284 connacionales han muerto desde que se implantó la operación Guardián

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 15 de agosto Ť Desde octubre de 1994, cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos instaló en la frontera de San Diego, California con esta ciudad la operación Guardián, que incluye tácticas militares diseñadas por el Departamento de la Defensa, 284 migrantes de origen mexicano han muerto al intentar cruzar a ese país. Sin embargo, este año ha sido el más trágico, con un total de 90 muertos, 31 de ellos desde que el pasado 15 de junio la Patrulla Fronteriza puso en marcha la Operación Salvamento, destinada a contrarrestar los ``efectos negativos'' de la Guardián y rescatar a migrantes de zonas de alto riesgo, hacia donde la primera medida ha empujado el flujo de indocumentados.

El caso más reciente fue el de ocho personas localizadas sin vida en la región desértica de Salton City, 96 kilómetros al norte de Mexicali, lo que evidenció una vez más los enormes riesgos a los que los migrantes son expuestos por los polleros, y que ahora son considerados por la Border Patrol como los enemigos públicos número uno, según el jefe regional de la dependencia en el suroeste de Estados Unidos, Johnny Williams.

``Son ellos quienes con el afán de ganar más dinero exponen a los migrantes a condiciones de alto riesgo, que en muchas ocasiones culminan en tragedias'' señaló. Sin embargo, para el activista Raúl Ramírez, director del Centro de Apoyo al Migrante del PRD (CAM-PRD) en esta frontera, el discurso de la Patrulla Fronteriza al culpar a los polleros ``ya está muy gastado''.

El especialista, con más de ocho años en el análisis del fenómeno migratorio en esta frontera, considera que los traficantes de indocumentados más que un enemigo público ``son un mal necesario''.

Un migrante que ha dejado todo en su lugar de origen para poder costear la llegada hasta la frontera y luego intentar sobrevivir en Estados Unidos, no regresará luego de leer las advertencia que han colocado las autoridades de México y ese país. Es por ello, dijo, que buscará a la figura tradicional del pollero, que ha existido por décadas sin que se registraran las muertes que ahora se documentan y que en los últimos cuatro años presentan un incremento de 500 por ciento.

De acuerdo con las estadísticas, en 1994 murieron 23 migrantes, 11 al ser atropellados en autopistas del sur de California, nueve más ahogados en el canal Todo Americano, en la región de Caléxico, y tres por estar expuestos a las condiciones climáticas extremas.

No obstante, tras el reforzamiento de la vigilancia por parte de la Patrulla Fronteriza, desde ese año y luego de que al SIN se le incrementó su presupuesto en 130 por ciento durante los últimos cuatro años, se tienen documentados 91 decesos de migrantes en esta región, 49 de ellos víctimas de las condiciones climáticas extremas.

De acuerdo con los reportes tanto de la cancillería mexicana como de las organizaciones dedicadas a defender los derechos de los migrantes, además de esos 49 que fallecieron tanto en las montañas nevadas, víctimas de hipotermia durante el invierno, como de insolación en el desierto durante este verano, otros 33 connacionales murieron ahogados en los canales de riego que recorren la frontera entre Mexicali y Caléxico. Otros seis en accidentes automovilísticos --la mayoría de los cuales fueron provocados por persecuciones policiacas a alta velocidad-- y dos más atropellados, así como un migrante más víctima de un aparente infarto.

Ramírez indicó que ante la elevada cifra de muertes, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México se han mostrado indolentes. Pese a que ambos gobiernos han emprendido medidas regionales para tratar de contrarrestar los efectos negativos de la operación Guardián, el especialista considera que dichos esfuerzos han sido insuficientes.

Desde el gobierno mexicano, dice Ramírez, hace falta solidaridad hacia los migrantes, pues las acciones del Grupo Beta, de la Secretaría de Gobernación, destinado a la protección de quienes intentan cruzar ilegalmente la frontera, son insuficientes. Incluso dijo que a menudo las acciones del personal de Beta pudieran interpretarse como destinadas a desalentar la migración.

Por ello, Ramírez indicó que el fenómeno migratorio debe ser atendido por la Organización de Naciones Unidas, en atención a la Convención Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, al considerar a los jornaleros mexicanos como desplazados económicos.