Apoya Labastida el debate sobre la pena de muerte; decencia, pide De la Barreda

Rosa Elvira Vargas y José Gil Olmos Ť Un rotundo sí fue la respuesta del secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, a la pregunta de si estaría a favor de reabrir el debate para una eventual aplicación de la pena de muerte en México.

``Estoy absolutamente convencido de que debe hacerse más severo el castigo para quienes están ofendiendo a la sociedad'', afirmó el funcionario, quien también fue interrogado sobre la participación de la dependencia a su cargo en la aprehensión del plagiario confeso, Daniel Arizmendi.

Sin embargo, horas después de la declaración, Labastida llamó al equipo de comunicación social de la dependencia, ante su preocupación por la respuesta afirmativa que dio al tema de la pena capital, y habría consultado si la declaración debía puntualizarse por alguna vía, a fin de evitar un efecto similar al que tuvo el titular de Salud, Juan Ramón de la Fuente, cuando hace algunas semanas propuso abrir a la discusión pública el asunto del aborto.

Al antiguo palacio de Cobián también llegó el director general de Comunicación Social del Ejecutivo, Fernando Lerdo de Tejada, quien se sumó a las deliberaciones que sostuvo el titular de Gobernación con sus colaboradores. La reunión, a la que acudió además el subsecretario de Comunicación Social de la SG, Emilio Gamboa, se prolongó más de dos horas y al término de la misma el vocero de Gobernación, Ignacio Lara, despejó las especulaciones que para ese momento ya se tejían entre los reporteros de la fuente.

Lara --quien acompaña a Labastida Ochoa en labores de comunicación desde el gobierno de Sinaloa-- dijo que no modificarían las palabras del secretario de Gobernación e incluso repitió el ``sí'' a la apertura de un debate público sobre la pena de muerte.

En el despacho de Francisco Labastida permaneció todavía algunos momentos más Lerdo de Tejada, al parecer en actividades de coordinación de la próxima presentación del Programa Nacional de Seguridad, así como la afinación de detalles respecto al cuarto Informe de Gobierno que rendirá el presidente Zedillo ante el Congreso, el primero de septiembre.

Las declaraciones de Labastida acerca de la pena de muerte se dieron en el Museo de Antropología, donde momentos antes el presidente Ernesto Zedillo convocó a los mexicanos a celebrar la llegada del tercer milenio como un país fuerte, soberano, justo y democrático.

El artículo 22 de la Constitución General de la República contempla la pena de muerte; sin embargo, ésta no ha sido reglamentada desde que su decreto, en 1917, y por lo tanto no ha sido discutida por los Congresos de los estados, a fin de que sea posible su aplicación.

El tercer párrafo del precepto constitucional dice en relación con la máxima pena: ``Queda también prohibida la pena de muerte por los delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar''.

Aun y cuando algunos delincuentes han cometido graves faltas que ameritan la pena de muerte, la inexistencia de una reglamentación al artículo 22 constitucional impide que se aplique en el territorio nacional.

Bertha Teresa Ramírez Ť El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda Solórzano, rechazó ayer la instauración de la pena muerte en México. El propio Daniel Arizmendi, señaló, al ser detenido dijo que preferiría morir que ir a la cárcel, ``porque la muerte nos iguala y en cambio la cárcel es jerárquica y pone distinción a la muerte a la que él le rindió culto''.

Y no es que Daniel Arizmendi no merezca el peor de los castigos, dijo, por supuesto que lo merece, es un criminal despreciable, sino que nosotros como sociedad y el gobierno debemos dar muestras de la decencia que este señor no tiene. El gobierno no tiene que portarse con una ética de la que ese señor carece, y esto es una convicción civilatoria. Nadie tiene derecho de privar de la vida a otro ser humano, a no ser en condiciones de legítima defensa propia.

De la Barreda rompió el silencio y la sala de usos múltiples de la CDHDF, colmada de reporteros, enmudeció. Una vez más, el ombudsman capitalino invocó a la mesura ante el bombardeo de opiniones que piden instaurar la pena de muerte.

Independientemente del punto de vista de las mayorías, manifestó, la defensa o la implantación de dicha pena sería antidemocrática porque va contra el proceso civilizatorio. ``Es cierto, la democracia consiste en respetar las decisiones de la mayoría, pero hay decisiones que no son democráticas aunque las impulsara esa mayoría'', puntualizó.

¿Qué lograría la pena de muerte que no lograra la prisión? ¿Hacer inocuos a los delincuentes? No, porque la prisión los hace inocuos. Daniel Arizmendi está por ir a la cárcel de alta seguridad de Almoloya, donde no hay fugas, y ahí, donde no pueda fugarse, estaría pagando un castigo muy merecido, indicó.

``El mismo dijo ayer, cuando fue entrevistado repetidamente, que preferiría morir que pasar la vida en una prisión. ¿Por qué? Porque finalmente él, en todo momento de su carrera delictiva, rindió culto a la muerte. No el culto que rinde el pueblo el 2 de noviembre, o el culto que en sus décimas a la muerte rinde un poeta como Xavier Villaurrutia, sino el culto de un asesino, el culto de quien no respetó vidas, de quien dice: `yo maté y no sentí nada al matar, yo mate y no me arrepiento', y el mismo que despreció así la vida de los demás'', concluyó el ombudsman Luis de la Barreda.