Especialistas: su implantación no frenará la criminalidad

Distracción concertada

Rubén Aguilar, sociólgo y profesor de la Universidad Iberoamericana: El manejo informativo sobre la detención del secuestrador Daniel Arizmendi, y el eventual debate de la pena de muerte en México, forman parte de una ``distracción concertada'' para dejar a un lado temas más importantes para la nación, como la crisis financiera y el problema del Fobaproa. Con esta expresión autoritaria, el gobierno busca minimizar problemas fundamentales para el país y, al mismo tiempo, pasar como un ``triunfo'' el arresto del delincuente con evidentes complicidades en los cuerpos policiacos. Por otra parte, las autoridades y los medios de comunicación ``pretenden manipular a la opinión pública con el tema de la pena capital, cuando ha quedado demostrado que esa práctica no reduce la criminalidad y sí lleva a injusticias'', consideró.

Restaurar el estado de justicia

Juliana González, filósofa, recuerda: ``Kant nos enseñó un día que cuando se rompe la justicia hay que restaurarla. Esa necesidad de restaurar el orden y el estado de justicia es incuestionable. Mi opinión siempre ha sido que en la medida en que somos civilizados rompemos con la ley del Talión, por lo tanto: que se cumpla la justicia, que se haga justicia plenamente''. La sociedad ``está profundamente dolida, pero no sólo de este asunto de un criminal nato que tiene rasgos psicopatológicos, de crueldad moral y de cinismo. Representa a un ser que ha quebrantado de manera muy profunda el orden público y el mínimo respeto al otro, pero eso no significa que nos vayamos a la pena de muerte. Tenemos que hacer prevalecer el orden de la ley, y de una ley civilizada. La pena de muerte no es una solución''. Los medios informativos, señala, ``tienen la responsabilidad de recoger toda la pluralidad de opiniones, porque en sentido estricto no hay una opinión, no hay la única válida y verdadera. Se busca un consenso de racionalidad, y lo que no podemos hacer es perder nuestra responsabilidad como seres racionales. Recoger la pluralidad y contrastar juicios, no exabruptos viscerales''.

Se le haría un favor a Arizmendi

Raúl Plascencia Villanueva, investigador justicialista: ``La pena de muerte va a contracorriente del carácter abolicionista del país y una tendencia mundial cada vez más generalizada en contra de ese castigo. Su aplicación implicaría que el gobierno modifique todos los tratados que ha firmado con organismos multilaterales en materia de derechos humanos, que garantizan el derecho a la vida como inalienable. Los 50 años de pena máxima son suficientes. Además, la pena capital es más favorable. Analicemos las características personales de Arizmendi. Le haríamos un favor si se le aplica, porque él mismo declaró que preferiría que lo mataran en lugar de estar en prisión. Incluso, en el caso de la pena capital vigente en el fuero militar es en la práctica letra muertaÉ al menos desde hace 30 años no se aplica''.

La industria de la conciencia

José María Pérez Gay, filósofo, reflexiona en torno a la inclinación de los sucesos recientes respecto de la polémica acerca de la pena de muerte: ``Eso está en el aire, pero los medios de comunicación no pueden impulsar esa discusión, no podrían impulsar un alegato sobre si la pena de muerte es aplicable o no a raíz del caso Arizmendi o de la inseguridad en que vivimos. Como discusión acerca de un castigo justo o una salida más o menos certera, la pena de muerte no vendría a agregarle nada al problema de la inseguridad y el crimen. Las leyes mexicanas son muy claras, y entre una condena de 60 años y la pena de muerte en todo caso no habría diferencia''. Daniel Arizmendi, reflexiona el director de Canal 22, ``encarna el mal. Es un concepto casi teológico. Las entrevistas que se le han hecho revelan eso y se desencadenan las opiniones pro condena de muerte. La sociedad se ve a sí misma, en estos casos y en particular en el de ese asesino, dividida''. Los medios de comunicación electrónicos desempeñan funciones determinantes, apunta Pérez Gay. ``Todo asesino serial ha sido siempre un producto de la industria de la conciencia: de los medios. Y este no es un asesino serial pero sí uno de los casos más serios que han sucedido en México''.

No a las medidas viscerales

Juventino V. Castro y Castro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ``Los que alientan a la ligera la pena de muerte revelan una profunda ignorancia del derecho penal, ya que los jueces sólo pueden aplicar las penas que están expresamente contenidas en la ley. En la actualidad, la máxima es de 50 años, es decir, no ha lugar a una sanción de pena de muerte o cadena perpetua como se ha pedido a través de diversos medios. No deben impulsarse medidas viscerales, como ventilar la posibilidad sobre un debate en torno a la pena capital, sólo por la detención de un chacal como Daniel Arizmendi. Al contrario, la sociedad debe analizar las causas profundas que generan injusticia, hacinamiento, pobreza y marginación, que entre otras provocan la violencia que vivimos. En virtud de que la Carta Magna prevé la pena capital por homicidio calificado y con alevosía, en caso de que se decidiera implantar la pena de muerte el trámite sería simplemente cambiar cualquier ley secundaria, lo que no implica problema jurídico alguno. Es un problema sociológico, razón por la que la legislación penal se amoldaría a las nuevas disposiciones en caso de que se decidiera realizar una especie de referéndum y que el Ejecutivo decidiera realizar las modificaciones pertinentes al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales''.

Derechos como reflejos

Leopoldo Zea, filósofo, resume: ``Los derechos humanos deben reflejarse como instrumentos precisamente para el respeto entre unos y otros. Eso lo establece muy claramente la ley''.

Políticas ineficientes de readaptación

José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la SCJN: ``La pena de muerte tiene el inconveniente de que, una vez ejecutada la sentencia no hay manera de reparar un posible error. El problema central es la falta de una política adecuada de readaptación social. Las prisiones siguen siendo escuelas del crimen. Muchos de los principales narcotraficantes e incluso el propio Daniel Arizmendi ya habían sido encarcelados; sin embargo, al obtener su libertad continuaron sus carreras delictivas, lo que revela la ineficiencia de las políticas de readaptación social''.

Política autoritaria

Luis Astorga, especialista en temas de violencia y crimen organizado: La autoridad busca consolidar una "política autoritaria" con la discusión de la pena de muerte, con el argumento de que la práctica ofrece a la sociedad una seguridad, misma que "resulta ficticia". Por línea política o intereses económicos, intenta llevar a la población a manifestarse por la aplicación de la ley del Talión, y "eso no es deseable" para México.

La ley debe ser igual para todos

Diego Valadés, ex procurador general de la República: ``Ni la pena de muerte ni la cadena perpetua pueden tener algún efecto disuasorio para disminuir los delitos; es, incluso, una perspectiva ya rebasada en el país. Un buen sistema de justicia debe estar al margen de la tribunalización de la sociedad. Una cosa es que la sociedad tenga derecho a expresar libremente todas sus preocupaciones, inquietudes, angustias e indignaciones, y otra la valoración que conforme a derecho deben realizar los tribunales. No abogo por ese sujeto (Arizmendi), un hombre abominable, de un cinismo escalofrianteÉ pero la ley debe ser la misma para todos. La sociedad no puede establecer sanciones y decir que se aplique o no la pena de muerte. Si hacemos excepciones podemos incurrir en los excesos del siglo pasado, cuando se tipificó la ``ley del caso'', por la cual se determinaba distintas sanciones a una persona, aun cuando ésta hubiera cometido el mismo delito que otro sujeto. Eso no es posible, ya que la seguridad jurídica que todos los ciudadanos exigimos implica igualidad de trato en las mismas circunstancias. Se puede hacer una consulta pública sobre la pena de muerte porque no se debe impedir la libre expresión de la sociedad. Pero también las decisiones de los jueces tienen que ser libres''.