El informe de Starr al Congreso puede transformar el proceso de judicial en político

David Brooks, corresponsal, Washington, 17 de agosto Ť El interrogatorio que un gran jurado formuló a Bill Clinton esta tarde es la fase final de un proceso legal iniciado hace cuatro años, pero sus implicaciones políticas a mediano y largo plazo apenas empiezan a manifestarse.

El informe final del fiscal independiente Kenneth Starr, si es que efectivamente decide concluir su investigación, marcaría el fin de un proceso técnicamente legal y el principio de un proceso político que podría desembocar en una crisis constitucional en Estados Unidos.

Pero antes de eso, el que hoy Clinton admitiera haber tenido una ``relación física inapropiada'' con Monica Lewinsky, pese a haberlo negado anteriormente, tuvo impacto político inmediato, pues varios de sus asesores, trabajadores leales dentro de la Casa Blanca y figuras políticas simpatizantes, entre ellos no pocos legisladores y líderes de su Partido Demócrata, dijeron sentirse ``traicionados'' por su jefe.

Después de haber defendido al presidente durante los últimos siete meses, hoy se enteraron de que Clinton cambió su versión de los hechos y pidió que lo disculparan. Por tanto, el primer reto para Clinton es mantener la lealtad, o por lo menos el apoyo, de su círculo político después de haber mentido.

Irónicamente, el amplio apoyo popular para el presidente registrado en encuestas, pese a que dos tercios o más creen que sí tuvo una relación sexual con Lewinsky, es el mejor medio para mantener la cohesión de su partido. O sea que, independientemente del desencanto que expresaron hoy sus allegados --que podría ser solo una forma de autoprotegerse políticamente, ya que ellos promovieron la mentira-- el público ya sospechaba lo que, según muchos de estos políticos, fue una sorpresa.

Pero a mediano plazo, la nube sobre la Casa Blanca podría oscurecerse aún más. Starr preparará su informe final, tal vez después de interrogar una vez más a algunos de los testigos (se habla de una posible segunda declaración de Lewinsky y del asesor presidencial Bruce Lindsey). El informe llegará a la Cámara de Diputados este otoño, y después de eso, el proceso legal devendrá proceso político.

La Cámara deberá determinar si la evidencia amerita recomendar un proceso de destitución. Si el organismo lo decide así, dos tercios del Senado tendrían que aprobar el proceso, cuyo inicio sería, por definición, una crisis constitucional.

El senador Orrin Hatch, presidente del Comité Judicial del Senado, advirtió ayer que a Clinton le conviene declarar la verdad ``porque... si miente ante el gran jurado, eso sería motivo para su destitución''. Hoy reafirmó que el asunto no es el sexo, sino ``el abuso de la Oficina de la Presidencia, un abuso del poder'', y dijo que si hay evidencia de perjurio u obstrucción de justicia, ``esto son altos crímenes, y según la Constitución, son fundamento para la destitución''. Hasta el momento no se sabe cuáles serán las consecuencias del interrogatorio. Todo mundo ahora espera el informe final de Starr; de ahí, todo dependerá de la determinación política del Congreso en abordar el asunto.

Los cálculos políticos definirán el destino del caso, y de la misma presidencia.

De momento, el liderazgo del Congreso ha expresado su renuencia a abordar el asunto inmediatamente, y el presidente de la Cámara, Newt Gingrich, opina que el tema no debe tratarse formalmente sino después de las elecciones legislativas de noviembre. Esta decisión puede deberse a dos factores: primero, que el nivel de apoyo popular del presidente aún es un obstáculo político para los republicanos en esta coyuntura, y segundo, el temor de que el manejo político de una crisis constitucional tenga implicaciones políticas a largo plazo, tanto para los acusadores como para el acusado, que tienen que ser bien evaluadas.

Sin embargo, un presidente debilitado por este escándalo también conviene a los republicanos: la percepción de que el presidente ha perdido su ``autoridad moral'' permite una estrategia política donde los legisladores republicanos pueden superar el poder del Ejecutivo en las pugnas entre ambos poderes durante el resto de esta presidencia.

Pero toda evaluación política de cómo manejar el asunto de aquí en adelante gira en torno al factor de la opinión pública. Andrew Kohut, director del centro de encuestas y análisis Pew Research Center, afirma hoy en un artículo en el New York Times que la reacción de la opinión pública no es necesariamente inmediata. Indicó que pese a que por ahora el público sigue apoyando al presidente, esto podría cambiar si, por ejemplo, la economía empieza a estancarse: el público podría condenar a un presidente que se ocupó de una crisis personal y no de la prosperidad de la nación. Kohut añadió que el que Clinton admita haber mentido podría tener impacto sobre las elecciones legislativas de noviembre, en las que los demócratas necesitan conquistar 11 curules adicionales para retomar la mayoría en la cámara baja. Si se promueve un proceso que pudiera terminar en la eventual destitución del presidente por la Cámara, resultará mucho más importante cuál partido obtiene la mayoría en el organismo.

A largo plazo están las elecciones del 2000. Si este escándalo prospera en la Cámara y se mantiene vivo, tendrá un impacto particular en las aspiraciones presidenciales del vicepresidente Al Gore. En esto entran los cálculos presidenciales de otros posibles candidatos demócratas a la presidencia.

Claro, no se puede descartar el impacto mas serio: la destitución o renuncia del presidente, que en este momento aún parece improbable.