Firman convenio de seguridad pública gobiernos del DF y federal

José Galán y José Gil Olmos Ť Al suscribir ayer los gobiernos federal y capitalino el Convenio de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Francisco Labastida Ochoa coincidieron en la necesidad de impulsar reformas constitucionales y penales para combatir la criminalidad que, consideraron, violenta y amenaza a toda la sociedad mexicana, particularmente en la ciudad de México.

En el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, Cárdenas Solórzano afirmó, empero, que ``no basta la voluntad política del Ejecutivo'' ni la cooperación entre los fueros común y federal para someter a la delincuencia, sino que, agregó, ``el gobierno del Distrito Federal considera indispensable y urgente, además del convenio suscrito, convertir en normas constitucionales y leyes iniciativas en consideración ya del Congreso de la Unión''.

Para el secretario de Gobernación, es responsabilidad de las autoridades locales, de los gobiernos de los estados, ``del gobierno del Distrito Federal, combatir los delitos del orden común. Y 95 de cada 100 delitos que se cometen en la ciudad corresponden a esa jurisdicción'', pero reconoció que todos los esfuerzos contra la delincuencia necesitan complementarse ``con mejores leyes'', por lo que exhortó ``respetuosamente'' al Congreso de la Unión a que sean ``analizadas profundamente'' las iniciativas de reformas constitucionales planteadas a su consideración por el presidente Ernesto Zedillo desde el año pasado.

Tras subrayar que en el periodo 1993-1994, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, ocurrió ``una grave involución'' en el desarrollo del estado de derecho, ``cuando se alteraron bases constitucionales y legislativas de ordenamientos penales y del proceso penal'', Cárdenas Solórzano afirmó que es necesario ``elevar las miras, y que, juntos, los poderes ejecutivos y legislativos locales y federal, cumplamos con la responsabilidad de dar mayor solidez a las bases institucionales que sirvan para sujetar a la delincuencia al imperio de la ley''.

Con las reformas durante el sexenio salinista ``se minó, de raíz, la capacidad de la autoridad para mantener el orden público y perseguir con eficacia la delincuencia'', añadió el jefe de gobierno de la ciudad de México, quien recordó que, de acuerdo con las iniciativas enviadas en diciembre pasado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, su administración ha mantenido la debida comunicación con el propio Ejecutivo federal, con las comisiones competentes de los poderes legislativos capitalino y federal, y con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para contribuir a generar los consensos necesarios y establecer bases constitucionales y legislativas que, por encima de diferencias e intereses partidistas, particulares o gremiales, ayuden a prevenir, perseguir y sancionar ``con eficacia la criminalidad que violenta los derechos de la sociedad''.

Luego de subrayar que la actuación con apego a la ley del sistema de justicia no quiere decir que éste actúe con equidad, Labastida Ochoa subrayó que las sanciones tienen que transformarse ``haciendo mucho más severas las penas para los delitos de cuello blanco, por los enormes fraudes que cometen'', y puso como ejemplo que el mismo rigor que la ley prevé para sancionar con 20 años de cárcel al delincuente que roba miles de pesos en una sucursal bancaria, debe ser aplicado al defraudador que desde dentro de la institución roba cientos de millones, y que en la actualidad sólo recibe una penalidad de 4 años y con derecho a libertad bajo fianza.

Y lo mismo debe ocurrir, añadió, con delitos de secuestro, violación, abuso de menores, homicidios dolosos, homicidios calificados, robo con violencia y asalto en carreteras. ``Que caiga todo el peso de la ley contra quienes hieren, lastiman y ofenden a la sociedad'', dijo.

El procurador Samuel del Villar explicó que el convenio considera una cifra total de 229 millones de pesos, 70 por ciento a cargo de la federación y el resto, 49 millones de pesos, a cargo de la administración citadina, lo que significa 80 por ciento más que el gasto en este rubro durante 1997.