La suscripción del convenio de coordinación en materia de seguridad pública entre los gobiernos federal y de la ciudad de México --realizada ayer-- representa un hecho alentador, no sólo porque, con una inversión de 229 millones de pesos, se pondrán en marcha una serie de medidas de control y depuración del personal de las instancias policiales y de procuración de justicia de la capital del país y una ampliación significativa de la infraestructura tecnológica y carcelaria de la metrópoli, sino porque también es una muestra de que, sin que medien diferencias o antagonismos ideológicos o partidarios, el Ejecutivo federal y el gobierno capitalino pueden comprometerse y trabajar juntos para atender las demandas legítimas de la ciudadanía y combatir la criminalidad, la corrupción y la impunidad.

Acciones como la aplicación de exámenes a los integrantes de todas las corporaciones policiacas, del Ministerio Público y de las múltiples instancias auxiliares de la Procuraduría del Distrito Federal --a fin de detectar y, en su caso, sustituir a todos aquellos individuos que consumen drogas, han cometido delitos o prácticas de corrupción o presentan desequilibrios psicológicos y conductas incompatibles con las responsabilidades que les fueron encomendadas-- resultan pertinentes, pues podrían coadyuvar, en la medida en que sean cumplidas a cabalidad y sin concesiones, a la indispensable y urgente moralización y profesionalización de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia de la capital de la República.

De igual manera, con la construcción de un nuevo centro penitenciario en el Distrito Federal y la ampliación de los reclusorios ya existentes se contribuirá a resolver uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta el sistema carcelario de la capital del país: la existencia de prisiones que, por encontrarse sobrepobladas, dominadas por la corrupción y en constante estado de tensión, además de que no resultan aptas para propiciar la readaptación social de los reclusos constituyen peligrosos focos de violencia y conculcación de los derechos humanos.

Con todo, como lo señalaron tanto el jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, como el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, para combatir a fondo la corrupción, erradicar la impunidad y reducir los índices de delincuencia e inseguridad que laceran y agravian a la sociedad, es indispensable contar con un marco jurídico actualizado que imponga penas más severas a los delincuentes, permita la impartición expedita y equitativa de la justicia, proteja y atienda a las víctimas de los delitos y fortalezca a las instituciones de la ciudad de México y del país. En este contexto, cabe destacar el llamado hecho por ambos funcionarios para que el Congreso de la Unión dé trámite y, en su caso, apruebe diversas iniciativas de reformas constitucionales y legales en materia judicial que ya se encuentran en su poder, en el entendido de que cualquier cambio a la legislación debe, por una parte, ser validado por el consenso democrático de los legisladores y, por otra, preservar y fortalecer en todo momento las garantías y los derechos fundamentales de la población.

Por último --previa exhortación a la ciudadanía para que se mantenga vigilante del cabal cumplimiento del acuerdo suscrito ayer-- no deben pasar inadvertidas las declaraciones del titular de Gobernación en el sentido de castigar más severamente los delitos de cuello blanco, máxime si se consideran los numerosos e intolerables casos de defraudación, desvío y malversación de recursos, tanto públicos como privados, que se han presentado en múltiples instituciones del país.