Respalda el PRI la propuesta; ``oportunismo'' oficial, acusa el PRD

Políticos de todas las banderas, empresarios y catedráticos universitarios respondieron al secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, quien con un ``sí'' dio el banderazo de salida al debate sobre la conveniencia o no de imponer la pena capital para delitos graves en el país. De todas las voces, sólo dos -la del gobernador de Nayarit, Rigoberto Ochoa, y la del senador priísta Trinidad Lanz Cárdenas- se pronunciaron a favor de la ejecución como castigo penal.

En los pasillos de las Cámaras de Senadores y Diputados, el tema central de innumerables entrevistas fue el reclamo de ciudadanos que ante las cámaras de las televisoras comerciales repitieron de forma incidente desde el martes: ``pena de muerte para delincuentes como el secuestrador Daniel Arizmendi''.

Sólo el Partido de la Revolución Democrática fijó una postura clara en contra de la pena de muerte. Dirigentes y legisladores del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional advirtieron que si bien ``en lo personal'' repudiarían legislar a favor de la condena terminal, consideraron ``sano abrir el debate''.

Pero el coordinador parlamentario del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, y el secretario general de ese partido, Jesús Ortega, arremetieron incluso contra el ``sí'' del titular de Gobernación que inició el debate. Ambos perredistas lamentaron que en el marco de la condena existente al secuestrador Daniel Arizmendi haya ``quien se pretenda aprovechar'' para plantear propuestas populistas como parte de sus precampañas personales en búsqueda de la presidencia.

Muñoz Ledo dijo que Francisco Labastida ``quiere competir apretando los dientes, enseñando los músculos. ¡Cuidado!, no corresponde a un gobierno civilizado hacer un planteamiento de ese tipo. El debate que tenga lugar, pero estos juegos del gobierno de lanzar un tema, un globo sonda, para ver si caen los demás no valen'', comentó el legislador.

Ortega dijo que la propuesta de Labastida Ochoa es demagógica y peligrosa. El dirigente perredista añadió que son terribles los delitos que cometió Arizmendi, pero igualmente terrible es que funcionarios públicos quieran capitalizar la condena social. Por ello, agregó, en el caso de El Mochaorejas sólo cabe aplicar todo el peso de las leyes vigentes.

El secretario general del sol azteca calificó la propuesta del secretario de gobernación de abrir un debate sobre la pena de muerte, como un planteamiento demagógico y oportunista, que sólo busca aprovechar la indignación de la población ante los ``horribles crímenes'' cometidos por Daniel Arizmendi.

Tan indignantes son los delitos que cometió el secuestrador, como también lo es tratar de aprovechar el sentimiento de indignación de la gente con propósitos político-electorales, dijo el dirigente perredista.

Por su parte, Santiago Creel, presidente de la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, consideró necesario abrir el debate en torno a la pena de muerte para despejar inquietudes en la sociedad al respecto. Sin embargo, advirtió que personalmente está en contra de esa sanción por considerar que no se puede instrumentar la venganza como justicia, además de que en donde se aplica no ha resultado eficaz.

Creel dijo que en su momento se presentarán estadísticas sobre el efecto que ha tenido la instrumentación de la pena de muerte y en el que se advierte que no ha cumplido con sus fines para detener la criminalidad. Subrayó que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a una persona, por graves que hayan sido los delitos que cometió.

Lanz Cárdenas, en principio, sí

En el Senado, la implantación de la pena de muerte fue calificada como ``una pena bárbara y brutal'' que ni siquiera logra reducir el problema de la criminalidad.

Lanz Cárdenas, experto en materia constitucional, dijo que en principio estaría de acuerdo con su aplicación, pero reconoció también que representa un riesgo en sistemas de administración de justicia como el mexicano ``que dejan mucho que desear''.

Priístas y panistas coincidieron en que el caso del secuestrador Arizmendi amerita llamar a una consulta nacional sobre la instauración de la pena capital, como propuso el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.

Al respecto, el diputado del PRD

Demetrio Sodi de la Tijera resaltó en tono irónico que aunque el funcionario ``ahora ya hasta quiere copiar a los perredistas en eso de las consultas nacionales'', son los partidos políticos y los ciudadanos los que pueden convocar a ese plebiscito.

Constitucionalista y presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el panista Juan de Dios Castro comentó que a título personal no está a favor de que se aplique la pena de muerte, aunque la gran irritación social contra Arizmendi clame por ello. Sin embargo, agregó, ésta no reduce el problema de la criminalidad.

Sin embargo, agregó, es un tema que en caso de plantearse tendrá que precederse de una amplia y extensa consulta nacional.

Igualmente, el senador del PRI Eduardo Andrade expresó que por razones éticas y morales se opone rotundamente a instaurar la pena capital. ``Ninguna persona tiene derecho de quitar la vida a otra, ni aun en nombre de la justicia de Estado.

El PRI a favor del debate, no de la pena

La dirigencia nacional del PRI comulgó con la idea de que se abra un debate nacional sobre si debe o no restablecerse la pena de muerte en México en contra de quien cometa delitos que dañen a la sociedad, como es el caso del secuestrador Daniel Arizmendi López, y consideró indispensable ``una actitud mucho más enérgica'' del gobierno en contra de la delincuencia, pues los pasos que hasta ahora ha dado para combatirla ``no son suficientes''.

Y aunque en lo personal el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, Mariano Palacios Alcocer, se expresó en contra de la aplicación de esta pena al considerar que no es uno de los métodos más eficaces para combatir a la delincuencia, aseguró a nombre del partido que algunas de las disposiciones de la justicia tradicional para enfrentar al crimen organizado no bastan, por lo tanto, manifestó, la discusión sobre el tema ``es saludable''.

En entrevista, señaló que antes de cerrar casos de criminales peligrosos ``con una situación fatal'', en algunas ocasiones ``un tratamiento de naturaleza psiquiátrica es lo que han requerido algunos de los más temibles delincuentes'' para corregir sus ``perturbaciones graves de la conciencia''.

En Nayarit, Ochoa Zaragoza: ``Tómenle la palabra a Arizmendi''

El gobernador de Nayarit, Rigoberto Ochoa Zaragoza, señaló ayer que las autoridades ``deberían tomarle la palabra al secuestrador Daniel Arizmendi López y aplicarle la pena de muerte''.

Al referirse a la posibilidad de que el gobierno federal realice una consulta en relación con la pena de muerte, el mandatario estatal dijo ser partidario de tal castigo.

``En casos como este -dijo Ochoa Zaragoza- gran parte de la sociedad coincide en que ese tipo de delincuentes requieren de un castigo ejemplar''. Agregó que en el país ``temas como este son cíclicos, pues en cierto tiempo surgen y luego se esconden y dejan de tratarse. Igual sucede -enfatizó- con la despenalización del aborto''.

Insistió que en el caso de el Mochaorejas es aventurado decir que se trata de un desquiciado mental, pues se corre el riesgo de que en lugar de meterlo a la cárcel de por vida, lo envían únicamente a un hospital''.

Sanciones más fuertes, pide Bours Castello

En Guanajuato, mientras tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Bours Castello, exigió que se realicen reformas a los códigos penales del país para aplicar sanciones más fuertes a los secuestradores, ``sólo de esa forma se hará justicia'', dijo.

``Ante el clima de inseguridad que se vive en el país, es importante que en los ámbitos federal y estatal se hagan modificaciones a las leyes, aumenten las penalidades, haya un freno en contra de la delincuencia'', comentó el líder de los empresarios al término de la ceremonia religiosa realizada en memoria del empresario Raúl Nieto del Río, la última víctima de Arizmendi López.

Funcionarios, empresarios y políticos, tanto del PRI como del PAN, así como ciudadanos se reunieron en el templo católico de San Francisco, donde fueron depositadas las cenizas de Nieto del Río. Los asistentes dijeron estar ``indignados por los hechos'' y lamentaron ``haber perdido a una persona tan apreciada en nuestra sociedad''.

Durante la homilía, el sacerdote Genaro Mújica exhortó a la comunidad a ``orar por nuestro hermano'', y aunque no se refirió en forma directa a Daniel Arizmendi, dijo: ``sólo la voluntad divina puede perdonarnos, Dios siempre es la máxima autoridad''.

El Colegio de Abogados de Mazatlán, Sinaloa, mientras tanto, propuso una amplia reforma a los artículos que sancionan al plagio con castigos legales atenuantes. El abogado José Luis Posadas reconoció que existe una ley todavía débil para castigar a quienes se dedican a una ``industria'' tan lucrativa como es el secuestro.

``No es suficiente el encierro de cárcel por más de 10, 15 o 20 años de algún secuestrador, comparado con el daño moral, síquico y físico que se les comete a sus víctimas y familiares'', aseguró. La pena de muerte es el castigo adecuado, sea con un encarcelamiento de por vida o con métodos o sistemas de ``silla eléctrica'' o ``pastilla letal''. (Andrea Becerril, Alonso Urrutia, Víctor Ballinas, Georgina Saldierna, José Galán, Enrique Méndez, Jesús Narváez, Manuel Carrillo, Víctor Guerra)