Mientras la agricultura se hunde y el país pierde los escasos restos de soberanía alimentaria que le quedaban, el secretario del ramo, Romárico Arroyo, trata de ocultar la realidad a golpe de declaraciones a la prensa, al tiempo que se esmera en contradecirse a sí mismo. La situación del campo, el volumen de importaciones de granos básicos y el presupuesto del sector son tres temas, entre muchos otros, en los que las palabras del funcionario poco tienen que ver con la realidad.

El 7 de agosto, en Morelia, Michoacán, el ingeniero Arroyo señaló que en el campo mexicano no hay pobreza ni crisis, que no ha disminuido la superficie sembrada, y que ``no se ha reducido el empleo'' (La Jornada, 8/VII/98). O el secretario de Agricultura se refería a los campos de golf o su comentario no resiste la más mínima comparación con las estadísticas oficiales y las cifras sobre el sector aportadas por el Banco Mundial. La sociedad rural concentra los mayores niveles de pobreza extrema en el país. El PIB agropecuario de los últimos 16 años ha crecido por debajo de lo que lo ha hecho la población, y la superficie cosechada por habitante se redujo en 42 por ciento durante los últimos 25 años (La Jornada, 15/VIII/98), y como resultado de la sequía se dejaron de sembrar alrededor de 500 mil hectáreas (La Jornada, 21/VII/98). La política gubernamental hacia el sector atiende básicamente al 10 por ciento de los productores, que son, además, los de más altos ingresos. De acuerdo a un estudio elaborado por UNORCA, de los 25 millones de habitantes que hay en la sociedad rural, el 81 por ciento son pobres y el 37 por ciento vive en extrema pobreza.

Días después, Romárico Arroyo reconoció, rectificándose a sí mismo, que el país requeriría traer del exterior cerca de 15 millones de toneladas de granos con un costo cercano a los mil 700 millones de dólares (El Universal, 11/VIII/98). Efectivamente, el 20 de julio la Sagar había estimado una importación de apenas 6 millones de toneladas (La Jornada, 21/VII/98), y un día después el secretario declaró que ``el volumen de compras al exterior será de entre 13.5 y 14 millones de toneladas'' (La Jornada, 22/VII/98). Durante su comparecencia ante las comisiones de agricultura de las Cámaras de Diputados y Senadores había señalado que el costo de las importaciones sería de 2 mil 300 millones de dólares.

Lo cierto es que tanto el volumen como el monto de las compras al exterior podrían ser aún mayores a lo aceptado por el titular del ramo. Tan sólo durante el primer trimestre de este año se trajeron 6.6 millones de toneladas que representan el 59.8 por ciento de lo importado durante 1997. La distribución del grano se dificulta, además, por una deficiente infraestructura. Una verdadera catástrofe agrícola. Un indicador del fracaso de la Alianza para el Campo, y una demostración del grado de dependencia alimentaria al que hemos llegado, en un momento en el que el peso mexicano se devalúa y el conjunto de la balanza comercial es desfavorable.

El secretario de la Sagar ha insistido en que el tercer recorte al gasto público no afectará a los programas agropecuarios. La CIOAC y el CAP han expresado su incredulidad con tal afirmación, y han puesto, como ejemplo, que tan sólo en el caso de Liconsa el gobierno tuvo que recortar el presupuesto en un 17 por ciento. La UNORCA ha señalado que, de acuerdo a las cifras del INEGI, el gasto asignado al sector bajó en un 50 por ciento en las últimas dos décadas, al pasar del 10 al 5 por ciento del total programable (La Jornada, 15/VIII/98).

El campo mexicano es zona de desastre. Nuestro país es hoy mucho más dependiente del exterior de lo que era hace unos años. Su apuesta a desarrollar el sector sobre la base de las ventajas comparativas es un fracaso. La supuesta modernización del sector ha traído, irónicamente, más atraso. La realidad no desaparecerá porque el secretario haga declaraciones o trate de maquillar las cifras. Sus palabras, empero, provocan más desconfianza en el gobierno federal.