La opinión pública ha expresado unánimemente su satisfacción por la ceremonia celebrada en la residencia oficial del mandatario del país. A juicio de reconocidos analistas políticos, cuando el Estado finalmente reconoce su responsabilidad por crímenes cometidos contra la ciudadanía, muestra no solamente valor y honestidad sino que recupera la confianza perdida entre millones de compatriotas por haber pecado por omisión y permitir las matanzas de indefensos cuidadanos. Máxime si no hay duda de que la fuerza pública no solamente actuó con impunidad sino que violó los más elementales derechos de varias decenas de indígenas y campesinos inocentes.

La ceremonia, presidida por el Presidente de la República, y a la cual fueron invitados familiares de las víctimas, el gabinete en pleno y representantes de algunas organizaciones no gubernamentales, sirvió también para cumplir el compromiso adquirido con la Convención Interamericana de Derechos Humanos de reparar, aunque fuera de manera mínima, los daños causados. Sin embargo, ese mea culpa que en mucho enorgullece al gobierno y que ahora es comentado en todo el mundo, representa poco para las familias de las víctimas. La señora Eunice Mora dijo en su intervención que reconocía el ``gesto digno'' de las autoridades al lamentar la responsabilidad que tuvo la fuerza pública en la matanza donde murió su hijo de pocos años: ``Debo sincerarme y decir que me duele enormemente la muerte de mi hijo, pero más dolor me produce la impunidad que cubrió a los autores del crimen''. Como ella, varios asistentes al acto coincidieron en sus críticas al sistema que no solamente ocultó a los culpables de las matanzas sino que buscó tergiversar los hechos. Una hermana de otra de las personas asesinadas denunció cómo ha sido perseguida por la fuerza pública, y dijo que ``si la justicia del hombre es manipulable, la de Dios no''.

Una vez terminada la ceremonia, y cuando las humildes familias de las víctimas abandonaron las elegantes instalaciones de la residencia oficial donde vive y despacha el Presidente, declararon que por respeto a éste no interrumpieron la parte del discurso donde sostuvo que las compensaciones ofrecidas a las familias afectadas por la pérdida de seres queridos, así como la inversión social prometida en las zonas donde tuvieron lugar las matanzas, habían sido cumplidas. Elena Villa confesó que sintió ganas de interrumpir el discurso del Presidente y decirle: ``Perdón doctor, pero todo eso es mentira''.

Ahora lo que sigue es imponer la sanción que merecen todos los culpables de los hechos que ensombrecieron el nombre del país ante la opinión pública internacional. Algunos ya fueron sentenciados. El que el gobierno haya procedido contra los que ordenaron o alentaron las matanzas, seguramente servirá para que la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado cumplan cabalmente sus deberes, claramente expresados en la Constitución y la ley y de esa manera contribuyan a proteger la vida de todos los ciudadanos.

Por supuesto, en este artículo no me refiero al capítulo final en torno a las matanzas de Aguas Blancas, Acteal y El Bosque, donde perdieron la vida varias decenas de mujeres, hombres y niños inocentes. Se trata en cambio de comentar uno de los últimos actos oficiales del gobierno del ahora ex presidente Ernesto Samper: reconocer en nombre del Estado colombiano la omisión y respectiva culpabilidad del mismo al no haber podido evitar las matanzas ocurridas en Los Uvos, donde en abril de 1991 fueron asesinados 17 campesinos que se trasladaban en un bus a recolectar café. Fueron interceptados por una patrulla militar que los confundió con guerrilleros; la de Calota, donde en diciembre del mismo año 20 indígenas paeces fueron abatidos por hombres armados que ingresaron al predio donde trabajaban. Se señaló como responsables a agentes y oficiales de la policía, aunque la Procuraduría los exoneró de toda responsabilidad. Finalmente, la de Villatina, barrio de Medellín donde doce hombres armados acribillaron a ocho menores de edad que realizaban actividades sociales en la parroquia de La Asunción. El ejército y la policía trataron de desviar las investigaciones. Finalmente se comprobó que la matanza la habían cometido militares y agentes del ``orden''.