones internacionales, como Americas Watch, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos. En muchas ocasiones y de diferentes maneras, las mismas investigaciones y actividades desempeñadas por los defensores de derechos humanos en México, han sido mal vistas por el gobierno.

Amenazas anónimas, vigilancia ilegítima, declaraciones hostiles de altas esferas gubernamentales, reglamentaciones rigurosísimas a la observación internacional, allanamientos, cateos, expulsiones y otros muchos obstáculos han tenido que enfrentarse, por el solo hecho de hacer evidente la deplorable actuación de los agentes gubernamentales.

Los minuciosos informes provenientes de varias regiones del país, la cobertura de prensa nacional e internacional, y sobre todo las denuncias de las ONG y de las propias víctimas o sus familiares, así como el apoyo de las organizaciones internacionales con estatuto consultivo por parte de la ONU, consiguieron esta vez interesar a los expertos de la Subcomisión, a pesar de la intensa actividad diplomática desplegada por los representantes de la cancillería en Ginebra.

En esta ocasión la voz de las víctimas fue retomada por la propia subcomisión de la ONU, para pedir a las autoridades mexicanas que en verdad garanticen el pleno respeto de los instrumentos internacionales de los que México es parte; que den ``alta prioridad'' a la lucha contra la impunidad de que gozan los autores de violaciones graves a los derechos humanos, en particular quienes causan numerosas víctimas entre los indígenas; que promuevan y respeten en todo momento la acción de los defensores de los derechos humanos y que garanticen su seguridad.

Exhorta además a las partes del conflicto chiapaneco a que reinicien el proceso de diálogo con base en los acuerdos de San Andrés.

Esta resolución no es el final. Por el contrario, es un esperanzador inicio que hará seguramente más firme el monitoreo de instancias de la ONU. Ello no mejorará por sí mismo la situación de los derechos fundamentales de los mexicanos. Sin embargo, la presión internacional será una garantía de que nuestro gobierno será por fin obligado de pasar del dicho al hecho.