Durante la campaña federal de 1997 el Presidente de la República señaló que si la oposición ganaba la mayoría en la Cámara de Diputados, no podría continuar con su política económica de gobierno y que el país estaría en problemas. Hoy queda claro que se refería a políticas como la del rescate bancario o Fobaproa, que pretendía continuar sin la necesaria revisión y aprobación por parte del Congreso. Es decir, sin que los ciudadanos tuvieran forma alguna de siquiera enterarse de medidas económicas que les afectan grandemente.

Pero como por mandato popular la Cámara sí resultó con una composición de mayoría opositora, la iniciativa presidencial del Fobaproa, de convertir en deuda de todos los mexicanos la enorme cantidad de dinero dada en pagarés a los bancos para garantizar la recuperación de sus quebrantos, no pasará por esta Cámara de Diputados sin el debido análisis y exclusión de garantías que no tiene por qué pagar el pueblo de México. Además, previamente deben ser responsabilizados y sancionados los funcionarios de gobierno al más alto nivel, desde Ernesto Zedillo si éste fuera el caso, que incurrieron en abusos de autoridad y violaron la Constitución comprometiendo recursos públicos sin la autorización del Congreso de la Unión.

En este proceso, los diputados, como nuestra representación popular nos obliga, debemos ir tomando las resoluciones que respondan mejor al bienestar de los ciudadanos, desde luego considerando la opinión de la mayoría al respecto. Sin embargo, la evaluación que se debe realizar sobre el sentir popular no puede estar sujeta estrictamente a una consulta como la que organiza el Partido de la Revolución Democrática. Esto es por varias razones. La principal es que tratándose de una resolución económica que se traduciría en una carga fiscal para todos es comprensible que la ciudadanía se pronunciará por una negativa, independientemente de las bases fundadas o no para su aprobación. Esto sucede de manera general en el mundo, por lo que en muchos países medidas fiscales no se llevan a consulta pública. Pero hay otras limitaciones como la capacidad de organización para recoger una opinión representativa de todos los mexicanos, y la comprensión general de un tema especializado y complicado.

A pesar de lo anterior, es de justicia reconocer que la dinámica previa a la consulta popular organizada por el PRD trae como beneficio una mayor difusión del magno problema al que se enfrenta el país con el Fobaproa, pero su solución no es tan sencilla como obtener una negativa a su aprobación por parte de los ciudadanos y como consecuencia, de los diputados federales en el Congreso. Las fracciones parlamentarias de oposición que no aprobarán la iniciativa presidencial del Fobaproa tienen también la responsabilidad de presentar alternativas viables al complejo problema financiero que significa la banca mexicana con sus malos manejos, y que avalados y hasta en complicidad con las autoridades, dieron como resultado una crisis económica y de endeudamiento para millones de mexicanos que no ha sido resuelta con los fondos del Fobaproa que ahora pretenden que paguemos todos.

El PAN ha ofrecido próximas propuestas que sancionen lo ilegal y que señalen caminos a tomar para dañar lo menos posible la ya muy deteriorada economía nacional. En el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que se iniciará en septiembre, los dos mayores partidos de oposición en la Cámara de Diputados tienen la responsabilidad social de llegar a acuerdos que reparen en lo posible los graves perjuicios al país ocasionados por las políticas económicas y financieras de ésta y la anterior administración de gobierno. No será fácil, y aunque sus visiones, métodos y estrategias son muy distintos, es posible que los una el deseo de salvar a la población de México.