La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice, y dice bien, que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) no se hizo para perdonar deudas y que no se puede juzgar por igual a Angel Isidoro Rodríguez, alias El Divino, que a un agricultor que sigue pagando sus deudas con apoyo de los programas gubernamentales.
En un documento público, la CNBV clasifica en un apartado a quienes están pagando sus deudas con apoyo de los programas del gobierno y la banca, y en otro grupo ubica a quienes, debido a los problemas económicos del país, no pudieron cubrir sus adeudos. Hay otro rubro más: quienes sustrajeron abierta y descaradamente los recursos de ese fondo en beneficio propio.
A quienes cometieron fraudes, como Jorge Lankenau, Angel Rodríguez Isidoro y Carlos Cabal Peniche, la CNBV considera que debe aplicárseles la ley con todo rigor, así como a aquellos empresarios como Jacobo Xacur y Gerardo de Prevoisin, contra quienes también pesan acusaciones penales.
El problema --por lo menos en apariencia-- es muy sencillo: no se puede medir con la misma vara a los deudores del Fobaproa. ¿Por qué? Sencillamente porque entre los banqueros e industriales que se beneficiaron de los recursos de esos fondos había un grupo de pillos de cuello blanco, como los ha llamado el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez.
El problema sigue creciendo hacia todas partes. Entre las causas que han impedido la reactivación del crédito bancario está el alto porcentaje de los recursos que se destinaron a financiar la restructuración de la cartera vencida de la banca. Así, el valor de los títulos del Fobaproa se ha convertido en un obstáculo para la reactivación económica del país. Hasta diciembre de 1997, ese fondo tenía 30 por ciento de los activos de la banca con una cartera bruta de 379 mil 800 millones de pesos, 11.9 por ciento del producto interno bruto de 1997; para mayo de este año ese montó ascendía a cerca de 600 mil millones de pesos.
Melée
La propuesta del Partido de la Revolución Democrática es la más consecuente con las condiciones actuales del país: rechazar la conversión de 552 mil millones de pesos de pasivos del Fobaproa en deuda de todos los mexicanos; castigar a todos los funcionarios, banqueros y empresarios que causaron el descalabro bancario y que éstos hagan frente a la responsabilidad penal, administrativa y política que les corresponda; entregar toda la información disponible del Fobaproa y que se realicen las auditorías de los créditos más cuantiosos; aplicar un programa para resolver el problema de pequeños y medianos deudores; excluir de este programa y de cualquier favoritismo a los créditos de los 604 grandes grupos económicos del país; crear un organismo para proteger los depósitos de los pequeños ahorradores; sanear y reformar el sistema bancario; sustituir las Afore privadas por una nacional; convertir la CNBV en un organismo público descentralizado y autónomo y mantener las restricciones legales para la inversión extranjera en la banca. El último camino y al parecer el único --por el cual el gobierno y la banca han apostado claramente-- es desaparecer el Fobaproa y convertir sus pasivos en deuda pública con cargo a los contribuyentes. Hasta ahora la elección de la ruta ha sido tortuosa y el ambiente amenaza con una tormenta de consecuencias insospechadas... El periodista Juan Nieto Martínez, en misiva enviada a esta columna, niega haber vendido el estacionamiento administrado por Reforma SCL, que formaba parte de la cooperativa del periódico La Prensa. Asegura que como presidente de los consejos de administración y vigilancia actuó siempre con honestidad y en defensa de los intereses de la sociedad, según obra en expedientes.