La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) pasa por tres etapas claramente identificables. La primera estuvo oculta al conocimiento de los medios de comunicación y, por tanto, de los ciudadanos; duró desde su creación hasta que el Ejecutivo, en mayo de este año, solicitó al Congreso convertir en deuda pública los quebrantos que el Fondo había acumulado y para cuya garantía se contó con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La segunda etapa abarca de la presentación del proyecto del presidente Ernesto Zedillo a estas primeras semanas de agosto. Durante estos cien días, cruciales para el futuro del país, la oposición se opuso cerradamente a que el proyecto pasara sin mayor análisis, sin crítica alguna y con premura, como solicitaban los funcionarios del gobierno.

Durante este lapso se fue conociendo, paulatinamente al principio, después con mayor velocidad, qué era eso de Fobaproa y cómo se comía; primero los diputados de la Comisión de Hacienda, que fueron los que dieron la voz de alarma, en especial los ligados o relacionados con las agrupaciones de deudores de la banca, después todos los de oposición y finalmente la opinión pública.

El gobierno hubiera querido que el reconocimiento de un aumento a la deuda pública, de cerca de 600 mil millones de pesos, se dictaminara rápidamente y se aprobara sin mucho ruido, a lo más con una rápida polémica en tribuna de un par de horas y a otra cosa.

Pero no fue así y diputados de todos los partidos de oposición, incluyendo los independientes, no lo permitieron y en esta segunda etapa de la historia de Fobaproa, actuando como verdaderos representantes de la nación, denunciaron el intento de ``bola rápida'', desentrañaron la historia del fideicomiso, encontraron algunas de las violaciones a la legislación vigente en el manejo del fondo, y exigieron al gobierno toda la información.

Lo anterior fue difícil pero finalmente se lograron dos metas fundamentales: que a los legisladores se les ofreciera la entrega de esa información completa y ordenada, y que se aceptara la imposibilidad de que el proyecto del Ejecutivo fuera aprobado en sus términos.

Hoy la labor de estos representantes populares es otra y su cumplimiento es el inicio de la tercera etapa de este proceso. Necesitan los diputados de oposición, y también los del PRI, encontrar de común acuerdo una solución al problema que el proyecto del Ejecutivo pretendía resolver en forma inaceptable.

Los diputados tendrán que buscar soluciones porque si bien se detuvo el intento de reconocer y mandar pagar sin más la deuda de Fobaproa, lo cierto es que ésta existe y que los bancos requieren de los recursos que esperaban a través del pago de los intereses que les producirán los pagarés que Fobaproa les firmó y que Hacienda avaló.

Los grupos parlamentarios están activos en la tercera etapa de esta historia, tendrán que depurar los créditos descontados en el fondo bancario; para eso se requiere de la información solicitada: será necesario ver, especialmente entre los créditos multimillonarios, cuáles estuvieron mal estructurados, cuáles fueron dados sin garantías suficientes, a dónde fue a parar el dinero de ellos, y se deberá intentar recuperarlos porque muchos corresponden a empresas quebradas pero con empresarios ricos.

Habrá que esperar cooperación voluntaria o forzada por la ley, y por la fuerza de la opinión pública, de quiénes se beneficiaron con los créditos no devueltos a la banca.

Después habrá que analizar la cartera, llamémosla normal, de decenas de miles de deudores de créditos hipotecarios, de tarjetas de crédito, de compradores de automóviles, de pequeños y medianos empresarios, muchos organizados, que quieren pagar, pero lo justo, lo que adeudan con un interés moderado y no capitalizando intereses; de esto, seguramente se recuperará mucho, con una buena política de cobranza, no con amenazas y enfrentamientos.

Depurada así la cartera, habrá más dinero en las arcas de los bancos y la discusión de lo imposible de cobrar será por menos.

En ese punto estamos y sin aceptar la solución inconstitucional que se quería dar al asunto; se puede buscar otra, dentro de la ley, que sirva de respiro a los bancos, que preserve los intereses de los ahorradores y cuentahabientes y que no destruya la economía de los deudores. Pronto estaremos viendo que sin la intervención de los que nos metieron en este problema, hay solución y será posible que ésta sea justa.