Un millón 700 mil niños en el país, sin acceso a educación: Conafe

Claudia Herrera Beltrán Ť En México hay un millón 700 mil niños en edad escolar que no reciben educación porque viven en comunidades pequeñas y aisladas carentes de escuela, trabajan como jornaleros agrícolas migrantes, viven marginados en las ciudades o padecen alguna discapacidad, informó el director del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Edmundo Salas Garza.

Responsable de la educación comunitaria rural y de los programas compensatorios para abatir el rezago educativo, advierte en entrevista que en nuestro país la cobertura en primaria es alta, pero todavía hay una ``población desatendida que está en el margen'' y que requiere estrategias distintas para su incoporación al sistema escolar.

Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) sobre los infantes sin educación en el país señalan --según el funcionario-- que la mayoría, calculada en 600 mil, vive en comunidades tan pequeñas (de menos de cien habitantes) que no cumplen con los requisitos para instalar una escuela o tener un instructor comunitario.

Existen otros 500 mil niños jornaleros migrantes que acompañan a sus padres de manera estacional o permanente a las actividades agrícolas dentro o fuera de su región y que se ven impedidos de asistir a los centros escolares regularmente.

La población restante, indicó, se calcula en cerca de 600 mil infantes que viven en condiciones urbano marginales; son niños de la calle, vendedores ambulantes que ayudan a sus padres en alguna actividad, así como discapacitados.

Esta situación demuestra que en nuestro país persisten obstáculos geográficos, económicos y sociales para extender la educación, lo que hace necesario recurrir a estrategias novedosas e incrementar la ayuda a través de becas, consideró.

El Conafe, señaló, opera este año con un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos, destinado a incorporar a un mayor número de alumnos al sistema educativo y mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes en las zonas rurales, pero su éxito, añadió, no sólo depende de los recursos, sino de hacer esfuerzos por acoplarse a las necesidades de la población.

De acuerdo con Salas, en México existen alrededor de 157 mil comunidades con una población inferior a cien habitantes, donde habitan 350 mil niños y de las cuales 42 mil son atendidas directamente con programas regulares del consejo e instructores comunitarios, así como prestadores de servicio social.

Sin embargo, en más de 100 mil comunidades viven una o dos familias dispersas, donde los instructores del Conafe no llegan porque los poblados deben tener un mínimo de cinco estudiantes. Ante ello, Salas explicó que trata de incrementar el número de becas conocidas como Fiducar, la ayuda del Progresa o modalidades de asesoría itinerante para poder llegar a esta población.

Con la beca del consejo, el niño recibe cada mes 150 pesos que le sirven para sostenerse durante ese tiempo en una casa de la localidad que cuente con escuela o para trasladarse diariamente de su casa al centro escolar.

Infantes jornaleros, situación difícil

Para el Conafe la atención a los infantes jornaleros que emigran de sus poblados de origen es ``muy difícil'' y prueba de ello es que en su Programa de Atención a Población Infantil Agrícola Migrante (PAPIAM) apenas tiene incluidos a 40 mil por ciclo anual, de medio millón estimado. ``Los constantes movimientos migratorios y la oposición de algunos patrones impiden que podamos extender rápidamente el programa'', señala.

Como los niños no estudian por aportar dinero a su casa, indicó que se analiza con la Secretaría de Desarrollo Social incorporarlos al Progresa para que se les otorguen becas y puedan compensar los ingresos familiares que se verán disminuidos cuando el pequeño deje de trabajar.

Las anteriores dificultades, dijo Salas, obligan al consejo a instrumentar programas de educación comunitaria flexibles que se acoplen a las condiciones de la población. ``El esfuerzo de la educación comunitaria va en ese sentido; adecuamos los horarios para facilitar la incorporación del niño a las tareas del hogar y a actividades complementarias productivas del campo para que puedan estudiar''.

El modelo de la educación comunitaria

Sobre la educación comunitaria, rechazó que los niños inscritos en ese sistema reciban una ``enseñanza de segunda'', debido a que los instructores que los atienden son egresados de secundaria o bachillerato sin formación docente.

Los poblados que tienen un promedio de ocho niños y menos de cien habitantes no son capaces de dar alojamiento a los maestros ni cumplen las normas para la instalación de una escuela que debe tener por lo menos 20 alumnos, afirmó.

``Si no trabajamos con jóvenes egresados de bachillerato y capacitados por nosotros en una estrategia didáctica adecuada, esos 350 mil niños que atendemos no tendrían educación, además estos jóvenes no compiten con los maestros porque no se acomodarían a vivir en condiciones difíciles'', dijo.

Sobre el modelo de la educación comunitaria que se basa en las escuelas ``incompletas o multigrado'', indicó que existen 40 mil y que desgraciadamente se han considerado como un problema transitorio, siendo que en Europa la educación va hacia allá. En México, las condiciones demográficas y geográficas de las regiones han hecho que permanezcan y que se busquen sus elementos de ventaja y no de desventaja.

Angélica Enciso L. Ť Los recursos que el gobierno mexicano destina al combate a la pobreza -que en promedio son de 12 mil 750 millones de pesos al año, mil 500 millones de dólares- representan 6.5 por ciento de lo que paga por concepto de deuda externa, y no llegan a igualar los montos más altos que se entregaron en el sexenio pasado con el Pronasol, indica la Unión Nacional de Organizaciones Rurales Campesinas Autónomas (UNORCA).

En el estudio La pobreza rural en México y las alternativas que pueden desarrollar las organizaciones campesinas, la unión agrega que las políticas agropecuarias de los últimos años, como Alianza para el Campo, están dirigidas a pequeños y medianos productores, dejando sin apoyos a los 5 millones de campesinos que cultivan para el autoconsumo.

Agrega que la agricultura en México tiene una estructura dual, ya que por un lado hay un sector modernizado que tiene superficies de buen temporal o de riego, que abastece el mercado nacional y las exportaciones, con acceso a los programas oficiales, mientras que por otro existen campesinos que producen en superficies de baja calidad, sin apoyos y para la subsistencia.

Precisa que de acuerdo con diversos análisis, de los 25 millones de habitantes de zonas rurales, 81 por ciento de la población es pobre y de ellos 37 por ciento vive en extrema pobreza. Esto se explica por ``la baja productividad y valorización'' del sector, ya que mientras la población ocupada representa 25.2 por ciento del total nacional, llega apenas a 5.9 por ciento del PIB.

Detalla que la superficie sembrada es en promedio de 20 millones 210 mil hectáreas, de las cuales 14.8 millones son de temporal y el resto de riego.

Sin embargo, el rendimiento de las superficies es variable, lo cual se refleja en el hecho de que las áreas de riego, que son 26.4 por ciento del total, participan con 53.6 por ciento de la producción agrícola. Los principales cultivos en estas zonas son el maíz, con 24 por ciento del total; trigo, con 20 por ciento, y sorgo y soya con 9 por ciento; mientras que el restante 38 por ciento lo ocupan frutas, hortalizas y legumbres.

En lo que se refiere a los terrenos de temporal, se siembran básicamente los granos y oleaginosas, de los cuales el maíz ocupa 57.6 por ciento del total de esa superficie. Entre 1987 y 1997, la producción de ese grano en promedio fue de 15.5 millones de toneladas.

Respecto al financiamiento, el estudio indica que del crédito total asignado al sector agropecuario, que en promedio ha sido al año de 68 mil millones de pesos -8 mil millones de dólares-, 31 por ciento fue canalizado por la banca de desarrollo y 68.6 por ciento por la comercial.

La banca de desarrollo, asevera, se ha vuelto ``selectiva'', ya que atiende a los productores con mejores tierras de temporal o de riego y a 7 por ciento de la superficie total, de la cual la mitad corresponde a maíz y frijol.

En relación con el Programa de Apoyos Dirigidos al Campo (Procampo) precisa que entre septiembre de 1996 y agosto de 1997 benefició a 2.96 millones de productores, con una superficie de 13.9 millones de hectáreas y un total de 7 mil 730 millones de pesos -967.14 millones de dólares.

Asimismo, menciona que la balanza agropecuaria entre 1987 y 1997 ha tenido un saldo negativo con un promedio anual de 331 millones de pesos -38.73 millones de dólares.

Sobre Alianza para el Campo, el texto señala que los recursos de que dispone equivalen a 81.83 por ciento de la cantidad con que cuenta Procampo y está orientado a los productores de medio y alto potencial productivo y a los que cuentan con capital. Destaca que la crítica fundamental que se hace a este programa es que no atiende a los pequeños productores, ya que su normatividad exige que el participante aporte un porcentaje. Por ejemplo, en la compra de un tractor, deberá participar con 50 por ciento.

El estudio indica que las acciones gubernamentales en contra de la pobreza ``han estado en medio de la crítica de la población, ya que los recursos son insuficientes y porque su aplicación muchas de las veces ha sido para favorecer al partido en el gobierno''. Además, añade, están pensadas en ``dar alivio'' al problema, pero no para solucionarlo, ``lo que verdaderamente se requiere es revisar las políticas públicas que se aplican al modelo económico del país''.